Intendente profundiza en manejo de mortalidad y situación de trabajadores

Chile: Hoy, viernes 11 de marzo, Sernapesca anunció que 300 toneladas de la mortalidad registrada en centros de cultivo salmonicultores fue arrojada al mar. El intendente aseguró que el volumen total de mortalidad asciende a 38 mil toneladas y que "hoy en día, no existe una situación de emergencia sanitaria ni medio ambiental, porque hemos evitado llegar hasta ese punto". 

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Ante el bloom de algas que ha afectado a las regiones de Aysén y Los Lagos, causando altas tasas de mortalidad en salmones, en entrevista con Salmonexpert, el intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, profundizó en las opciones que se barajaron al momento de deshacerse del pescado. Además, de las condiciones laborales a las que se enfrentan los trabajadores.

Durante la jornada del viernes 11 de marzo, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), anunció que la Armada autorizó el vertimiento de 300 toneladas de mortalidad en alta mar. La decisión se tomó ya que las plantas no dan abasto para procesar el volumen de este residuo, y, porque cuando los peces están en un nivel avanzado de descomposición, generan más ácido sulfhídrico, elemento que genera riesgos para los operadores.

¿Qué repercusiones podría causar la mortalidad que está siendo arrojada al mar?

En cuanto se tomó conocimiento de la mortalidad, el objetivo fue no arrojar este residuo al mar, o arrojar lo menos posible. El problema está en que la mortalidad es masiva, hoy ya estamos hablando de 38 mil toneladas. La gran mayoría ha sido trasladada a plantas reductoras, para transformarlas en harina de pescado, aunque no todas en esta región, ya que en Los Lagos se pueden procesar cerca de dos mil toneladas al día. Este residuo se ha trasladado a la Región del Bíobio, donde hay una capacidad de 20 mil toneladas diarias, lo que compite con otras cargas de zonas aledañas que también requieren plantas reductoras.

Se intentó utilizar vertederos industriales en la medida de lo posible, y se ha hecho, pero en este punto nos enfrentamos a dos problemas: el manejo y la posibilidad de que los peces puedan ser extraídos por terceros.

Lo que se hizo fue conforme a las normas internacionales y al Convenio de Londres que permite disponer de los desechos en el mar cuando es la última posibilidad.

¿Cómo se está controlando la exposición de los trabajadores a las emanaciones de ácido sulfhídrico?

Se ha controlado adecuadamente, mediante una coordinación entre las empresas con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), particularmente hemos generado turnos de 24 horas para facilitar permisos y todo lo que corresponda.

Sólo cuatro empresas han solicitado formalmente la autorización para vertir parte de la mortandad al mar, y sólo se ha autorizado en la medida expresa que se hayan agotado el resto de las posibilidades.

Hoy en día no existe una situación de emergencia sanitaria ni medio ambiental, porque hemos evitado llegar hasta ese punto. Quiero destacar que antes de determinar el vertimiento de la mortalidad al mar, hicimos un estudio oceanográfico.

En el caso del virus ISA, por ejemplo, el vertimiento fue sólo a doce millas náuticas, y ahí tuvimos serios problemas, ya que la mortalidad volvió hacia la isla de Chiloé y a otros sectores. Mientras que hoy, a 75 millas náuticas (140 km, aproximadamente), la distancia autorizada, estamos en un sector abisal, donde tenemos un fondo marino de aproximadamente cinco mil metros, y también corrientes que llevarían esa masa de mortalidad hacia afuera, para que sea absorbida o consumida. Es un sector libre de pesca artesanal e industrial.

Hay una coordinación entre las organizaciones de salud y Sernapesca respecto de ese punto, pero también los manipuladores habituales de pesqueros de alta mar, por ejemplo, tienen la capacidad y están atentos a esta situación.

Ante las repercusiones laborales que podría tener esta situación, ¿qué planes de reconversión laboral, u otros, planea la autoridad?

De alguna manera esta última contingencia ha venido a modificar el ajuste estructural que ya se venía anunciando. Ya veníamos conversando con la Conatrasal y CUT Llanquihue, y es que justamente los trabajadores del salmón no quieren optar a un trabajo mínimo, sólo como reconversión, ya que reconocen tener habilidades, especialmente los trabajadores de plantas faenadoras.

En este punto hay que estar atentos a las vocaciones de cada territorio, en Ancud la reconversión podría orientarse al turismo, por ejemplo. Lo importante es escuchar a los mismos trabajadores, no llegar con la receta, si no que generar acuerdos, que ya se están llevando a cabo, para realizar un análisis comunal integrando la visión de las municipalidades.