La caída de Brasil

Los brasileños deberían recibir el 2016 en un estado de ánimo desbordante. Río de Janeiro será anfitrión de los primeros Juegos Olímpicos organizados en Sudamérica en agosto próximo, lo que les dará una oportunidad para embarcarse en lo que mejor hacen: ofrecer una fiesta realmente espectacular. En cambio, Brasil enfrenta un desastre político y económico, se afirma en un artículo de The Economist, citado por El Mercurio.

El pasado 16 de diciembre, Fitch fue la segunda de las tres principales agencias de clasificación crediticia que disminuyó de categoría la deuda de Brasil hasta un nivel paupérrimo. Días más tarde, Joaquim Levy, el ministro de Hacienda que designó la Presidenta Dilma Rousseff para estabilizar las finanzas públicas, se fue desesperanzado después de estar menos de un año en el cargo. Se predice que la economía de Brasil se contraerá en 2,5 a 3% en 2016, no mucho menos de lo que se redujo en 2015. Incluso Rusia, rico en petróleo y atormentado por las sanciones, espera un mejor rendimiento. Al mismo tiempo, la coalición gobernante ha caído en el descrédito debido a un escándalo de sobornos gigantesco que involucra a la petrolera estatal Petrobras. Y Rousseff, acusada de ocultar la envergadura del déficit presupuestario, enfrenta un juicio político en el Congreso.

Como uno de los Brics (Brasil, Rusia, India y Sudáfrica), se supone que Brasil está a la vanguardia de las economías emergentes de rápido crecimiento. En cambio enfrenta una disfunción política y quizás una vuelta a una inflación desenfrenada. Sólo algunas decisiones difíciles pueden lograr que Brasil retome su curso. Rousseff no parece tener el deseo de tomarlas.

El sufrimiento de Brasil, como el de otras economías emergentes, proviene en parte de la caída en los precios mundiales de las materias primas. Pero Rousseff y su Partido de los Trabajadores (PT) empeoraron una situación que ya era mala. Durante su primer período, de 2011 a 2014, ella gastó en forma desmedida y poco prudente en pensiones más altas y exenciones tributarias para ciertas industrias preferidas. El déficit fiscal aumentó del 2% del PIB en 2010 al 10% en 2015.

Aquellos que tienen a su cargo el manejo de la crisis no se pueden dar el lujo de esperar tiempos mejores para empezar una reforma. Puesto que alcanza el 70% del PIB, la deuda pública es preocupantemente grande para un país de ingresos medios y está creciendo rápidamente. Debido a las altas tasas de interés, el costo de servirla es un aplastante 7% del PIB. El Banco Central no puede utilizar fácilmente la política monetaria para combatir la inflación, la que llega actualmente al 10,5%, porque las tasas más altas corren el riesgo de desestabilizar las finanzas públicas incluso más al aumentar la cuantía de los intereses. Brasil, en consecuencia, tiene pocas alternativas, excepto subir los impuestos y reducir el gasto.

Levy hizo un intento valeroso por renovar la construcción mientras apagaba el fuego. Recortó los gastos discrecionales por una suma récord de 70 mil millones de reales (US$ 18 mil millones) en 2015 y ajustó la elegibilidad para el seguro de desempleo. Pero eso no fue suficiente. La recesión afectó los ingresos tributarios. Rousseff le dio a su ministro de Hacienda apenas un tibio apoyo y el PT fue hostil con él. La oposición, la que está empeñada en destituir a la Presidenta, no estaba de ánimo para cooperar.

Aunque Nelson Barbosa fue un alto personero del Tesoro durante el desastroso primer período de Rousseff, él tal vez pueda lograr más como ministro de Hacienda. Cuenta con apoyo político al interior del PT. Igualmente tiene poder de negociación, porque la Presidenta no puede darse el lujo de perder a otro jefe de esa cartera. Una primera prueba será si Barbosa consigue convencer a un Congreso recalcitrante de que vuelva a establecer un impopular impuesto a las transacciones financieras.

Un objetivo primordial deberían ser las pensiones. El beneficio mínimo es el mismo que el sueldo mínimo, el que ha subido casi el 90% en términos reales durante la última década. Las mujeres jubilan habitualmente a los 50 años y los hombres a los 55, casi una década antes que el promedio en la OCDE (un club de países en su mayoría ricos). El gobierno brasileño paga casi el 12% del PIB a los pensionados, un mayor porcentaje que lo que paga Japón, que es más rico y de más edad.

Si Brasil va a cumplir su promesa, se necesita muchísimo más. Una típica empresa de manufactura gasta 2.600 horas al año acatando el torpe código tributario del país; el promedio latinoamericano es de 356 horas. Las leyes laborales, las que se hicieron de acuerdo al modelo de las de Mussolini, hacen que para las empresas sea caro el despido de empleados incluso de los incompetentes. Brasil ha protegido a sus firmas de la competencia internacional. Esa es una razón de por qué, entre 41 países en los que la OCDE midió el desempeño, su productividad manufacturera es la cuarta más baja.

Con el fin de hacer una reforma en las áreas del trabajo y las pensiones, Rousseff tiene que afrontar los problemas que se han estado desarrollando por décadas. Alrededor del 90% del gasto público está protegido de los recortes, en parte por la Constitución la que, en 1988, celebró el término del régimen militar con la conservación de generosas protecciones laborales y beneficios del Estado. Debido a que es muy difícil hacer una reforma en eso, el sector público de Brasil compite con los estados benefactores europeos en tamaño, pero con los emergentes en ineficiencia. Durante mucho tiempo una carga para la vitalidad económica, el arrogante Estado de Brasil es ahora una causa importante de la crisis fiscal.

Panorama complejo

Superar esas prácticas tan arraigadas sería difícil para cualquier gobierno. En Brasil lo es muchísimo más debido al necio sistema político, el que favorece la fragmentación de partidos y la compra de votos y atrae a los mercenarios políticos que tienen poco compromiso con el partido o con el programa. El límite para que una agrupación entre a la Cámara Baja del Congreso es bajo; actualmente hay 28 partidos representados, lo que agrava la parálisis legislativa. Los congresistas representan estados completos, algunos tan populosos como países latinoamericanos vecinos, por lo tanto hacer campaña es desastrosamente caro; una razón de por qué los políticos sacaban grandes cantidades de dinero de Petrobras.

En consecuencia, es difícil, a pesar de las ventajas de Barbosa, sentirse optimista con respecto a las posibilidades de una reforma profunda. Los votantes desprecian a los políticos. La oposición está empeñada en enjuiciar a Rousseff, una batalla mal aconsejada que podría dominar la agenda política durante meses. El PT no es para nada partidario de la austeridad. Lograr el apoyo de tres quintos en ambas cámaras del Congreso que se necesita para las reformas constitucionales será una labor complicada.

¿Y si Rousseff no produce el cambio? Gran parte de los préstamos que pidió Brasil es en moneda local, lo que hace que sea poco probable un incumplimiento de obligaciones. En cambio, el país tal vez termine inflando sus deudas. El logro de Brasil ha sido sacar a decenas de millones de personas de la pobreza. La recesión pondrá un alto a eso, o incluso empezará a anularlo. Las esperanzas son que Brasil, el que ha alcanzado una estabilidad democrática y económica con muchísimo esfuerzo, no caiga una vez más en la mala administración crónica y la agitación.