TDLC rechaza argumentos de Armasur contra documentos de Solvtrans Chile

Recientemente, el TDLC acogió la medida prejudicial interpuesta por la naviera Solvtrans Chile, que solicita que Armasur muestre cómo se ha organizado con empresas de wellboats para, a su juicio, impedir la libre competencia en las aguas australes de Chile, configurando una posible colusión para sacar a un contendor del mercado.

Y Armasur, frente a esto, decidió fichar como abogado en el mencionado proceso en su contra –iniciado por la empresa chilena de origen noruego- a Tomás Menchaca, expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, quien de entrada solicitó al ente antimonopolios fijar una nueva fecha de audiencia de exhibición documentos, aplazándose ésta desde el 9 al 30 de agosto.

Asimismo, Rodrigo Henríquez, abogado del estudio Menchaca & CIA, en representación de Armasur, solicitó al TDLC objetar una serie de documentos presentados por Solvtrans Chile dado que, a su juicio, carecen de autenticidad y la empresa estaría omitiendo información relevante del caso. Pero el ente antimonopolios rechazó la petición argumentando que los datos proporcionados por la compañía no adolecen de falta de integridad ni de falsedad.

Antecedentes exhibidos

Con todo, entre los argumentos de Armasur, está que dentro de los documentos acompañados por Solvtrans Chile para sostener los hechos que indica, presenta la resolución del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, de noviembre de 2017, y el informe de la Corte de Apelaciones de Santiago a la Corte Suprema, en recurso de queja de enero de 2018.

Sin embargo, según el abogado de Armasur, Solvtrans Chile omitió en su presentación indicar que la resolución del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fue dejada sin efecto, y que el informe de la Corte de Apelaciones de Santiago fue desestimado por la Corte Suprema al acoger el 8 de marzo de 2018 el recurso de queja de La Península, ordenando que se diera curso a la querella por el delito de simulación de contrato, “reconociendo la falta y abuso grave incurrida por los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago al declararla inadmisible”.

Así, a la fecha de presentación de la medida prejudicial por parte de Solvtrans Chile -4 de julio de 2018-, “la resolución del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago no tenía valor alguno, y el informe de la Corte de Apelaciones había sido rechazado (…) Por consiguiente, en atención a lo dispuesto en el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, objeto ambos documentos”, señaló ante el TDLC el representante de Armasur. 

En tanto, el jurista de Armasur expuso que los documentos que acompañó Solvtrans Chile ligados a las presentaciones efectuadas separadamente ante el Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante por las empresas CPT, La Península y Naviera Orca “tuvieron como respuesta de la Directemar, precisamente, el que se recurriera ante los tribunales ordinarios de justicia a denunciar el hecho por el cual se oponían a la matrícula de la nave Ronia Atlantic por carecer de la competencia necesaria para pronunciarse”.

La compañía Naviera Orca fue más allá y solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, en atención a que Directemar autorizó a la empresa extranjera Solvtrans a matricular en Chile sus barcos “y, como se puede apreciar en el Dictamen del 27 de abril de 2017, le ordenó revertir su decisión y, en consecuencia, cancelar la inscripción del Registro de las naves infractoras. Por tanto, nuevamente se omite un elemento relevante que contradice sus afirmaciones de una supuesta práctica anticompetitiva en su contra”, aseguró el abogado de Armasur.