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Gobierno y NM buscan acercar posiciones con CPC y CUT

Chile: El ejecutivo intentaría aprobar la reforma laboral no más allá del 15 de marzo y neutralizar el paro de la CUT fijado para el 22 del mismo mes. Ayer, el Gobierno por separado informó a empresariado y trabajadores de las gestiones para llegar a consenso.

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Hasta la sala de ministros de Estado, ubicada en el cuarto piso del Senado, llegaron ayer en la tarde el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, y el gerente general del gremio, Fernando Alvear, a reunirse con la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, y el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), según informó Pulso.

La cita, que fue gestionada por Letelier, tuvo como objetivo informar a los representantes del empresariado el estado actual de las conversaciones en el Congreso para tratar de alcanzar un acuerdo para destrabar el debate de la Reforma Laboral antes del receso legislativo de febrero.

Desde el Gobierno si bien precisaron que la cita se enmarcó en el proceso de diálogo con todos los actores que instruyó la Presidenta Michelle Bachelet en el debate laboral, también existe la disposición a acercar posiciones con los empleadores en medio de un marcado deterioro del escenario macro.

Tras el encuentro que se extendió por más de una hora, Salas y Alvear valoraron el tono de la conversación con la ministra Rincón y el senador Letelier, y confirmaron que se les explicó los alcances del articulado que despachó la Comisión de Trabajo y las ideas marco de los ajustes que se quieren impulsar para construir un acuerdo.

Consultados por su parecer sobre las enmiendas que se pretenden presentar, respondieron: “Primero las vamos a estudiar”.

Sin embargo, personeros que estuvieron presentes en la reunión indicaron que los directivos de la CPC insistieron que el proyecto requiere de ajustes mayores como la inclusión de una fórmula explícita de reemplazo interno a modo de contrapeso efectivo al derecho a la huelga.

Al interior del empresariado se ha remarcado que la Reforma Laboral sigue siendo un mal proyecto, por lo que no están dispuestos a sumarse a un eventual consenso para destrabar su debate.

En la cita en el Senado también se ratificó que se está trabajando para que en los próximos días o a inicios de marzo se firme un protocolo de acuerdo con los parlamentarios que permita de regreso del receso legislativo una tramitación express de la reforma.

Previo a la reunión con la CPC, la titular del Trabajo Ximena Rincón sostuvo una conversación en el Congreso con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, donde también se intentó acercar posiciones.

Dicha cita se concretó luego de que el fin de semana la CUT convocara a un paro nacional para el próximo 22 de marzo contra el retraso de la Reforma Laboral y lo que califican de los abusos por parte del empresariado y la dirigencia política.

Trascendió que en dicho intercambio también se dejó en claro que no ven espacio para seguir moderando la reforma y para sumarse a un acuerdo. “El Gobierno y los parlamentarios tendrán que hacerse cargo del proyecto que salga”, dijeron desde la multisindical.

Al respecto, una de las ideas que se baraja al interior del Gobierno es buscar que el texto legal se apruebe no más allá del 15 de marzo para zanjar el tema y neutralizar el paro de la CUT.

Las bases del acuerdo

Hasta ayer el Ejecutivo y los parlamentarios habían establecido que, de los seis temas en controversia, ya existe cierto nivel de consenso en al menos tres: entrada en vigencia, descuelgue y reemplazo en caso de huelga en empresas contratistas.

En ese sentido, respecto de la vacancia ya se definió que se adelantará la implementación de la ley de ocho a seis meses, por lo que sería posible que su ejecución sea este mismo año si la reforma es despachada en marzo.

En materia de descuelgue, se exploran dos fórmulas: una tiene relación con la opción de homologar tanto en micro y pequeñas empresas (Mipes) como en las medianas y grandes compañías el número de días en que se puede realizar el reintegro de trabajadores que están en huelga. Otra fórmula apunta a mantener en seis días el descuelgue en las Mipes y ampliar de 16 a 20 días el reintegro en firmas que tienen más de 49 empleados.

Sobre el reemplazo en las firmas contratistas, existe la disposición a sacar ese mecanismo de las normas del proyecto que tienen que ver con huelga. “Ese reemplazo en caso de huelga en las contratistas debería quedar estipulado sólo en los contratos de servicios que se hagan con la mandaste”, dice una fuente que participa del proceso de negociaciones.

En los temas más duros, como adecuaciones necesarias, sindicato interempresa y extensión de beneficios, aún no hay avances concretos que permitan destrabar la discusión, especialmente con los cinco senadores de la DC que pidieron al Gobierno moderar esos puntos. Ante ello, se estima que lo más probable es que esas materias se zanjen a inicios de marzo.

De todos modos, en el Ejecutivo insisten que se está redactando una fórmula alternativa que mantenga el espíritu de las adecuaciones necesarias que fueron rechazadas por la Comisión de Trabajo del Senado.