Repensar cómo se gestiona la información crítica de los centros de salmón

*Carta al editor de Salmonexpert de Sergio D. Satulovsky, de Siex Consultores.

Señor editor:

La entrada en vigencia de la Resolución Exenta N.º 941/2025 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) representa un paso significativo en el fortalecimiento del marco regulatorio que rige a los centros de cultivo en Chile. Al modificar la Resolución Exenta N.º 1821/2020, esta normativa introduce ajustes relevantes en la metodología de levantamiento, procesamiento y cálculo de información técnica asociada a las estructuras de cultivo, en línea con lo dispuesto en el artículo 4°, letra e), del D.S. N.º 320 de 2001.

Desde una perspectiva pública, la RE N.º 941/2025 aporta beneficios claros a la comunidad y al entorno donde se desarrolla la actividad acuícola. Al elevar el estándar técnico exigido para el diseño, operación y mantenimiento de jaulas, redes y sistemas de fondeo, la norma busca reducir riesgos estructurales, mejorar la seguridad de las operaciones y disminuir la probabilidad de incidentes con impacto ambiental. Una gestión más rigurosa y trazable de estos elementos contribuye no solo a una mayor protección del medio marino, sino también a reforzar la confianza de la ciudadanía en una industria que opera en espacios compartidos y ambientalmente sensibles.

Asimismo, la estandarización de criterios técnicos y de información facilita la labor fiscalizadora del Estado, promoviendo mayor transparencia y consistencia en la evaluación de los centros de cultivo. En este sentido, la norma no debe entenderse únicamente como una exigencia para las empresas, sino como un instrumento orientado a mejorar la gobernanza del sector y su sostenibilidad en el largo plazo.

No obstante, desde la perspectiva de las empresas acuícolas, la implementación efectiva de la RE N.º 941/2025 plantea desafíos relevantes. El principal de ellos es la necesidad de contar con información técnica completa, actualizada y verificable sobre el ciclo de vida de un número significativo de artefactos críticos, muchas veces distribuidos en ubicaciones remotas y operados por distintos equipos. En la práctica, gran parte de esta información se gestiona aún mediante sistemas fragmentados: planillas independientes, reportes manuales, archivos locales o aplicaciones no integradas, lo que dificulta la trazabilidad, aumenta la carga administrativa y eleva el riesgo de inconsistencias.

Esta fragmentación no sólo complica el cumplimiento normativo, sino que también afecta la eficiencia operativa. La duplicación de registros, la dependencia del conocimiento individual y la dificultad para consolidar información histórica limitan la capacidad de anticipar necesidades de mantención, evaluar el estado real de las estructuras o responder de forma ágil ante requerimientos de la autoridad.

Frente a este escenario, la digitalización aparece como un habilitador clave. En los últimos años han surgido diversas soluciones tecnológicas orientadas a aspectos específicos de la operación acuícola —como gestión documental, mantenimiento, reportabilidad o control de activos— que aportan valor en ámbitos puntuales. Sin embargo, cuando estas herramientas operan de manera aislada, el resultado suele ser un nuevo nivel de fragmentación digital que no resuelve el problema de fondo.

De ahí la relevancia de avanzar hacia enfoques más integrales, capaces de centralizar la información técnica de los artefactos, estructurar su trazabilidad y vincular la operación diaria con los requerimientos normativos. Plataformas de este tipo permiten que los datos generados en terreno se transformen en información útil para la gestión, la planificación y la fiscalización, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la calidad de los antecedentes disponibles.

La RE N.º 941/2025, en definitiva, no sólo eleva el estándar técnico del sector, sino que también obliga a repensar la forma en que se gestiona la información crítica de los centros de cultivo. Para la industria acuícola chilena, el desafío está en convertir esta exigencia normativa en una oportunidad para fortalecer su gestión, mejorar su relación con el entorno y avanzar hacia una operación más transparente, segura y sostenible.