Argentina avanza en regulación acuícola y vigilancia sanitaria de salmónidos
La nueva normativa de SENASA establece exigencias de bioseguridad para los productores, mientras el organismo mantiene un programa de vigilancia epidemiológica destinado a proteger la condición sanitaria de Patagonia Norte.
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Las nuevas exigencias de bioseguridad para la acuicultura argentina y los avances en la vigilancia epidemiológica de enfermedades que afectan a los salmónidos fueron los principales temas abordados durante la capacitación “Acuicultura: normativa SENASA y vigilancia epidemiológica en salmónidos de Patagonia”. La presentación estuvo a cargo de Julia Anguita, responsable del Programa de Enfermedades de los Animales Acuáticos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y punto focal ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), quien destacó que el organismo busca “acompañar el desarrollo y el crecimiento en pos de una mejora y de la prevención, sobre todo”. La actividad fue organizada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Chubut, a través del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura, Pesca y Alimentos (CIDAPAL), junto a SENASA.
Uno de los principales aspectos expuestos fue la Resolución 793/2026, publicada el 2 de septiembre, que establece condiciones mínimas de bioseguridad y buenas prácticas para establecimientos de producción comercial primaria de peces destinados al consumo. La regulación comprende instalaciones terrestres y aquellas emplazadas en cuerpos de agua continentales o marítimos, y entrará en vigencia el 1 de marzo de 2027. Al explicar sus alcances, Anguita precisó que “la idea es contemplar un poco esa heterogeneidad”, considerando las diferencias entre las modalidades de cultivo y las distintas escalas productivas existentes en Argentina.
La especialista explicó que uno de los fundamentos de esta regulación radica en las características propias de los sistemas acuícolas, donde el agua constituye un importante vehículo de transmisión de agentes patógenos. En ese sentido, advirtió que “un establecimiento sin bioseguridad es un nodo de riesgo, con alto potencial multiplicador”, por lo que las nuevas disposiciones buscan reducir las posibilidades de ingreso y propagación de enfermedades. Las exigencias consideran los lineamientos del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OMSA, particularmente en materias de prevención, resguardo del estatus sanitario y acceso a mercados internacionales.
“El espíritu de la norma es establecer qué y no cómo”, puntualizó Anguita al referirse a las obligaciones que deberán cumplir los productores, quienes podrán definir las soluciones más apropiadas para alcanzar los objetivos establecidos. Entre ellas se encuentran la inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), la incorporación de un técnico acuícola acreditado por SENASA y la implementación de medidas relacionadas con bienestar animal, control de accesos, desinfección de equipos e instalaciones y monitoreo de las condiciones del agua. La regulación también exige mantener registros de las operaciones productivas y disponer de manuales de bioseguridad y contingencia.
Respecto de los plazos de implementación, la representante de SENASA explicó que, una vez que la normativa entre en vigencia, los establecimientos dispondrán de 90 días para presentar un informe de cumplimiento mediante un sistema de autodiagnóstico que se encuentra en desarrollo. Esta herramienta permitirá identificar las condiciones existentes y los aspectos que requieren mejoras, considerando las particularidades de cada unidad productiva. “Van a tener 24 meses para hacer las adecuaciones necesarias”, señaló Anguita, precisando que, transcurrido ese período, los productores deberán efectuar una nueva evaluación para determinar los avances alcanzados.
La notificación temprana de eventos sanitarios constituye otro de los componentes de la nueva regulación. SENASA establece como umbral de alerta las mortalidades masivas y aquellos casos en que la mortalidad diaria duplique el promedio habitual de una determinada etapa productiva durante dos o más días consecutivos, sin una causa conocida. También deberán comunicarse las sospechas de enfermedades de notificación obligatoria. Sobre el manejo sanitario de los establecimientos, Anguita destacó la necesidad de mantener “un monitoreo diario de los parámetros de agua” y de la condición de los peces, junto con procedimientos de recolección y disposición segura de mortalidades que permitan reducir los riesgos de propagación de agentes patógenos.
Vigilancia epidemiológica
En relación con la producción de salmónidos, la expositora informó que Argentina cuenta actualmente con 74 establecimientos registrados en RENSPA dedicados a la cría y engorde de trucha arcoíris, de los cuales aproximadamente el 70% se concentra en la Patagonia, principalmente en Neuquén y Río Negro. De acuerdo con antecedentes de la Dirección Nacional de Acuicultura, la producción de esta especie alcanzó 10.591 toneladas en 2024 y aumentó a cerca de 13.576 toneladas durante 2025, representando alrededor del 87% de la producción acuícola nacional. Anguita explicó que existen “instalaciones familiares, a escalas más chicas, otras comerciales y algunas a gran escala”, reflejando la diversidad de sistemas productivos que actualmente operan en el país.
Uno de los principales instrumentos de protección sanitaria corresponde a la zona autodeclarada libre de determinadas enfermedades de los salmónidos en Patagonia Norte, cuya primera publicación ante la OMSA se realizó en 2010. El territorio comprende sectores de las cuencas alta y media del río Limay, incluyendo los embalses Alicurá y Piedra del Águila, sus afluentes y establecimientos asociados. “La vigilancia comenzó en el año 2006”, recordó Anguita, precisando que desde entonces se han ampliado las áreas de muestreo y actualizado las patologías consideradas. Actualmente, el organismo trabaja en una nueva actualización de la autodeclaración y de las condiciones exigidas para el ingreso de peces y material reproductivo.
“Somos libres de nueve enfermedades de notificación obligatoria”, afirmó la especialista al referirse a la condición sanitaria declarada para esta zona, destacando que durante 2026 se incorporó capacidad diagnóstica para el alfavirus de los salmónidos. El programa contempla patologías como la anemia infecciosa del salmón (ISA), la septicemia hemorrágica viral, la necrosis hematopoyética infecciosa y la infección por Gyrodactylus salaris. Asimismo, Argentina mantiene controles sobre enfermedades que fueron retiradas del listado de la OMSA, como la necrosis pancreática infecciosa (IPN), la enfermedad bacteriana renal (BKD) y la piscirickettsiosis (SRS), debido a su impacto potencial en la producción. Esta condición corresponde a una autodeclaración sanitaria argentina ante la organización internacional.
El sistema de vigilancia combina inspecciones y muestreos oficiales en establecimientos productivos con controles sobre poblaciones silvestres, además de la recepción de notificaciones de mortalidades y sospechas sanitarias. Anguita detalló que las campañas se realizan anualmente y consideran diagnósticos mediante técnicas de biología molecular e histopatología, dependiendo del origen de las muestras. “La PCR es el método recomendado o validado por la OMSA para diagnóstico de enfermedades de notificación obligatoria”, explicó, agregando que los procedimientos siguen los criterios establecidos en el Código y el Manual Acuático del organismo internacional. Los análisis oficiales para enfermedades de animales acuáticos se encuentran actualmente centralizados en el laboratorio de SENASA ubicado en Martínez, provincia de Buenos Aires.
La protección del estatus sanitario también contempla restricciones para el traslado de peces y material reproductivo desde territorios con condiciones diferentes o desconocidas. Los movimientos hacia la zona libre requieren documentación de tránsito, diagnósticos negativos y el cumplimiento de medidas específicas de bioseguridad, mientras que las importaciones están sujetas a controles cuarentenarios. “Desde la toma de una muestra hasta que ese envío se constituye, hay que garantizar las condiciones de bioseguridad”, sostuvo Anguita, adelantando que la actualización normativa incorporará mayores exigencias para mantener el aislamiento de los lotes durante el período comprendido entre el diagnóstico y su traslado.
Proyección comercial
La mantención de condiciones sanitarias favorables también representa una oportunidad para el comercio internacional de material genético. En ese sentido, Anguita recordó que Argentina recibió una auditoría de la Comunidad Andina de Naciones, motivada por el interés de importar ovas de salmónidos producidas en la zona libre, proceso que permitió avanzar en la apertura comercial para al menos un establecimiento. “Esa condición sanitaria da un valor agregado a la producción”, manifestó la especialista, quien también destacó que la prevención contribuye a disminuir la necesidad de tratamientos antibióticos. En materia de importaciones, precisó que actualmente los ingresos de material reproductivo provienen de Estados Unidos y corresponden a un establecimiento.
“Estamos trabajando en un manual de bioseguridad a nivel de todos los países de la región para hacer un manual conjunto”, señaló Anguita al referirse a las iniciativas de cooperación sanitaria que SENASA desarrolla en el marco del Comité Veterinario Permanente, integrado por países del Cono Sur. La propuesta considera los lineamientos establecidos por la OMSA y busca avanzar en criterios compartidos para prevenir la introducción y propagación de enfermedades de los animales acuáticos. Este trabajo se complementa con la actualización de regulaciones nacionales y la coordinación entre organismos públicos, instituciones científicas y representantes del sector productivo, en una actividad que, según destacó la especialista, continúa creciendo y generando nuevas demandas de gestión sanitaria.
