Macarena Martinic, abogada de la ONG Fima.
Macarena Martinic, abogada de la ONG Fima.

“El Acuerdo de Escazú genera un mejor clima para la industria salmonicultora”

Chile: Se trata de un acuerdo internacional sobre derechos de acceso que configuran la democracia ambiental, destacando participación ciudadana, acceso a información y justicia, aspectos en que la salmonicultura está en deuda según ONG Fima.

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En el marco de la agenda medio ambiental que ha impulsado el Gobierno, y al valor que se le ha otorgado al cuidado de la naturaleza, recientemente se firmó el mensaje presidencial para la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, una de las primeras medidas de la actual administración.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú (AE), adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018, tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Según lo comentado a Salmonexpert por Macarena Martinic, abogada de la ONG Fima, Chile estaría en calidad de adherente de este acuerdo una vez que el proyecto del Ley sea ratificado por el Congreso.

“El Acuerdo de Escazú fortalece los derechos de acceso a la información, participación y justicia, tres pilares fundamentales de la democracia ambiental. Por ende, obliga a los Estados parte a fortalecer su institucionalidad y ajustar sus normativas. Además, hay un cuarto pilar vinculado que se relaciona con la protección de las defensoras y defensores ambientales”, explica la profesional.

A juicio de la abogada, desde un panorama general, en nuestro país se reconocen todos estos pilares. “Quizás el pilar más débil sea la protección de los defensores ambientales, ya que no se le reconoce su labor ni existen instituciones especializadas y los casos de justicia han llegado tarde o no han llegado. Los otros tres pilares, están reconocidos por nuestra normativa de una u otra forma”.

Desde la perspectiva de la industria de la salmonicultura, Martinic señala que existen grandes deudas en términos de participación ciudadana, información y acceso a la justicia. “Los conflictos ambientales en torno a la salmonicultura, tienen como origen la debilidad en estos puntos. Por ello, se espera que el Acuerdo de Escazú sea favorable en generar una institucionalidad más sana y un mejor clima para la industria”.

En este sentido, la profesional ejemplificó con casos que desde la ONG Fima han analizado. “La mayoría de las concesiones para centros de cultivo de salmones ingresan mediante DIA que no contempla participación ciudadana obligatoria. Por ello, recientemente la Corte Suprema revirtió esta decisión del Sistema de Evaluación Ambiental, con la primera sentencia favorable para las comunidades que acudieron a la justicia para exigir esto”.

Acceso a la información

Otro de los aspecto que debería verse fortalecido con el Acuerdo de Escazú es el acceso a la información. “A la fecha, tenemos muchos casos de denegación de información, por parte de empresas salmonicultoras, de uso de antibióticos, cantidad de biomasa y uso de antiparasitarios en el cultivo de salmón. Esta información, desde el 2009, que se ha negado. Por ello, se han interpuesto recursos de amparo ante el Consejo por la Transparencia y luego pasa a la Corte de Apelaciones”.

“Si bien la jurisprudencia, hasta ahora, ha sido favorable a la entrega de información, de todas maneras el proceso judicial toma harto tiempo. Con el Acuerdo de Escazú se espera que todo este trámite judicial no tenga que realizarse para obtener la información, además de que el Proyecto de Ley que regula uso de antibióticos en la población humana y animal ya está siendo discutido en el Senado”, enfatiza Macarena.

En cuanto a un posible conflicto que este acuerdo internacional podría producir, la abogada explicó que el Acuerdo de Escazú mejoraba el clima para las inversiones. “Se crea una institucionalidad ambiental sana, que sea capaz de canalizar de forma adecuada y oportuna los distintos intereses que hay en juego al momento de poner en marcha un proyecto. Fortalecer los pilares debilitados, debería generar un clima favorable para las comunidades, el sector privado y el sector público. Se fortalece el diálogo con el territorio”, destaca la profesional.

Finalmente, la abogada enfatiza que el Acuerdo de Escazú no es retroactivo. “Una vez que entre en vigencia el tratado en Chile se generan normas para su aplicación, o se aplican directamente. Esperamos que este acuerdo sea aplicado directamente en todos los casos”.