Propuesta de semáforo para Chile: A menor riesgo mayor producción de salmones
Científicas chilenas advierten que la gestión actual de la salmonicultura no captura efectos acumulativos de la producción y plantean avanzar hacia un modelo “semáforo” basado en riesgo, monitoreo y flexibilidad.
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La necesidad de repensar la regulación de la salmonicultura chilena desde una mirada más amplia y preventiva es el eje principal de un reciente estudio liderado por la Dra. Doris Soto y con un equipo multidisciplinario del Centro Incar2 incluyendo a la Dra. Jessica Fuentes, experta en temas regulatorios.
Ambas expertas se refieren al paper “Risk Is Not Equal to Impact: The Challenges of Developing a Traffic Light System to Regulate Farmed Salmon Production on an Ecosystem Scale”, destacando la necesidad de un cambio de paradigma: pasar desde un enfoque centrado en el desempeño individual de los centros de cultivo hacia una gestión a escala ecosistémica, basada en el análisis de riesgo.
En entrevista con Salmonexpert, las científicas explican que uno de los principales problemas del modelo actual es que no logra capturar la complejidad de los sistemas donde opera la salmonicultura, ni los efectos acumulativos de variables como biomasa, uso de antimicrobianos, condiciones oceanográficas y cambio climático. En ese contexto, plantean que avanzar hacia herramientas como un sistema tipo “semáforo”, apoyado en monitoreo integrado y criterios precautorios, será clave para compatibilizar crecimiento productivo y sostenibilidad en el largo plazo.
El paper plantea que “riesgo no es igual a impacto”. ¿Cómo se traduce esta diferencia en la práctica productiva y regulatoria?
Riesgo no es igual a impacto pues un análisis de riesgo esencialmente estima la probabilidad de que algo malo ocurra con una cierta magnitud. Nosotros estimamos riesgos de pérdida ambiental para los cuerpos de agua (en este caso usamos las ACS como unidades ecosistémicas operacionales), pero no tenemos evidencia a esta escala de “ecosistema” de pérdida de valores ambientales, es decir, estamos buscando indicadores ecosistémicos que nos permitan validar los niveles de riesgo. Si bien en algunos cuerpos de agua como el fiordo Comau o el Puyuhuapi se han descrito pérdidas de biodiversidad y cambios en las comunidades bentónicas asociadas “posiblemente a la salmonicultura”, nuestro conocimiento de cómo funcionan fiordos y canales en los mares interiores es aún insuficiente para determinar cuánta biomasa de salmones en cultivo pueden soportar sin que existan daños irreparables. Pero por otra parte también existe una alta coincidencia entre el riesgo ambiental y el riesgo productivo para la salmonicultura, (pérdidas productivas por mortalidad total y uso de antimicrobianos y pesticidas), y así algunas ACS presentan mayores niveles de riesgo en ambos casos, y por lo tanto es importante considerar el principio precautorio, particularmente cuando se discuten relocalizaciones y crecimiento productivo.
Se podría considerar entonces que la producción de salmones debería reducirse en lugares de mayor riesgo y que podría aumentar en lugares de menor riesgo. Estas decisiones de dónde y cómo mover la producción para asegurar una actividad verdaderamente sostenible en el mediano y largo plazo tendrían que estar apoyadas por una fuerte inversión en el mejoramiento de monitoreos ambientales y productivos integrados y estratégicos y considerando también la búsqueda de indicadores prácticos y creíbles que nos hablen de la salud de los ecosistemas más allá del centro de cultivo individual. Claramente hablamos de avanzar hacia “una salud”.
¿Cuáles son las principales limitaciones de los sistemas actuales de regulación que este modelo busca mejorar?
En los aspectos ambientales la regulación actual se enfoca principalmente al comportamiento de cada centro de cultivo/concesión. Incluso las innovaciones que se están promoviendo apuntan a “limpiar” los fondos de un exceso de materia orgánica para que resulten aeróbicos. Sin embargo, esta “limpieza” o incluso procesamiento de los mismos (ej. usando bacterias) no elimina la materia orgánica ni los nutrientes, más bien los transporta más allá de la concesión y puede potenciar su transformación pero en general permanecen en el ecosistema. Ello también es válido para los antimicrobianos y pesticidas cuya dispersión y efectos aún desconocemos. Por ello, es necesario considerar la capacidad de este cuerpo de agua mayor (ACS o fiordo/seno etc.) para procesar los aportes acumulativos y potencialmente sinérgicos de los centros individuales. Esto no está regulado aún.
Por otra parte, la regulación actual no otorga flexibilidad pues vincula el centro de cultivo a un proyecto técnico con una determinada capacidad productiva, impidiendo que ante situaciones de riesgo pueda trasladarse fácilmente y ágilmente dicha producción a otro sitio de menor riesgo. A esto se agrega que está cerrado el acceso a nuevas concesiones y aun cuando se abriera, no existen nuevas áreas apropiadas para la acuicultura para otorgar nuevas concesiones. Sólo en la región de Magallanes es posible otorgar concesiones nuevas, pero limitadas a aquellas solicitudes que fueron ingresadas antes del cierre de acceso vigente.
A esto se adiciona otras variables como el uso del borde costero, la implementación de la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entre otras. De esta manera, si bien el modelo propone un sistema que considere los riesgos ambientales de la acuicultura, basado en un mayor y mejor monitoreo, para ir ajustando la producción en los sitios de mayor riesgo, se enfrenta a un congelamiento de la situación de emplazamiento de las concesiones y a una regulación que no ofrece flexibilidad, lo que impone un revisión del modelo concesional para su aplicación.
¿Qué variables deberían incorporarse para que este sistema refleje adecuadamente la realidad productiva y ambiental?
Un modelo de gestión de la producción basado en riesgo debe considerar al menos todas las variables que proponemos en este análisis, incluyendo la historia de uso de los sitios, variables productivas, oceanográficas, la amenaza climática, historial de FAN etc., en un sistema integrado y dinámico de información a escala de ACS.
Para la implementación del modelo, es necesaria una revisión del emplazamiento de la acuicultura y, como contrapartida, la identificación de nuevas áreas en que pueda desarrollarse la actividad conforme a nuevos estándares y con reconocidas condiciones de menor riesgo para su ejercicio. Esto implica cambios importantes en el modelo regulatorio.
¿Qué cambios concretos deberían implementar las compañías a partir de estos resultados?
Probablemente las empresas saben que sitios y que ACS son mejores y peores y posiblemente su permanencia en cualquier sitio aun cuando sea subóptimo se debe a temas más complejos involucrando seguramente aspectos económicos y de emplazamiento, obviamente la dificultad para relocalizarse. Sin embargo, las empresas que tienen sitios en áreas, identificadas como de mayor riesgo, deben hacer los mayores esfuerzos por reducir su contribución al riesgo grupal (ACS). Para facilitar lo anterior se requiere también la concurrencia del Estado facilitando los procesos que les permitan cambiarse de esas zonas de mayor riesgo. Como ya se dijo, el modelo concesional es determinante en materia de emplazamiento y ello, dependiendo de la empresa, puede llegar a limitar las posibilidades de cambio.
¿Qué desafíos existen para implementar un sistema de este tipo desde el punto de vista regulatorio?
La publicación plantea una suerte de hoja de ruta más bien desde la perspectiva de la gobernanza donde el modelo de riesgo semicuantitativo es un primer paso. Luego se propone revisar e incrementar los esfuerzos de monitoreo para la identificación de indicadores de respuesta del ecosistema considerando áreas de alto y bajo riesgo. Así será posible validar y ajustar los niveles de riesgo. Luego el paso más difícil para la gobernanza y para el diseño de una regulación es acordar niveles de riesgo aceptables que permitan establecer la producción máxima de salmón y traducirlos en acciones de gestión. A lo anterior se adiciona resolver adecuadamente el modelo de emplazamiento de los centros de cultivo incorporando flexibilidad que permita que, conforme a los monitoreos, pueda ajustarse progresiva y periódicamente la configuración de la producción en el espacio. Habiendo identificado actualmente zonas productivas que son de riesgo, en un escenario de cierre de acceso, si no se realiza ningún cambio regulatorio, no será posible reconfigurar el emplazamiento de modo que permita realizar los ajustes que aseguren sustentabilidad de la actividad. Todo lo anterior es un desafío que tenemos que abordar junto con la sociedad civil, el estado y el sector productivo.
