La situación de todos los proyectos para relocalización voluntaria de Nova Austral

Las propuestas de relocalización a isla Clarence implican, en caso de ser aprobadas, la renuncia a concesiones en Puerto Natales y en el Parque Nacional Alberto De Agostini.

Chile: La salmonicultora impulsa el traslado de los centros de cultivo, para salir del Parque Nacional Alberto de Agostini y de Puerto Natales, pero su iniciativa tuvo un freno con un reciente fallo.

Fue en el marco de un proceso de zonificación del borde costero de Magallanes que se hizo hace más de diez años que la compañía Nova Austral asumió el compromiso voluntario de retirar sus actividades y concesiones acuícolas del sector de Puerto Natales y las que están en el Parque Nacional Alberto de Agostini.

Según la información a la que se puede acceder en el portal del Servicio de Evaluación Ambiental, se trata de única empresa que ha presentado proyectos con ese objetivo.

Y son cinco proyectos de fusión y relocalización de centros de cultivo que están en pleno trámite para obtener la calificación ambiental, y cuatro que figuran como aprobados por el SEA.

En la descripción de cada propuesta, la empresa destaca el carácter voluntario de la relocalización y que su aprobación implicaría la renuncia a las concesiones acuícolas vinculadas a los centros que buscan trasladar.

Además, los sitios de destino para la reubicación en la isla Clarence, en la comuna de Punta Arenas, fue propuestos por la Subsecretaria de Pesca para facilitar las relocalizaciones y pasaron por diversos procesos antes de ser aprobados como, por ejemplo, consulta indígena y la Comisión Regional de Uso de Borde Costero.

Pese a esto, el proceso que permitiría sacar la actividad acuícola de un parque nacional no ha sido fácil y la principal objeción que hacen sus detractores es que los sitios de destino propuestos están dentro de otra área de protección, aunque de menor jerarquía y que permite actividades productivas, como la Reserva Nacional Kawéskar.

Organizaciones de defensa del medio ambiente y comunidades Kawéskar han presentado objeciones administrativas y judiciales. En este ámbito, por ejemplo, pidieron abrir los procesos de evaluación ambiental a la participación ciudadana, lo que fue denegado por el SEA y la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, pero terminó siendo aprobado por la Corte Suprema.

Además, actualmente ocho de los nueve proyectos de Nova Austral están judicializados con causas en el Tercer Tribunal Ambiental que la semana pasada ordenó anular la calificación ambiental de dos de las propuestas que habían sido aprobadas. Hay que mencionar también que en el marco de esos procesos judiciales las propuestas de relocalización de los centros de cultivo tuvieron también el apoyo de las comunidades kawéskar que prestan servicios a la industria.

En los fallos que invalidaron las calificaciones ambientales se argumentó que no se midió el impacto sinérgico de los proyectos, es decir, que cada uno se evaluó de manera separada. Si el mismo criterio se aplica a las causas por relocalizaciones que se mantienen pendientes en el tribunal se podrían esperar nuevos reveses en el procedimiento voluntario para reubicar las actividades acuícolas.