Organizaciones medioambientales acusan “perdonazo” a Nova Austral
La suspensión del proceso penal contempla que Nova Austral disponga de alrededor de $7 mil millones que fueron retenidos en la Tesorería General de la República.
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El martes 19 de marzo, el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir dio luz verde a la suspensión condicional del proceso penal en contra de la empresa salmonicultora Nova Austral por el delito de contaminación de aguas y fraude de subvenciones.
En 2020, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra Nova Austral por fraude de subvenciones, luego de que identificara que la empresa recibió $59.580 millones en subsidios vía Ley Navarino entre 2016 y 2019 a través de la entrega de información falsa, ya que, entre otros beneficios tributarios y aduaneros, esta ley bonifica el 20% del total de las ventas de las empresas beneficiadas.
Según informa La Prensa Austral, la suspensión del proceso penal contempla que Nova Austral disponga de alrededor $7 mil millones que fueron retenidos en la Tesorería General de la República, destinándolos al pago de ciertos impuestos determinados por el SII.
Nova Austral también desistirá de todas “las impugnaciones, reclamos y excepciones deducidas en contra del cobro de deudas tributarias ante organismos públicos y Tribunales de Justicia que a la fecha se encuentren vigentes”, que son al menos cinco casos que se explícita en el acuerdo.
Rechazan medida
A través de una declaración pública las agrupaciones medioambientales Centro Ballena Azul, Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Fundación Patagonia Azul, Fundación Terram, Greenpeace Chile, Mission Blue, Modatima Punta Arenas, Oceana, ONG Fima, Rewilding Chile y SCAC Magallanes; rechazaron la medida tomada por el Juzgado y señalaron que “luego de cuatro años de iniciada la querella, el pasado 19 de marzo el Ministerio Público presentó una propuesta de ‘acuerdo alternativo’ a cambio de condiciones que representan un perdonazo inaceptable para la institucionalidad ambiental y en detrimento de los recursos públicos del país”.
Las organizaciones denuncian que de los $30.229 millones que adeuda, $9.130 millones se financiarán con bonificaciones estatales obtenidas por Ley Navarino que se encuentran retenidas como medida cautelar ($6.953 millones) y pendientes de pago ($2.177 millones).
Nova Austral ha continuado recibiendo subsidios vía Ley Navarino por un total de $27.510 millones de pesos sólo entre 2020 y 2022.
El resto de la deuda se dividirá en 23 cuotas mensuales de $843 millones y un terreno con avalúo comercial de $1.711 millones, dejando un saldo negativo para las arcas fiscales por $3.537 millones, según un certificado de deuda emitido por la Tesorería General de la República en enero de 2024. Esto significa que cerca de un 38% del total de la deuda tributaria que mantiene la empresa sería financiada por el Estado.
Las agrupaciones medioambientales alegan que la empresa infringió el límite de producción autorizado en sus centros de cultivo en 24 oportunidades sin ser sancionado por la Superintendencia del Medio Ambiente, a lo que se suman otros 7 casos con procedimientos sancionatorios terminados y en curso. Así, Nova Austral pudo cosechar más de 40 mil toneladas de salmones de forma ilícita entre 2001 y 2022.
Esperan impugnación del CDE
Según las ONGs firmantes “este perdonazo propuesto por el Ministerio Público debe ser impugnado por el CDE, quien tiene la obligación de defender los intereses del Estado de Chile, es decir, el patrimonio que pertenece a todos los habitantes del país y, junto a ello, buscar las máximas sanciones para una empresa insigne de la vulneración de las leyes chilenas, por lo cual hacemos también un llamado a los demás organismos públicos a hacer cumplir las leyes ambientales y sectoriales, y no extender este perdonazo hacia los procesos que mantiene Nova Austral en otras sedes judiciales y administrativas”.
Desde el CDE, en tanto, dieron a conocer su conformidad a la suspensión condicional del procedimiento en la causa seguida en contra de la empresa Nova Austral, por su responsabilidad en el delito de introducción de agentes contaminantes en el mar, causando daños a recursos hidrobiológicos y alterando el fondo marino, dispuesto en el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
La decisión del organismo se circunscribe exclusivamente a la suspensión del procedimiento que enfrenta la persona jurídica Nova Austral, en consideración a su mermada capacidad financiera por encontrarse sujeta a un procedimiento de reorganización. De dicha suspensión se excluye el proceso penal en curso contra cinco exejecutivos de la compañía imputados por ese mismo ilícito y por el de fraude de subvenciones, juicio en el que el Consejo participa como querellante.
La causa continúa en contra del ex gerente general de la empresa, Nicos Nicolaides, Arturo Schofield, Drago Covacich, Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson.
En tanto, el Juzgado de Porvenir fijó audiencia de alzamiento de medidas cautelares y salida alternativa para el día 23 de abril de 2024 a las 9 horas.
