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Columna de Opinión

Propuestas de Pivotes para la salmonicultura: ¿son posibles de concretar?

Jéssica Fuentes.
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*Columna de opinión para Salmonexpert de Jéssica Fuentes, abogada asociada de Acuiestudios, investigadora de Centro INCAR².

Pivotes ha planteado siete medidas para destrabar la acuicultura, de modo de propender a su crecimiento mediante la reapertura del acceso a nuevas concesiones. Cinco de las siete medidas dependen de reformas legales. Al efecto, es importante considerar que cada vez que se ha tramitado una iniciativa legal referida a la acuicultura, el proceso ha sido largo y complejo. Un ejemplo está en la inclusión del artículo referido a las relocalizaciones en el requerimiento que se hizo ante el Tribunal Constitucional con ocasión del trámite de la ley 21.850 sobre reconstrucción nacional, con el resultado ya conocido.

No debe olvidarse que existe un sector que se opone fuertemente a la salmonicultura y que despliega eficazmente todo tipo de acciones para impedir su crecimiento. De esta manera, las iniciativas referidas a habilitar superficie nueva para la acuicultura con áreas de uso preferente y la licitación de concesiones han sido planteadas en diversos períodos, pero no han logrado alcanzar siquiera la etapa de redacción de un proyecto de ley. No se avizora de qué manera estas iniciativas hoy tendrían mayor éxito.

Por otra parte, si bien la propuesta de Pivotes advierte que varias iniciativas suponen capacidad institucional que hoy no existe ni está financiada, se menciona como un elemento secundario pero que resulta ser esencial. Así por ejemplo, se toma como referencia el período 2000 a 2004 en que se otorgaron más concesiones de acuicultura. Sin embargo, no se considera que en dicho período se abrió, a consecuencia de la ley 19.713, el Fondo de Administración Pesquera a través del cual se financió, en la Subsecretaría de Pesca, un equipo completo para la tramitación de concesiones. Por su parte, la evaluación ambiental de proyectos en esa época no tenía la complejidad actual pues el sistema había empezado a operar recién en 1997 y el reglamento ambiental para la acuicultura data de 2001 habiendo entrado en vigencia en diciembre de dicho año. Es importante considerar, además, el aumento de guías metodológicas dictadas por el SEA en los últimos años que incorporan, en muchos casos, requisitos ni siquiera previstos en la normativa, pero que orientan el actuar de los órganos públicos en la evaluación y que terminan, por esa vía, imponiéndose a los usuarios.

La elaboración de los informes de banco natural por Sernapesca se han visto demorados en el tiempo por falta de presupuesto, lo que impide realizar los muestreos conforme a la metodología aprobada en 2010 que resultó ser mucho más exigente que aquellos que se realizaban antes de dicho año. Tal metodología fue incorporada en la ley 20.434 como una exigencia de la pesca artesanal, de modo de impedir la relocalización en sectores donde pudieran existir bancos naturales. De hecho, recién con la ley 21.850 sobre reconstrucción nacional se trata de resolver el problema de financiamiento permitiendo que los solicitantes que así lo requieran puedan pagar por la elaboración del informe de banco natural en una cuenta extrapresupuestaria de Sernapesca, manteniéndose en este último la responsabilidad por la contratación y el control de quien realiza los muestreos.

El crecimiento de la acuicultura pareciera que no vendrá dada en el mediano plazo por la apertura del acceso a nuevas concesiones, sino por la concretización de las relocalizaciones, en la medida que se aborden las restricciones que hoy enfrentan y se asegure la sustentabilidad de la actividad"

Jéssica Fuentes.

En otro ámbito, se aborda como limitación de acceso el cierre administrativo a nuevas concesiones que existe por parte de la Subpesca desde 2020, pero su levantamiento no es suficiente para conseguir el efecto de apertura de acceso. Esto último porque el artículo 92 de la ley 21.600 sobre Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas contempla que para el otorgamiento de concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área. Para tales efectos, el órgano competente, en este caso, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, deberá requerir informe al SBAP.

Por su parte, la ley 21.850 sobre reconstrucción nacional eliminó la exigencia de plan de manejo para los casos de relocalizaciones, pero no lo eliminó para todo tipo de concesión sectorial, por lo cual, dicho requisito es una limitación de acceso a nuevas concesiones. Así las cosas, mientras no existan planes de manejo ni se dicten los reglamentos de la ley 21.600 que determinen cómo se concretará la compatibilidad de la acuicultura con los objetos de protección de las áreas, difícilmente se podrá tenerse acceso abierto a nuevas concesiones de acuicultura. Así las cosas, la derogación de los cierres administrativos por Subpesca en forma desconectada de las definiciones antes señaladas, solo tendrán el efecto de volver a generar el histórico cúmulo de solicitudes de concesiones de acuicultura, sobrepuestas unas a otras y que no logra avanzar.

El emplazamiento de las concesiones es otro ámbito cuya complejidad es difícil de abordar. Si bien se han utilizado las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero para adoptar decisiones, la falta de claridad y comprensión acerca de su rol articulador de los diversos usos en la región, así como la demora y la motivación insuficiente de las decisiones han llevado a una excesiva judicialización de sus actos, particularmente en el caso de los espacios costeros marinos de pueblos originarios. De esta manera, aun cuando aparezcan solicitudes cuya superficie excede la racionalidad, los tribunales han retrotraído procesos por falta de motivación. A esto se agrega la demora excesiva en cada etapa del trámite involucrado, pero donde lo más destacado es la falta de recursos de Conadi para elaborar el informe de uso consuetudinario en plazos razonables. Así las cosas, aun cuando se realizara una reforma legal para que se respetaran los plazos, la falta de capacidad institucional para tramitar una gran cantidad de solicitudes determinará algo que ya sabemos: no se cumplirán los plazos. Por lo demás, la ley 21.770 sobre autorizaciones sectoriales tiene el mismo objeto encontrándose en etapa de implementación.

En cuanto a la definición de límites basados en la capacidad de carga, efectivamente no requiere modificación legal pues la ley de pesca y acuicultura ya la contempla y con el nivel de conocimiento existente es factible comenzar la caracterización de los cuerpos de agua. Sin embargo, la definición de los límites que determinen cuando esa es compatible con la acuicultura es una discusión no menor que requiere un proceso equivalente a aquél que determinará la compatibilidad de la acuicultura con las áreas protegidas. Por tal motivo, se trata de un proceso complejo que requiere respaldo científico y para el cual no existe en la actualidad un mecanismo institucional con reglas claras, que asegure transparencia y la efectiva representación de quienes se verán afectados por las decisiones, excluyendo la distorsión en favor de intereses ajenos a los usuarios y a las comunidades costeras. Avanzar en este punto es de la mayor relevancia porque aportaría a una mayor sustentabilidad de la actividad, así como la validación de su ejercicio frente a la ciudadanía.

En definitiva, las iniciativas para propiciar el crecimiento de la acuicultura, y en particular, de la salmonicultura, por la vía de una apertura de acceso, depende de grandes definiciones que no se han concretado: compatibilidad de la acuicultura con áreas protegidas, establecimiento de la gobernanza de la zona costera con procesos transparentes basados en información objetiva, debida representación de los intereses de las comunidades costeras sin distorsiones y eficiencia en la dictación de actos debidamente fundados que reduzcan el éxito de la judicialización. Todo ello obedece a procesos de mediano y largo plazo que exceden un período presidencial y que, por tal vez por tal motivo, pocas veces aparecen como iniciativas a ser abordadas. De esta manera, el crecimiento de la acuicultura pareciera que no vendrá dado en el mediano plazo por la apertura del acceso a nuevas concesiones, sino por la concretización de las relocalizaciones en la medida que se aborden las restricciones que hoy enfrentan y se asegure la sustentabilidad de la actividad.