Bajo críticas cruzadas: definirán solicitudes de ECMPO que pueden golpear a la salmonicultura
Son 621.000 hectáreas de costa que están en juego, mediante procesos iniciados por pueblos indígenas, en zonas donde opera la industria en la Región de Aysén.
Published
Este martes se celebrará la sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) que ordenó la Corte Suprema a través de un fallo en el que solicitó al Gobierno Regional de Aysén repetir el proceso que se realizó originalmente en marzo de 2024 y que, en dicha oportunidad, rechazó dos solicitudes de Espacios Costero Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) presentadas por comunidades indígenas en Aysén que tendrían un usufructo de 621.000 hectáreas de costa.
Cabe señalar que el fallo de la Corte Suprema aseguró que la CRUBC actuó "ilegal y arbitrariamente" en aquella instancia presidida por la exgobernadora Andrea Macías, puesto que se trató de un proceso discriminatorio en el que los argumentos con que se desecharon las solicitudes de las comunidades indígenas Pu Wapi (ECMPO Cisnes, comuna de Cisnes), y Antunen Rain y Fotün Mapu (ECMPO Huichas, comuna de Aysén) carecieron "de la suficiencia y entidad como para justificar un rechazo fundado", requisito esencial para este tipo de decisiones.
Como tal, la sentencia del máximo tribunal del país ordenó que el Gobierno Regional citara una nueva CRUBC que asegurara las condiciones para tomar una decisión no arbitraria, no discriminatoria y, por lo tanto, legal. En otras palabras, una instancia que garantice una resolución debidamente fundada y con estricto apego a la normativa vigente, según Diario El Divisadero.
Críticas desde las comunidades
Dicha instancia se realizará este martes y ha generado controversia. Por un lado, hay voces que critican que este nuevo proceso se abrió casi sin aviso previo, sin instancias de diálogo e información, sin notificar debidamente a las comunidades en cuestión, quienes son las solicitantes de los ECMPO.
A través de una carta dirigida al gobernador Marcelo Santana, los abogados representantes de las comunidades solicitantes, Felipe Guerra y Christian Paredes, manifiestan que "la falta de debido emplazamiento (…) afecta la garantía de un debido proceso administrativo", vulnerando la Ley N°19.880.
Agregaron que esta acción "coloca en una situación de indefensión" a sus representadas y se aparta flagrantemente del mandato de la Corte Suprema de proceder con "estricto apego a la normativa".
Argumentos de empresas
Por otro lado, desde AquaChile, una de las empresas salmonicultoras interesadas en que las solicitudes se rechacen, enviaron un comunicado de prensa en el que presentan los argumentos de la dirigenta huilliche Blanca Guenten, presidenta de la Asociación Indígena Wapi Huichas, quien representa a 30 familias del archipiélago de Islas Huichas, territorio que incluye la demanda de las dos familias.
En dicho comunicado, la dirigenta asegura que "es inconcebible entregar ese inmenso territorio a tan pocas personas, más aún cuando ellas jamás han trabajado en el mar ni tienen cultura huilliche, sino que se identifican más con la parte mapuche".
La dirigenta insiste en que no se ha hecho consulta previa a los vecinos del territorio y que la parte solicitante nunca se ha acercado a hablar con ellos para plantearles qué tipo de gobernanza pretenden impulsar en el lugar si les aprueban la solicitud. "No hay seguridad de nada, no hay un plan pesquero. Ni siquiera sabemos si vamos a poder seguir ejerciendo nuestra actividad".
