Comunidad indígena insiste en espacios donde opera la salmonicultura: “afecta la inversión”
“Nos preocupa que, una vez agotadas instancias formales de análisis y votación -para ECMPO- se recurra de manera reiterada a nuevas acciones judiciales o administrativas”, indica el presidente de CorpAysén.
Published
Luego de un nuevo rechazo de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén el 9 de diciembre a la solicitud Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO) que involucraba más de 620 mil hectáreas de territorio marítimo, la comunidad indígena Pu Wapi volvió a la carga para pedir un nuevo pronunciamiento al respecto.
Pu Wapi, que posee 27 integrantes de la comunidad (representa a 23 familias), solicitó el ECMPO Cisnes correspondientes a 227.272 hectáreas.
Sin embargo, previo a la última votación, presentó una propuesta formal para delimitar las áreas, reduciendo en un 53% las hectáreas requeridas.
En un escrito técnico ingresado ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, la comunidad Pu Wapi -que es representada por el abogado Felipe Guerra-, cuestionó al Gobierno Regional de Aysén luego de que la entidad presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones señalando el cumplimiento de lo ordenado y acompañando un breve acta de la sesión que terminó rechazando los ECMРО.
Frente a esto, el presidente de la Corporación de Desarrollo Productivo del Litoral de Aysén, Hernán Rebolledo, indicó a Salmonexpert que “creemos firmemente que el desarrollo del territorio debe construirse desde el diálogo, el respeto y la institucionalidad. Valoramos el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y la existencia de mecanismos que permitan canalizarlos, pero también creemos que estos procesos deben desarrollarse con responsabilidad, apego técnico y respeto por las decisiones ya adoptadas por los órganos competentes respectivos”.
“Nos preocupa que, una vez agotadas instancias formales de análisis y votación —como ocurrió en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, donde hubo una decisión clara y unánime— se recurra de manera reiterada a nuevas acciones judiciales o administrativas, reabriendo procesos que ya fueron resueltos conforme a la normativa vigente. Ese tipo de prácticas genera incertidumbre jurídica, debilita la institucionalidad y afecta directamente la planificación, la inversión y el desarrollo equilibrado del territorio”, acusó Rebolledo.
Como CorpAysén, apuntó su presidente, “creemos que Aysén necesita avanzar hacia una gobernanza costera más sólida, con espacios técnicos previos, diálogo temprano y reglas claras, que permitan resolver legítimas diferencias sin paralizar el desarrollo regional. Fortalecer estas instancias es clave para construir confianzas y asegurar un futuro sostenible para las comunidades, las actividades productivas y el bienestar de la región”.
