Salmonicultores critican a comunidad indígena que vuelve a la carga por más de 620 mil hectáreas
El equipo legal de Pu Wapi, se lanzó contra el Gobierno Regional de Aysén, que les denegó ECMPO: "se ha acompañado un acta de dos páginas, que ni siquiera registra las intervenciones de los integrantes".
Published
Tras un nuevo rechazo de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén el 9 de diciembre a la solicitud Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO) que involucraba más de 620 mil hectáreas de territorio marítimo, la comunidad indígena Pu Wapi volvió a la carga para pedir un nuevo pronunciamiento al respecto.
Pu Wapi, que posee 27 integrantes de la comunidad (representa a 23 familias), solicitó el ECMPO Cisnes correspondientes a 227.272 hectáreas. Sin embargo, previo a la última votación presentó una propuesta formal para delimitar las áreas, reduciendo en un 53% las hectáreas requeridas.
En un escrito ingresado ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, la comunidad Pu Wapi -representada por el abogado Felipe Guerra-, cuestionó al Gobierno Regional de Aysén luego de que la entidad presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones señalando el cumplimiento de lo ordenado y acompañando un breve acta de la sesión que terminó rechazando los ECMРО.
El equipo legal de Pu Wapi, según El Mercurio, enfatizó que "se ha acompañado un acta de dos páginas, que ni siquiera registra las intervenciones de los integrantes de la Comisión". De esta manera, indicó que ese documento no sustituye el acto administrativo terminal, por lo que pidieron al tribunal "tener por incumplida la sentencia definitiva" hasta que no se entregue dicho acto.
Por otra parte, la comunidad también pidió tener en cuenta que en la comisión regional se negaron a evaluar la propuesta de reducción de las hectáreas solicitadas en el ECМРО. Tampoco se consideró la iniciativa de establecer nuevas instancias de diálogo para ajustarse a lo ordenado por la Corte Suprema.
"Los integrantes malinterpretaron lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en el sentido de que les había ordenado rechazar la solicitud, pero mejorando la fundamentación", señalaron. En esa línea, sostuvieron que la Corte Suprema planteó que la administración debía realizar un "esfuerzo real de ponderación y compatibilización, indicando que debe conciliarse el objetivo de la figura del espacio concreto, compatibilizando la finalidad de protección de usos consuetudinarios de las comunidades indígenas, lo cual fue imposible al negarse a tener a la vista las propuestas de reducción".
Al respecto, Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, señaló que "el Gobierno Regional dio estricto cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema, pues ésta ordenó retrotraer el procedimiento a la etapa de pronunciarse nuevamente' y fue exactamente lo que ocurrió el pasado 9 de diciembre (...). Es evidente que quienes no estén conformes con el rechazo unánime y transversal a la ECMPO busquen objetar dicha decisión".
Por su parte, Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, aseguró que "cualquier acción judicial implica tiempo y recursos adicionales, lo que en la práctica significa una nueva dilación de un proceso que ya lleva casi 8 años". Agregó que este recurso "es una clara señal de que los solicitantes no quieren acatar lo resuelto por una amplia mayoría".
