Cosechas bajo la lupa: fallo de la Suprema permite acceso a datos de centros salmonicultores
La resolución abre nuevas posibilidades para analizar información histórica, contrastarla con autorizaciones ambientales, y generar cruces mediante herramientas tecnológicas.
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El fallo de la Corte Suprema que dejó firme la entrega de los registros históricos de cosechas de centros de cultivo abre nuevas implicancias para la salmonicultura chilena. El 14 de septiembre, la Tercera Sala rechazó el recurso de queja presentado por Invermar y Pacific Seafood, manteniéndose así la decisión que ordenó proporcionar antecedentes de cosechas realizadas entre 1990 y 2024 en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Frente a este escenario, Camilo Oñate, fundador de BlueReg Chile y experto en cumplimiento ambiental, sanitario y regulatorio, abordó con Salmonexpert los efectos que esta mayor disponibilidad de información podría tener para las empresas del sector.
A juicio de Oñate, uno de los principales cambios radica en que personas naturales, organizaciones u otros actores podrán solicitar estos datos mediante mecanismos de transparencia y realizar sus propios análisis. “Se abre un abanico de posibilidades. Si determinadas personas o fundaciones pidieron esta información y en algún momento se dijo que eso no era posible, ahora hay una resolución de la Corte que establece que sí lo es. Se abre un mundo de posibilidades para solicitar información de manera amplia y masiva”.
La disponibilidad de estos antecedentes, sin embargo, no sólo podría utilizarse para verificar el cumplimiento normativo. Oñate planteó que el acceso a información sobre biomasas cosechadas también puede favorecer análisis mediante machine learning, inteligencia artificial y otras herramientas capaces de modelar determinadas zonas productivas. Desde esa perspectiva, considera que podría desarrollarse mayor ciencia de datos a partir de información histórica de la salmonicultura.
Al mismo tiempo, advirtió que los datos pueden relacionarse con otros antecedentes disponibles para analizar variables que van más allá de una comparación directa entre cosecha y Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Tasas de conversión, alimento consumido y capacidades de carga, por ejemplo, podrían contribuir a construir análisis sobre el comportamiento productivo y ambiental de determinados sectores a través del tiempo. “Ese cruce de información no necesariamente está dado por la RCA versus el número de cosecha. Podemos ir más profundo que eso”.
Mayor escrutinio
Frente a este escenario, Oñate señaló que las salmonicultoras deberán prestar especial atención a la consistencia de los antecedentes reportados durante sus ciclos productivos. Explicó que la revisión no debiera limitarse únicamente a evitar superar una biomasa autorizada, sino considerar también el número de ejemplares sembrados, las mortalidades contempladas y los peces finalmente cosechados. Precisó, además, que este tipo de revisión ya forma parte de la gestión habitual de las compañías.
Lo que podría cambiar, sostuvo, es el grado de precisión requerido frente a la posibilidad de que esos registros sean posteriormente examinados por terceros. “Vamos a tener que trabajar bajo un estándar quizás distinto, un poco más preciso y riguroso, pensando en que el día de mañana esa información va a ser pública”, indicó Oñate, quien planteó que futuras solicitudes podrían concentrarse periódicamente en los antecedentes correspondientes a ciclos recientes.
Respecto de las consecuencias para la fiscalización, el especialista no anticipó necesariamente un incremento de procedimientos sancionatorios iniciados directamente por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), pues, según explicó, la autoridad ya realiza cruces entre la biomasa autorizada y la producida. Donde sí observa un posible cambio es en el origen de nuevas denuncias, debido a que personas u organizaciones podrán contrastar por cuenta propia distintas fuentes de información.
Este fenómeno, agregó, también podría representar un desafío para los organismos fiscalizadores ante un eventual incremento de presentaciones realizadas por terceros. “Lo que veo, desde una mirada externa, es que personas naturales o algunas fundaciones podrían comenzar a presentar denuncias”, señaló. A su juicio, otro aspecto relevante será interpretar correctamente situaciones productivas particulares, debido a que el desconocimiento sobre determinados procesos de la salmonicultura puede llevar a conclusiones que no necesariamente reflejen las circunstancias operacionales de un centro.
El alcance futuro de esta apertura de información constituye otra interrogante. Oñate planteó que existen antecedentes más específicos, como detalles de mortalidad y otros datos productivos o sanitarios, respecto de los cuales eventualmente podría surgir una discusión similar. Sin embargo, precisó que allí confluyen elementos como el acceso a la información y la protección de antecedentes con posibles implicancias para la libre competencia, por lo que correspondería a las instancias competentes resolver eventuales controversias.
Para Oñate, el proceso también puede transformarse en una oportunidad para fortalecer la gestión y el control de los antecedentes generados por las compañías. “Probablemente este será un precedente, para bien o para mal, para hacer un mejor uso y control de la información que se está generando a nivel industrial y que finalmente termina en un servicio público”, concluyó.
