Ley Lafkenche golpea fuerte a la salmonicultura: paraliza US$200 millones en nueva inversión
Lo solicitado como ECMPO, 2,3 millones de hectáreas, supera 500 veces la superficie de todos los centros de cultivo de la industria, que son sólo unas 4.681 hectáreas.
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A junio de 2026, según estudio de Pivotes, se han otorgado 216.928 hectáreas como ECMPO, mientras que las solicitudes pendientes abarcan 2.339.011 hectáreas, equivalentes a 2,8 veces la Isla Grande de Chiloé. Para dimensionar la desproporción frente al uso que se busca regular: lo solicitado como Espacio Costero Marítimo para Pueblos Originarios supera 500 veces la superficie de todos los centros de cultivo salmonicultores del país (unas 4.681 hectáreas en total).
Esta desproporción tiene raíz normativa, afirman. La ley no exige relación alguna entre el número de integrantes de la comunidad solicitante y la superficie pedida, ni fija un límite máximo de extensión: el reglamento solamente indica que la delimitación estará determinada por la superficie necesaria para asegurar el uso consuetudinario.
El criterio de periodicidad es igualmente laxo, aseguran, ya que basta acreditar dos ocasiones de uso en diez años, lo que se suma a una definición legal excesivamente amplia y difusa del uso consuetudinario.
Medido sobre el propio litoral, el alcance es masivo. Un análisis espacial de Pivotes –que cruza los polígonos de ECMPO con la línea de costa oficial del Instituto Geográfico Militar– muestra que más de la mitad del borde costero de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos (un 56%) tiene hoy una solicitud de ECMPO pendiente al frente, y cerca del 60% está cubierto por algún ECMPO, pendiente o ya decretado.
La concentración es máxima en Los Lagos –epicentro de la salmonicultura, con un 61% de su litoral bajo solicitud pendiente– y en La Araucanía (59%). Lo decisivo es que esa captura proviene casi enteramente de solicitudes aún no verificadas: los ECMPO ya decretados cubren apenas un 10% del borde costero, frente al 56% que concentran las solicitudes pendientes. Es la traducción territorial directa del efecto suspensivo descrito previamente: la ley congela el litoral antes de constatar el uso consuetudinario que dice proteger.
La ley tampoco fija un tope de superficie ni relación alguna con el tamaño de la comunidad solicitante, y los resultados son elocuentes. De acuerdo con el número de integrantes que CONADI entregó por transparencia, la mediana nacional es de 82 hectáreas solicitadas por individuo, pero 52 de las 107 solicitudes superan las 100 hectáreas por persona, 23 superan las 500 y nueve las 1.000.
En las tres regiones del estudio el patrón se repite, advierten: una comunidad de 57 personas solicitó 248.189 hectáreas en el archipiélago de Chiloé (4.354 hectáreas por integrante), y otra de 10 personas, cerca de 30.000 (2.957 hectáreas por integrante)19. Como la suspensión opera sobre la superficie solicitada –no sobre la que luego se verifica–, basta una solicitud desproporcionada para congelar durante años un tramo extenso de borde costero.
Todas esas solicitudes permanecen congeladas hasta que Conadi emita su informe, un proceso que promedia entre 2,3 y 2,9 años, comprometiendo empleo e ingresos en las regiones que más dependen de la actividad acuícola y pesquera.
En particular, sólo las 33 solicitudes de concesiones acuícolas salmonicultoras representan alrededor de US$200 millones en inversión paralizada. Sin embargo, dado el universo de 791 solicitudes acuícolas, marítimas y de áreas de manejo cuya inversión es inestimable, es muy probable que el daño a la economía nacional sea mucho mayor, detalla la consultora.
