Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar. Foto: Archivo Salmonexpert.

Blumar teme que se complete segundo período sin relocalización de concesiones

Chile: El gerente general de la empresa, Gerardo Balbontín, comentó a Salmonexpert que la obligación de tener un estudio de caladeros ha impedido regularizar los centros de cultivo en Chile.

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Positivo es el escenario que Blumar observa para la industria salmonicultora chilena este año. En entrevista con Salmonexpert, su gerente general, Gerardo Balbontín, aseguró que las empresas están manteniendo o elevando sus producciones por los precios de venta interesantes, que seguirían en bonanza al menos durante el primer semestre de 2017, con temas sanitarios y costos que se han logrado controlar, pasando de pérdidas a utilidades.

De hecho, la compañía, luego de producir 32.000 toneladas de salmón en 2016, mantendrá el mismo nivel durante 2017, con la mira en rondar en el mediano plazo un promedio de 35.000 toneladas. Respecto del nuevo marco normativo para el sector que ha impulsado un perfeccionado sistema de densidades y otro de reducción de siembras, de acuerdo a Balbontín, esto ya comenzó, “lo que pasa es que se ha ido complementando y se seguirá con una fase adicional en marzo próximo”.

Según el ejecutivo de la empresa cuya propiedad controlan las familias Sarquis y Yaconi-Santa Cruz, todas las compañías están enfocadas en manejar sus mortalidades para al menos mantener el nivel de crecimiento actual, ya sea por medio del reglamento de densidades que busca desconcentrar la actividad, o pasando al Programa de Reducción de Siembras que se basa en premios y castigos productivos con alzas y bajas. Así que el modelo está implementado en un 80%.

¿Qué normas faltan por implementar, entonces, de acá a marzo? 

En marzo se van a concretar las macrozonas temporales, donde una serie de barrios en los que uno participa van a descansar durante un semestre y se va a poder decidir producir en uno u otro, siendo una normativa más flexible que la actual. Hasta aquí, estamos conformes con lo que se ha hecho, pues contamos con más certezas que antes.

¿Hay temas que le preocupan? El dictamen de Contraloría que prohíbe operar centros fuera del área concesionada que acató Sernapesca ha revuelto las aguas del sector.

Cuando se solicitaron las 1.250 concesiones que existen en las regiones de Los Lagos y Aysén, muchas veces no se hizo un estudio oceanográfico previo, sino que solamente espacial, relativo a que un centro no debe estar a menos de una milla y media de distancia de otro.

Si uno ve el plano, es un puzzle de ubicaciones, donde a veces uno llegaba y se daba cuenta que no era el ideal desde el punto de vista del oxígeno, de la corriente marina, de los vientos, y por tanto se hacía un leve desplazamiento, con criterios aplicados por Sernapesca para que fuera trabajable el sistema. Por eso esperamos mejoras por la vía legal o reglamentaria en este sentido, porque se está afectando a algunos planes de siembra.

 ¿Por qué no se ha solucionado este problema, que detonó una investigación de Sernapesca contra 36 centros de cultivo de salmón?

La otra parte, que no tiene que ver con el modelo productivo, es que, en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, se modificó la Ley de Pesca y Acuicultura y se aprobó la herramienta de las relocalizaciones que eran para regularizar las imperfecciones que se habían generado en el tiempo.

Por razones diversas, pasaron los primeros cinco años y no se logró nada con algún centro. Se tuvo que sacar un nuevo cambio con duración de cinco años cuando venció el inicial período, pero para efectuar los movimientos de concesiones había que tener un estudio de caladeros, a modo de restricción, y es por eso que no se ha podido trasladar ninguna, lo que es negativo para los planes de la industria.

¿Y se ha definido lo que es un estudio de caladeros por parte de la autoridad?

Ni siquiera existe la información sobre todo lo que es un estudio de caladero y así han pasado dos años levantando esos datos, sin poder relocalizar concesiones. Subpesca siempre está a punto de emitir un reglamento de este tipo y nunca ocurre. Estamos perdidos en si se avanzará o no y si alcanzaremos en este período a completar el proceso, tampoco está claro si hay intencionalidad para tal efecto.

¿Cómo se puede resolver esto?

Si no se logra nada en este segundo período de 5 años, lo que no es descartable, vamos a tener que hacer otro cambio legal y así se agregarán nuevas complejidades, en vez de hacer el tema fácil. Hoy día están las herramientas y la necesidad, pero nos encontramos en año de elecciones y todo se conjuga con temas políticos, existen prioridades que están muchas veces sobre las de acuicultura.