Aquaforum: Industria del salmón pide que la autoridad pase a la acción para liberar inversiones
Autoridades y dirigentes gremiales, coincidieron en la importancia de avanzar hacia una industria más competitiva, donde existen múltiples proyectos salmonicultores trabados por la regulación actual.
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La necesidad de destrabar inversiones, modernizar los procedimientos ambientales y fortalecer la coordinación entre los organismos públicos marcó buena parte de las discusiones de Aquaforum Los Lagos 2026. En su decimotercera edición, organizada por B2B Media Group y realizada en Puerto Varas bajo el lema “Salmonicultura del futuro: certeza, sostenibilidad y liderazgo”, el encuentro reunió a autoridades y representantes de la industria para analizar las dificultades que enfrenta el desarrollo de la actividad, junto con las herramientas institucionales y regulatorias que podrían contribuir a superar los obstáculos que actualmente limitan su crecimiento.
Ángela Saavedra, directora regional del Consejo del Salmón, destacó la importancia de transformar los diagnósticos sectoriales en decisiones que permitan recuperar el dinamismo productivo. En ese contexto, recordó las cuatro medidas habilitantes presentadas por el gremio para impulsar la inversión y generar nuevas oportunidades de desarrollo. “Necesitamos reglas claras y una mirada de largo plazo que nos permita seguir invirtiendo, innovando y produciendo con altos estándares sanitarios y ambientales. No podemos continuar quedándonos en los diagnósticos; es momento de avanzar en decisiones concretas”.
La dirigente también vinculó las posibilidades de crecimiento con la capacidad de demostrar avances verificables en sostenibilidad, destacando el sexto reporte de impacto sostenible del Consejo del Salmón, elaborado a partir de más de 140 indicadores. Asimismo, relevó la articulación con otras actividades económicas mediante iniciativas como AgroSalmón, alianza desarrollada junto con gremios agrícolas. “Una industria que contribuye a la alimentación del mundo no puede enfrentar sus desafíos de manera aislada. Necesitamos conectar capacidades y trabajar con otros sectores productivos”, sostuvo, enfatizando que la colaboración constituye una condición para fortalecer el liderazgo de la salmonicultura chilena.
“Hay inversiones con sus resoluciones de calificación ambiental aprobadas que todavía no pueden concretarse debido a las distintas trabas y dificultades existentes”, advirtió Patricio Melero, presidente de SalmonChile, al referirse a los aproximadamente US$200 millones que permanecen paralizados en Magallanes. El dirigente también abordó las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la disposición sobre microrrelocalizaciones, herramienta que consideró fundamental para mejorar las condiciones operacionales de los centros de cultivo. Frente a este escenario, explicó que el gremio trabaja con organismos públicos en la búsqueda de mecanismos alternativos que permitan avanzar en su implementación.
La dimensión económica de estos desafíos también estuvo presente en la exposición de Melero, quien citó el reciente estudio presentado por SalmonChile, que estimó un aporte equivalente al 2,6% del PIB nacional y una vinculación con aproximadamente 330 mil empleos. En el ámbito internacional, mencionó las gestiones realizadas para enfrentar el arancel de 12,5% aplicado por Estados Unidos, mientras que en materia ambiental destacó la coordinación público-privada frente a posibles floraciones algales nocivas. “No pedimos privilegios ni rebajar los estándares ambientales. Lo que exigimos con sentido de urgencia son certezas, agilidad en los procedimientos y una visión de Estado que proyecte nuestro sector productivo hacia el futuro”.
Desde la perspectiva gubernamental, Osvaldo Urrutia, subsecretario de Pesca y Acuicultura, planteó que la salmonicultura debe proyectarse como una actividad estratégica para el país, considerando su incidencia en las exportaciones, el empleo y las economías regionales. A su juicio, las decisiones sobre su desarrollo requieren una mirada que trascienda los ciclos políticos y permita compatibilizar la protección ambiental con la competitividad. “Necesitamos certezas regulatorias y jurídicas para invertir, certezas económicas para crecer y certezas institucionales que permitan proyectar el desarrollo de la salmonicultura más allá de los ciclos de gobierno”.
Junto con la necesidad de contar con una institucionalidad capaz de responder a los desafíos productivos, Urrutia puso énfasis en fortalecer la prevención frente a los riesgos sanitarios y climáticos. El subsecretario advirtió que las variaciones oceanográficas, el fenómeno de El Niño y las floraciones algales nocivas obligan a mejorar los sistemas de monitoreo y la generación de información científica. “No podemos esperar que una situación se transforme en una crisis para comenzar a buscar soluciones. Tenemos que fortalecer el conocimiento científico, mejorar el monitoreo y contar con información oportuna para tomar decisiones”, manifestó, destacando la importancia de una colaboración permanente entre el Estado, las empresas y los centros de investigación.
Durante el encuentro también se realizaron reconocimientos a dos representantes vinculados al desarrollo de la salmonicultura. El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, recibió el Reconocimiento al Liderazgo Plan Salmón 2050, por su impulso a esta iniciativa y su capacidad para articular a autoridades, empresas, trabajadores y otros actores en torno a una visión de largo plazo para la actividad. Asimismo, Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores del Salmón, fue distinguido con el Reconocimiento al Liderazgo Sindical, destacando su trayectoria, compromiso con los trabajadores y contribución al diálogo entre las organizaciones sindicales y la industria.
Gobernanza costera
Las dificultades para implementar los instrumentos disponibles quedaron reflejadas en las cifras expuestas por Alejandro Barrientos, jefe de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Durante el módulo “Gobernanza Costera – Destrabar para Crecer”, informó que, de las 1.060 solicitudes de relocalización ingresadas al sistema, solamente dos han logrado materializarse. “Tenemos una necesidad reconocida y un instrumento legal disponible, pero una gobernanza que no logra articularse”, sostuvo. Según explicó, esta situación evidencia las dificultades para concretar mecanismos concebidos para mejorar el ordenamiento espacial y las condiciones sanitarias y productivas de la actividad.
Durante el panel moderado por Jéssica Fuentes, abogada especialista en acuicultura, Barrientos reconoció que las gestiones realizadas por Subpesca con las instituciones involucradas en la elaboración de planes de manejo todavía no han permitido alcanzar los avances esperados. “La fragmentación de la gobernanza limita el desarrollo de la industria y los beneficios que puede generar para el país. Necesitamos que las instituciones con competencias en el sector logren acuerdos sobre hacia dónde avanzar y cuáles serán los límites”, explicó. En esa línea, destacó la colaboración técnica que se está desarrollando con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), poniendo a disposición la experiencia de Subpesca en evaluación ambiental y regulación acuícola.
La eficiencia de los procedimientos también fue abordada por Arturo Farías, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quien presentó las medidas impulsadas para mejorar el funcionamiento del sistema, con la meta de reducir en un 30% los tiempos de tramitación. Según detalló, durante la última década el plazo promedio de evaluación de los estudios de impacto ambiental aumentó desde aproximadamente 700 días hasta superar los 1.200 e incluso 1.300 días. “Queremos que el proceso de evaluación ambiental sea ágil y oportuno. Eso no significa disminuir los estándares ambientales; por el contrario, significa evaluar mejor, tomar decisiones fundadas y cumplir los plazos que establece la ley”.
Entre los avances informados, Farías destacó la resolución de los recursos de reclamación pendientes y el trabajo conjunto con Subpesca y la autoridad marítima para facilitar la tramitación de más de 200 resoluciones de calificación ambiental, vinculadas a inversiones por US$159 millones. Asimismo, señaló que se han establecido mesas técnicas para abordar aumentos de producción, microrrelocalizaciones y criterios aplicables a proyectos salmonicultores con autorizaciones anteriores a 2015. “Hemos demostrado que es posible mejorar el funcionamiento del sistema sin necesidad de nuevas normas, mediante una gestión más eficiente y decisiones técnicas oportunas”.
En respuesta a una consulta de Jéssica Fuentes sobre los cambios de criterios durante la evaluación de proyectos, Farías explicó que el SEA inició una revisión de sus guías metodológicas y procedimientos técnicos para fortalecer la uniformidad de las decisiones. “Las guías deben estar al servicio de la evaluación ambiental y no convertirse en un fin en sí mismas. No es posible aplicar un nuevo criterio metodológico cuando un proyecto ya se encuentra en evaluación”, afirmó. El director ejecutivo recalcó que el organismo tiene atribuciones para ordenar y unificar criterios, pero no para establecer nuevas exigencias normativas mediante instrumentos metodológicos.
Las consecuencias concretas de las restricciones territoriales fueron expuestas por Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, quien detalló las dificultades que enfrentan proyectos de expansión en esa región. Según indicó, existen 14 solicitudes de concesión con evaluación ambiental aprobada, asociadas a una producción potencial de 66 mil toneladas, cuya tramitación permanece pendiente en el contexto de una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO). A estas se suman otras diez solicitudes, vinculadas a 52 mil toneladas, afectadas por la ausencia del plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar. “La tarea más importante, en el corto plazo, es destrabar aquello que ya fue evaluado ambientalmente. Lo mínimo es resolver con sentido de urgencia los procedimientos administrativos que permanecen pendientes”.
En conjunto, estas situaciones representan un potencial productivo cercano a 120 mil toneladas, con efectos sobre nuevas inversiones, plantas de proceso, proveedores y oportunidades laborales, según explicó Odebret. El dirigente planteó que las prioridades deben concentrarse en concluir los informes de uso consuetudinario, elaborar el plan de manejo de la reserva y definir técnicamente sus objetos de conservación. “No necesitamos cambiar las leyes ni iniciar grandes procesos. Se requiere gestión del Estado para ejecutar los instrumentos que ya existen”.
Asimismo, propuso avanzar en una planificación territorial que permita resguardar las áreas apropiadas para la acuicultura previamente definidas en Magallanes, compatibilizando su desarrollo con los objetivos de conservación ambiental, uno de los desafíos que atravesó las distintas intervenciones de Aquaforum: generar condiciones para el crecimiento de la salmonicultura mediante una gestión pública más coordinada, eficiente y capaz de responder a las necesidades del sector.
