Veinticinco estados inician batalla legal contra los aranceles de Trump que golpean al salmón
Los 25 estados consideran que los aranceles son un pretexto totalmente ilegal, para sustituir los impuestos a la importación, anulados por el Tribunal Supremo a inicios de este año. Exigen que se reembolse el dinero.
Un grupo de 25 estados ha presentado una demanda contra el último intento del Presidente estadounidense Donald Trump de utilizar estatutos federales como base legal para imponer aranceles a las importaciones, sumándose a demandas similares presentadas por grupos de pequeñas empresas que sostienen que los aranceles, como muchos de los que el cuestionado Mandatario intentó aplicar anteriormente, son ilegales.
Se están aplicando nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a productos procedentes de 60 socios comerciales, incluidos el salmón y otros seafood del Reino Unido y la UE (10%), y de Noruega y Chile (12,5%). El salmón de Islandia y las Islas Feroe está exento de aranceles.
Funcionarios de la administración Trump afirman que esos países no han hecho lo suficiente para controlar las importaciones producidas con mano de obra forzada y, por lo tanto, están siendo penalizados con aranceles impuestos en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Impuestos "ilegales"
Los 25 estados consideran que los aranceles son un pretexto para sustituir los impuestos a la importación anulados por el Tribunal Supremo en febrero, y solicitan al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan que detenga los gravámenes, los declare ilegales y ordene el reembolso de los derechos que ya se han pagado.
La acción legal está siendo liderada por el estado de Nueva York, al que se han sumado los estados de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin, junto con los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
“Tras la derrota en el Tribunal Supremo, la administración intenta una vez más aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado de prensa.
“Por mucho que la administración intente justificarlo, la ley y nuestra Constitución son claras: el presidente no tiene la facultad de imponer aranceles generalizados a cualquier país que se le antoje. Seguiré oponiéndome a las políticas ilegales de esta administración que amenazan con aumentar los costos para los neoyorquinos", agregó al respecto.
Un impuesto a las familias
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, manifestó: “Los aranceles ilegales del presidente Trump no son más que un impuesto a las familias trabajadoras, que eleva el costo de los alimentos, los artículos básicos para el hogar, los materiales de construcción y un sinfín de productos cotidianos de los que dependen los neoyorquinos en general".
“La Corte Suprema ha dejado claro que esta administración no puede ignorar la ley para imponer aranceles generalizados. No me quedaré de brazos cruzados mientras los neoyorquinos siguen sufriendo las consecuencias de la guerra comercial del Presidente, y me enorgullece unirme a la Fiscal General James en la lucha contra la administración Trump para proteger a las familias y empresas de todo nuestro estado".
El último litigio surge mientras la administración Trump sigue afrontando las consecuencias de los aranceles originales de abril de 2025. En los meses transcurridos desde que estos fueron declarados ilegales, las autoridades aduaneras han tenido que lidiar con las solicitudes de reembolso de miles de empresas que pagaron los aproximadamente 166 mil millones de dólares en aranceles recaudados.
