Ley Lafkenche: Estudio académico propone ajustes para una gobernanza costera más armónica
Un estudio de la Universidad San Sebastián, presentado ante gremios acuícolas, propuso ajustes para compatibilizar los derechos indígenas con el desarrollo productivo y la gobernanza del borde costero.
Published
Un diagnóstico jurídico, económico y territorial que reabre el debate sobre la aplicación de la Ley Lafkenche fue presentado por la Universidad San Sebastián, sede Patagonia, ante gremios acuícolas y actores vinculados al uso del borde costero. El estudio titulado “Diagnóstico y Propuesta de Reforma para un Desarrollo Armónico” revisa los principales nudos normativos de la Ley N°20.249 y plantea modificaciones orientadas a compatibilizar el resguardo de los usos consuetudinarios de pueblos originarios con el desarrollo productivo del borde costero, incluida la actividad acuícola.
La investigación, de carácter multidisciplinaria, identifica como eje central la forma en que se han delimitado y administrado los Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO). Según el informe, la normativa vigente carece de criterios suficientemente claros para acreditar el uso consuetudinario y para definir la extensión territorial de estos espacios, lo que ha derivado en superposición de usos, incertidumbre jurídica y tensiones con otros actores presentes en el litoral, entre ellos la pesca, el turismo y la salmonicultura.
Durante la presentación del estudio ante los gremios y autoridades, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt valoró que la propuesta académica apunte a “armonizar intereses en el borde costero”, advirtiendo que la aplicación actual de la ley —sin ajustes— puede transformarse en una traba para el desarrollo económico local. Esa mirada es compartida por los autores, quienes sostienen que toda política de reparación debe evitar generar nuevas injusticias y, en este caso, considerar explícitamente los impactos productivos y regionales de cada ECMPO.
Proporcionalidad, bidireccionalidad y certeza jurídica
Uno de los aportes centrales del estudio es la propuesta de exigir una relación bidireccional efectiva entre las comunidades solicitantes y el territorio costero reclamado. Esto implica demostrar residencia permanente, prácticas culturales vigentes y una utilización real del espacio solicitado. En esa línea, el informe subraya que la extensión del ECMPO debe ser proporcional a la práctica que se busca preservar y al número de personas que efectivamente la ejercen, evitando solicitudes de gran escala que excedan ese objetivo.
Desde el punto de vista normativo, los investigadores advierten que conceptos como “uso consuetudinario” y “superficie necesaria” requieren mayor precisión legal, ya que su interpretación amplia puede afectar derechos constitucionales de terceros y limitar el desarrollo de actividades económicas estratégicas en el borde costero. Para abordar este punto, el estudio propone reemplazar el actual procedimiento administrativo radicado en la Conadi por un procedimiento judicial no contencioso, con mayores estándares de publicidad, oposición de terceros y plazos acotados, lo que permitiría reducir la burocracia y entregar mayor certeza jurídica a todos los actores involucrados.
Implicancias para la acuicultura
Si bien el trabajo reconoce el valor simbólico y cultural que la Ley Lafkenche otorga a la relación de los pueblos originarios con el mar, también enfatiza la necesidad de una gobernanza costera integrada, donde la protección de las prácticas ancestrales conviva con sectores productivos que generan empleo, inversión y desarrollo regional. En ese equilibrio, la acuicultura aparece como una de las actividades que requiere reglas claras y mecanismos de coordinación temprana para evitar conflictos y paralizaciones prolongadas de proyectos.
En sus conclusiones, el estudio es categórico: avanzar hacia una aplicación más precisa y armónica de la Ley Lafkenche no implica retroceder en derechos indígenas, sino fortalecerlos dentro de un marco de proporcionalidad, coordinación institucional y seguridad jurídica. Un debate que, a juicio de los autores, resulta clave para el futuro del borde costero chileno y para la convivencia entre comunidades, Estado e industrias estratégicas como la salmonicultura.
