Columna de Opinión
¿Celeridad o Certeza? El dilema regulatorio de la acuicultura frente al ciclo Kast
El test de la era Kast en el mar no se medirá por cuántas firmas se logren estampar, sino por la capacidad del Estado de dictar reglas que sean, por fin, predecibles, afirma el abogado Pablo Manríquez Díaz.
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*Columna de opinión para Salmonexpert de Pablo Manríquez Díaz, abogado especialista en Derecho Pesquero.
Marzo de 2026 marca el inicio de un nuevo ciclo político en Chile, pero para quienes operan en la salmonicultura, el cambio de folio en el calendario es secundario. Lo que realmente importa es el cómo se gobernará.
La promesa de destrabar permisos y dinamizar la inversión resulta, sin duda, ser atractiva para un sector que hoy lidia con trámites que parecen no tener fin. Sin embargo, el riesgo es evidente: la velocidad sin certeza jurídica suele ser solo otra cara de la incertidumbre.
El gran examen para el gobierno entrante será hacerse cargo de la “permisología” sin caer en la discrecionalidad, considerando que ya existe un marco regulatorio para dichos efectos, esto es la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, cuya implementacion queda en sus manos.
Si la reducción de plazos se logra a cambio de criterios nubosos o decisiones mal fundamentadas, el destino final es el de siempre: la judicialización.
La eficiencia no es una vía rápida que luego se desmorona en tribunales; es, por el contrario, un sistema de procedimientos trazables y estándares explícitos que brinden seguridad tanto al inversionista como a la comunidad.
En el plano territorial, el desafío es estructural. La implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el debate sobre las concesiones tocan la fibra más sensible del negocio. Intentar reordenar el mapa acuícola sin ofrecer un camino realista y reglas claras es una receta para el conflicto.
No se trata de evitar el ordenamiento por temor a la controversia, sino de entender que la gobernanza costera, no se resuelve con consignas, sino con instituciones capaces de resolver fricciones sin paralizar la industria.
A este escenario se suma la herencia del 2025: la tensión derivada de las ECMPO. Las solicitudes bajo la Ley Lafkenche no sólo puso a prueba la convivencia en el borde costero, sino que desnudó la fragilidad del sistema.
El desafío para la nueva administración no es desconocer la ley, sino dotarla de un rigor técnico y plazos perentorios que impidan que el uso legítimo de una herramienta se convierta en un bloqueo estratégico para la industria y otros usuarios del mar.
En este punto, el Estado debe decidir si quiere asumir rol o sólo mirar cómo el conflicto se traslada a tribunales.
Como punto asociado, la nueva Administracion no puede dejar atrás la transparencia sanitaria y ambiental, pues no se trata de una carga pesada, sino el ticket de entrada para jugar en las grandes ligas globales.
Un gobierno que busque atraer capital sin cuidar la reputación del sector está destinado al fracaso. La fiscalización creíble y la mejora continua son, en última instancia, lo que sostiene la legitimidad de la actividad.
La industria ha demostrado que puede adaptarse a nuevas reglas. Lo que no soporta, porque la encarece e inmoviliza, es la incertidumbre.
El test de la era Kast en el mar no se medirá por cuántas firmas se logren estampar en menos tiempo, sino por la capacidad del Estado de dictar reglas que sean, por fin, predecibles.
