Documento plantea rediseñar las relocalizaciones para reducir riesgos de la salmonicultura
Nuevo Policy Brief publicado por el Centro Incar2 propone, en materia de relocalizaciones, avanzar hacia un modelo de ordenamiento territorial basado en riesgo, evidencia científica y coordinación institucional.
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La relocalización de concesiones fue creada después de la crisis del virus ISA como una herramienta para mejorar el emplazamiento de la salmonicultura y su desempeño ambiental y sanitario. Sin embargo, su implementación ha avanzado lentamente: de las más de 200 solicitudes presentadas desde 2010, solo dos han sido aprobadas.
Así lo plantea el nuevo Policy Brief N°22 del Centro Incar², elaborado por las investigadoras Dra. Jessica Fuentes y Dra. Doris Soto, que revisa la regulación vigente, identifica los principales obstáculos que han limitado el instrumento y presenta 4 propuestas para que la relocalización contribuya efectivamente a la sustentabilidad de la actividad.
El documento recuerda que las condiciones bajo las cuales se instalaron muchos centros de cultivo han cambiado. Las tecnologías productivas han evolucionado, las jaulas y la producción han aumentado y existe mayor conocimiento sobre las condiciones oceanográficas necesarias para obtener un mejor desempeño ambiental.
Relocalizar no significa necesariamente producir más
Uno de los puntos centrales del análisis es que la relocalización fue concebida como una redistribución espacial de las concesiones, manteniendo el número y la superficie otorgada.
“La relocalización da cuenta de un cambio del emplazamiento de la concesión, sin que traiga aparejada per se un aumento de producción”, señala el documento, siendo su propósito es trasladar la actividad hacia sectores que presenten mejores condiciones para su desarrollo.
Sin embargo, las investigadoras advierten que cuando una relocalización implique un aumento productivo, este debe evaluarse considerando los riesgos ambientales, sanitarios y productivos tanto del sitio receptor como de la ACS involucrada.
En este punto, las expertas propone considerar un sistema de semáforo que permita limitar la producción máxima por cuerpo de agua o ACS de acuerdo con los riesgos ambientales, sanitarios y productivos. La idea es evitar que la producción siga aumentando precisamente en las zonas de mayor vulnerabilidad.
El documento identifica algunos sectores donde, debido a sus características oceanográficas, no sería recomendable promover nuevos incrementos productivos.
“La normativa ambiental sectorial debería prever mayor monitoreo y control de la ACS y de los cuerpos de agua que presentan mayores riesgos ambientales y productivos adoptando en forma efectiva medidas apropiadas”, estipula el texto.
Entre ellos menciona los fiordos Comau, Puyuhuapi y Aysén, además del Golfo Almirante Montt, en Magallanes. En este último caso, los autores destacan la escasa renovación de agua y la hipoxia profunda como factores que generan una mayor sensibilidad del sistema.
Así, no sería recomendable incrementar la producción en estos lugares, sino más bien facilitar la relocalización y uso de nuevas concesiones con mejores condiciones oceanográficas, e, incluso, podría ser deseable la salida de la producción de una ACS.
Un borde costero cada vez más disputado
El problema, sin embargo, no se limita a las condiciones ambientales. La relocalización debe desarrollarse dentro de las Áreas Apropiadas para la Acuicultura (AAA), espacios donde también existen otros usos y figuras de protección.
Entre los principales factores que dificultan los procesos, las científicas destacan la Ley 20.249 sobre Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). La admisión a trámite de estas solicitudes puede suspender otros procedimientos sobre el mismo espacio, incluyendo solicitudes de relocalización, fusiones y divisiones de concesiones.
El Policy Brief también aborda la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y estableció nuevas categorías de protección. Algunas de ellas no admiten actividades productivas, mientras que otras permiten su desarrollo bajo determinadas condiciones de compatibilidad con los objetivos de conservación y los respectivos planes de manejo.
“La gobernanza territorial es clave y debe abordarse con prioridad para avanzar tanto en el proceso de implementación del sistema de áreas protegidas, como en las relocalizaciones de la acuicultura”, plantea el escrito.
Finalmente, para las autoras, uno de los principales desafíos consiste en superar una lógica centrada exclusivamente en cada centro de cultivo y avanzar hacia una evaluación territorial, donde las instituciones a cargo de los procesos fijen objetivos y mecanismos de coordinación.
“Es esencial que las instituciones a cargo de los diversos procesos involucrados en el ordenamiento territorial fijen objetivos comunes y mecanismos de coordinación que permitan que el esfuerzo que se haga al interior de las regiones conforme a sus competencias no se vea frustrado por decisiones adoptadas desde una perspectiva parcial y, que en cambio, dicho esfuerzo se materialice en decisiones objetivas, basadas en información y evidencia científica e indicadores claros y procesos participativos”, concluye el documento.
Lea el Policy Brief aquí.
