Chile, ahora una alternativa más atractiva para la acuicultura

Abogado Gonzalo Varela.
Abogado Gonzalo Varela.

Chile: "Será interesante ver cuántos de los montos comprometidos en proyectos de inversión paralizados en Noruega se redirigirán o transferirán a Chile para salmonicultura", indica el abogado Gonzalo Varela.

*Columna de opinión para Salmonexpert de Gonzalo Varela, socio de Varela | Abogados.

Tienen razón los CEO de las principales empresas acuícolas al suponer que el nuevo “impuesto al salmón” (“salmon tax”) anunciado por el gobierno noruego se convertirá en un regalo para países como Chile o Canadá.

La referida suposición se ve especialmente avalada, por lo demás, en tanto Chile ha vuelto a exhibir un comportamiento cada vez más saludable para los proyectos de inversión en términos de estabilidad política y jurídica.

Quizás el hecho más relevante haya sido el rechazo a la propuesta para una nueva constitución chilena. Se trataba de un proyecto que, tramitado desde el año 2021 por un órgano constitucional ad-hoc, amenazaba seriamente al sector acuícola, dado que, entre muchos otros anuncios, no sólo le atribuía una serie de derechos a los indígenas, al extremo de considerarlos como “naciones” −con lo que se borraba indirectamente el principio de igualdad ante la ley−, sino que, además, le confería asimismo derechos a los “animales sintientes”.

¿Eran los salmones animales sintientes? Si es que lo eran, ¿cómo se iba a conciliar el derecho a la vida de un salmón con el derecho de propiedad de una empresa acuícola cuyo giro era procesar salmones?

No sólo fue una buena noticia para el mundo empresarial y para el sector acuícola el mero rechazo del proyecto constitucional, sino que, mucho más relevante aún, la magnitud popular que alcanzó esta alternativa. Un 61,86% de los ciudadanos chilenos que sufragaron, en un marco de voto obligatorio, rechazaron el proyecto.

Lo anterior generó un impacto de proporciones en el sector político y en el gobierno del presidente Gabriel Boric que apoyó pública y decididamente el nuevo texto constitucional. Sabían que no contaban con mayoría en el Congreso para impulsar sus reformas si se rechazaba la nueva constitución. Por lo tanto, era de vital importancia que se acogiera la propuesta constitucional.

De esta forma, el gobierno chileno, que ya venía afectado por una inflación galopante producto de las políticas de gasto excepcionalmente expansivas impulsadas durante la pandemia −lo que se traduciría en un menor consumo, mayor desempleo y una moneda muy devaluada−, y que se había concentrado casi por entero a apoyar la propuesta constitucional, vio disminuir estrepitosamente su aprobación (del 39% al 26%), convirtiéndose en uno de los gobiernos que más rápidamente han llegado a ese nivel de desaprobación en la historia política chilena.

Al mismo tiempo, las protagónicas fuerzas políticas de centro que se mostraron contrarias a la nueva constitución capitalizaron el resultado con nuevos partidos políticos −hoy en formación− bajo el sello de una renovada sensatez enemiga de los extremos. Es decir, otro potente aliciente para la moderación en el debate público.

Todo lo anterior ha llevado al gobierno de Gabriel Boric a cambiar de tono y de estrategia: impulsó una nueva agenda procrecimiento, volvió a poner atención en la contingencia del día a día, le ha concedido un mayor protagonismo a su ministro de Hacienda, Mario Marcel, y ha moderado no sólo el discurso, sino que también varias de las políticas públicas que prometían una mayor transformación (e inestabilidad).

Ahora bien, y más allá de las contingencias gubernamentales, la magnitud del rechazo se ha percibido en el mundo político y por los principales analistas como una señal transversal de moderación y prudencia. Si bien el debate constitucional se mantiene, aunque con mucho menor vigor que antes, la discusión ha girado en torno a cómo impulsar un proceso constituyente que no sea tan radical o refundacional como el anterior, mediante límites o bordes claros.

Sin duda se trata de un nuevo escenario político en el que los inversionistas chilenos y extranjeros gozarán de una mayor certeza jurídica. Estas nuevas condiciones, claramente más favorables para los proyectos de inversión explican, entre otros factores, el notable aumento que ha experimentado la inversión extranjera directa en nuestro país durante este año, que a este mes ya supera en un 12% el monto total invertido en el año pasado (a esta fecha ya superó los US$ 17.133 millones, según cifras del Banco Central de Chile).

Se trata de un nuevo escenario que seguramente aprovecharán las empresas noruegas, y más aún si se implementa el anunciado "impuesto sobre los recursos" del gobierno noruego. Será interesante ver cuántos de los montos comprometidos en proyectos de inversión paralizados en Noruega se redirigirán o transferirán a Chile durante el próximo año.