La visión conjunta de los salmonicultores que urge para destrabar la industria
El rechazo de las microrelocalizaciones, de concesiones deja al sector atrapado en un entramado burocrático y regulatorio de alta complejidad, lo que paraliza inversiones estratégicas en el sur austral.
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Representantes de SalmonChile, el Consejo del Salmón y Salmonicultores de Magallanes expusieron ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados que la imposibilidad de ajustar las concesiones mantiene congelado el desarrollo productivo y ambiental del sector hace más de una década.
Diagnóstico
Ante la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, las principales organizaciones gremiales de la salmonicultura chilena expusieron su balance sobre el complejo momento regulatorio que atraviesa la industria, poniendo un acento crítico en la imposibilidad de avanzar en las microrelocalizaciones tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC).
Durante su intervención, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, lamentó la decisión del TC y recordó que la propuesta legal había concitado un amplio consenso político y técnico tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado antes de su impugnación. “A nuestro juicio, se perdió una oportunidad histórica para modernizar normas, reducir trabas administrativas y avanzar en mejoras ambientales y sanitarias concretas que apuntaban al crecimiento sostenible”.
También profundizó en el diagnóstico sectorial advirtiendo que la paralización de estos ajustes espaciales mantiene estancadas más de 300 solicitudes de relocalización en el país, muchas de las cuales superan una década de tramitación burocrática sin respuesta efectiva. “En los últimos diez años solamente se ha autorizado una sola relocalización, lo que tiene prácticamente sin posibilidades de crecimiento a esta industria (...). Es importante conocer los fundamentos de la sentencia para buscar soluciones distintas a esta necesidad de certezas jurídicas”, puntualizó el dirigente gremial.
Por su parte, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, contextualizó la urgencia de reordenar las áreas de cultivo exponiendo el rezago acumulado que arrastra el sector productivo en las últimas dos décadas.
Seguel explicó que de 1.060 solicitudes de relocalización tramitadas desde el año 2010 a la fecha, apenas dos han logrado resolverse de manera favorable, lo que a su juicio grafica la rigidez de un sistema que no responde al estándar técnico contemporáneo.
“Las microrelocalizaciones buscaban límites sostenibles, no es ilimitado; es en la misma línea de cómo se está moviendo el mundo. Nos falta una política de Estado de largo plazo orientada a un crecimiento sostenible, competitividad e innovación”, manifestó Seguel.
Búsqueda de acuerdos y plataformas de futuro
La representante del Consejo del Salmón recalcó que el mecanismo de microrelocalización había logrado aglutinar el respaldo no sólo de mayorías parlamentarias de distinto signo político, sino también del mundo sindical y candidaturas de diversos sectores.
“La votación en el Congreso de lo que fueron las microrelocalizaciones muestra que hemos ido avanzando hacia amplias mayorías para hacernos cargo del desarrollo (...). Para nosotros no es un punto de llegada, para nosotros es la plataforma desde la cual debemos seguir construyendo el desarrollo de esta industria”, enfatizó Seguel.
En tanto, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, aportó una mirada territorial enfocada en el origen estructural del problema, destacando que el marco espacial de las concesiones quedó fijado bajo estándares productivos obsoletos. “El país dejó de apostar por la acuicultura hace 10 años, hace más de 15 años atrás. Es decir, el 86% de las 1.300 concesiones de acuicultura ya estaban otorgadas antes del 2010. Y esto explica la razón de las microrelocalizaciones”.
Odebret añadió que el rechazo de las microrelocalizaciones deja al sector atrapado en un entramado burocrático y regulatorio de alta complejidad, lo que paraliza inversiones estratégicas en el sur austral e impide adecuar las faenas a las mejores condiciones sanitarias y de conservación del lecho marino.
Pese a manifestar su estricto respeto al fallo judicial, los tres gremios acuícolas coincidieron en instar a los poderes del Estado y a los equipos técnicos a no abandonar la discusión y generar nuevas herramientas normativas que permitan ordenar la actividad acuícola bajo parámetros modernos de sostenibilidad.
