Arancel estadounidense tensiona competitividad y empleo de la salmonicultura chilena
La industria calificó el 12,5% como un “duro golpe”, mientras que los trabajadores, advirtieron posibles efectos laborales y el Gobierno busca excluir al salmón de la sobretasa.
Published
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado analizó el pasado 5 de agosto los efectos que podría generar en la salmonicultura chilena el aumento de 10% a 12,5% de la sobretasa aplicada por Estados Unidos a las importaciones nacionales. La sesión reunió a autoridades, representantes de la industria, dirigentes sindicales y parlamentarios, quienes abordaron las consecuencias comerciales y laborales de la medida, junto con las gestiones desplegadas para mejorar las condiciones de acceso al principal mercado del salmón chileno.
La discusión estuvo marcada por la alta exposición del sector al mercado estadounidense y por la preocupación respecto de cómo un mayor costo de acceso podría repercutir en competitividad, inversiones y empleo en las regiones productoras. Las distintas intervenciones coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones de acceso para el salmón chileno, mientras desde el Gobierno y la industria se detallaron las gestiones orientadas a conseguir que el producto sea incorporado al listado de bienes excluidos de la nueva sobretasa.
Acceso estratégico
Paula Esteves, subsecretaria de Relaciones Exteriores, explicó que Chile quedó entre las 41 economías sujetas al arancel de 12,5%, luego de que Estados Unidos evaluara que el país no cuenta con un mecanismo de prohibición de importaciones que cumpla con los criterios específicos utilizados en la investigación. La autoridad enfatizó, sin embargo, que la resolución estadounidense no determinó la existencia de trabajo forzoso en Chile ni estableció que el país importe bienes producidos bajo esas condiciones. “No corresponde leer el 12,5% como un juicio a nuestra relación bilateral con Estados Unidos”.
A partir de esa resolución, agregó Esteves, la estrategia chilena se trasladó hacia una negociación bilateral orientada a ampliar el número de productos exceptuados. Los equipos técnicos están revisando los bienes afectados y entregando antecedentes destinados a demostrar su relevancia para las cadenas de abastecimiento norteamericanas. “Lo que hemos enviado es una justificación, producto por producto”, sostuvo la subsecretaria, precisando que los alimentos del mar forman parte de la solicitud y que uno de los argumentos es que complementan la oferta estadounidense y generan actividad económica también en ese mercado.
Desde la industria, Patricio Melero, presidente de SalmonChile, calificó el escenario como “un duro golpe” para la salmonicultura, al advertir que el aumento arancelario presiona los costos y puede afectar su competitividad. El dirigente gremial recordó que Estados Unidos constituye un mercado determinante para el sector: durante 2025, las exportaciones chilenas de salmón hacia ese destino bordearon los US$2.600 millones. Por ello, sostuvo que cualquier deterioro de las condiciones comerciales puede proyectarse sobre una cadena productiva que involucra alrededor de 86 mil empleos directos e indirectos y más de 4 mil proveedores.
La petición concreta del gremio es que el salmón chileno sea excluido de la sobretasa. Melero argumentó que Estados Unidos depende ampliamente de las importaciones para abastecer su consumo y que Chile constituye su principal proveedor, sin competir directamente con una producción doméstica equivalente. “¿Qué razón hay de ponerle arancel a un producto que no compite con la economía ni con supuestos productores norteamericanos?”, cuestionó, señalando que el mayor costo terminaría repercutiendo sobre el consumidor sin fortalecer una industria local comparable.
La relación comercial, además, se extiende más allá de los embarques desde Chile. Empresas asociadas a SalmonChile mantienen oficinas y operaciones de procesamiento en distintos estados norteamericanos que, de acuerdo con Melero, generan aproximadamente 1.200 empleos directos. A ello se suma que la salmonicultura chilena utiliza genética, alimentos, productos farmacéuticos, tecnología y otros insumos provenientes de Estados Unidos.
Pese al nuevo escenario, el Tratado de Libre Comercio permite a Chile mantener ciertas ventajas frente a algunos competidores. La subsecretaria Esteves detalló que el país representa cerca del 45% de las importaciones estadounidenses de salmónidos, participación que aumenta al 63% en filetes frescos y al 53% en congelados. Noruega, en contraste, debe sumar a la sobretasa de 12,5% los aranceles base correspondientes a sus productos. “Lo que está en juego no es sólo una relación comercial relevante para Chile, también una cadena de abastecimiento importante para el propio mercado estadounidense”.
Impacto laboral
La preocupación por la competitividad adquirió una dimensión distinta entre los representantes de los trabajadores. Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, Ramas Afines y Pesquerías de Chile, advirtió que una mayor presión sobre los costos podría trasladarse hacia proveedores y prestadores de servicios, segmento que concentra una proporción relevante del empleo asociado a la actividad. Entre los riesgos mencionó menores contrataciones, eventuales desvinculaciones y negociaciones colectivas más complejas. “Perder competitividad y tener más aranceles finalmente va a redundar en una afectación directa a los trabajadores”.
Más allá de la contingencia, Santibáñez planteó que el escenario también obliga a fortalecer la coordinación entre empresas, trabajadores y Estado. En esa línea, puso énfasis en avanzar en capacitación, seguridad y formación laboral ante procesos crecientes de automatización y sistematización. Según sostuvo, incorporar de manera efectiva la visión de quienes trabajan en la industria permitiría construir una respuesta común frente al desafío comercial y, paralelamente, elevar las competencias y estándares laborales del sector.
Durante la sesión también surgieron cuestionamientos hacia organizaciones que han planteado ante instancias internacionales denuncias relacionadas con eventuales condiciones de trabajo forzoso en la salmonicultura chilena. Los dirigentes sindicales mencionaron particularmente las actuaciones de Fundación Libera y Ecocéanos, cuyos representantes expusieron antecedentes sobre esta materia en Estados Unidos, y lamentaron que los trabajadores no hubiesen tenido una participación equivalente para entregar su propia visión sobre las condiciones laborales del sector. A estas críticas se sumaron parlamentarios, quienes solicitaron conocer con mayor precisión los fundamentos de las denuncias, así como antecedentes respecto del financiamiento de las organizaciones involucradas y los eventuales efectos de sus actuaciones sobre la imagen del país y el empleo.
Por su parte, Miriam Chávez, secretaria de la Multisindical de Trabajadores de la Industria del Salmón y presidenta del sindicato de AquaChile en la planta de Calbuco, cuestionó las acusaciones sobre las condiciones laborales de las mujeres en las plantas de proceso desde su propia trayectoria en la actividad. “Llevo 25 años trabajando en la industria del salmón, soy jefa de hogar, eduqué a mis hijos con mi trabajo y sé cómo ha crecido y cómo ha progresado”, expresó. Chávez destacó además el importante número de jefas de hogar que se desempeñan en el sector y rechazó particularmente las afirmaciones sobre trabajadoras obligadas a utilizar pañales o mujeres embarazadas sin autorización para salir de sus puestos, asegurando que esas situaciones no corresponden a la experiencia que ha vivido durante su trayectoria laboral.
Desde Aysén, Abraham Abad, presidente del sindicato Mowi de esa región, puso el foco en los trabajadores que mantienen contratos colectivos y beneficios consolidados. Explicó que la búsqueda de eficiencias derivada de un mayor costo de exportación podría traducirse en ajustes de dotación o afectar componentes variables de las remuneraciones, como bonos productivos. “Para nosotros como trabajadores nos impacta de lleno”, afirmó Abad, quien recalcó además las dificultades particulares que supone sostener empleos de calidad en una región aislada y con altos costos de vida.
A esa inquietud se sumó Pablo Verasalud, asesor del sindicato Mowi Aysén, quien advirtió sobre una posible postergación de decisiones de inversión. Según explicó, iniciativas asociadas a nuevas pisciculturas, ampliaciones de plantas o incorporación de turnos adicionales podrían ser reevaluadas si aumenta la incertidumbre en torno a los costos. “Hoy día lo están pensando una, dos y hasta tres veces”, señaló, planteando que una menor inversión también limitaría la capacidad de crear nuevos puestos de trabajo en las regiones salmonicultoras.
Las intervenciones de los senadores Carlos Ignacio Kuschel, Alejandro Kusanovic, Miguel Ángel Calisto e Iván Flores reflejaron, por su parte, inquietudes respecto de la incertidumbre que introduce la nueva política comercial estadounidense y sus potenciales consecuencias para las regiones australes. Kuschel planteó que una sobretasa tiende a reducir el intercambio y termina afectando tanto al productor chileno como al consumidor estadounidense, mientras Calisto enfatizó la necesidad de resguardar una actividad determinante para las economías de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Con énfasis distintos respecto de las causas y alcances del escenario arancelario, las exposiciones confluyeron en la necesidad de recuperar mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense. Gobierno e industria mantienen así sus gestiones para que el salmón sea incorporado entre los productos exceptuados de la sobretasa, sustentando su posición en el papel de Chile como proveedor estratégico para un mercado altamente dependiente de las importaciones. “Estamos allegando información adicional de por qué el salmón chileno tiene que ser excluido”, remarcó Melero, situando esa negociación como uno de los principales desafíos inmediatos para la actividad.
