Salmonicultoras participan en reforma laboral
La prohibición del reemplazo en huelga es una de las mayores preocupaciones de la industria. El gremio, argumenta que esa limitación amenaza la continuidad del sector, fundamentalmente por problemas sanitarios y ambientales. “Nuestro proceso no puede parar, nosotros trabajamos con animales vivos. El mejoramiento genético del salmón, que finalmente es un patrimonio sanitario del país, se da de generación en generación. Si se detiene el proceso, lo que pasará es que el mejoramiento también se detendrá y se perderán años de trabajo. Este es un proceso cíclico que hay que cuidar”, argumentó Felipe Sandoval para La Tercera.
Además, se refirió a los riesgos de paralización de los trabajos en agua dulce, explicando que si las jaulas no reciben los tratamientos de limpieza adecuados, o si los procesos de traslado hacia el agua de mar se ven afectados, los peces podrían morir o debilitarse. Esto, podría causar el contagio de enfermedades a otras especies y hacia centros de cultivo aledaños. “Este en un proceso que tiene que ser continuo. De lo contrario, se generaría un problema sanitario, económico y patrimonial, pero también un problema social”, advirtió el ejecutivo.
Según antecedentes de Sandoval, la industria salmonicultora emplea, de manera directa e indirecta, entre 70 mil y 80 mil personas, de las cuales el 75% tiene contrato indefinido. La tasa de sindicalización, obedece al registro nacional, con una cifra del 14%, según cifras de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El presidente de SalmonChile, agrega que el ingreso promedio de los operarios del sector está cerca de los $400 mil, dejando fuera a ejecutivos, supervisores, técnicos y administrativos.
El proyecto que impulsa el gobierno, según informó La Tercera, eliminaría del actual Código Laboral la posibilidad de reemplazo de trabajadores en huelga, además de crear un mecanismo de excepción en caso de paralización en una empresa, como resultado de un proceso de negociación colectiva infructuoso. A la vez, se estipula que la Dirección del Trabajo sea la entidad que autorice a ciertas compañías a no interrumpir sus procesos productivos, definiendo así el número de trabajadores que requiere una firma para continuar operando.
Ante esta idea, Sandoval propone que “lo lógico sería que se establezca para una industria como la nuestra, un panel de expertos independientes y de alta calificación, el que debiese pronunciarse sobre nuestro planteamiento. Si nos da la razón, no habría que generar falsas expectativas en los trabajadores, de que podrían ir a la huelga, cuando no fuese así. Por lo tanto, quien debería resolver las diferencias entre el empresario y los trabajadores debería ser alguna instancia como, por ejemplo, el arbitraje”. Además, concluyó argumentando que para un inspector del Trabajo sería muy difícil determinar quiénes pueden y no trabajar en la industria salmonicultora.
