Fijan fecha para aprobación de demanda colectiva contra productores de salmón
Canadá: La pugna data de 2019 entre compradores canadienses y salmonicultores noruegos, ello, por una eventual fijación de precios.
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El 30 de noviembre, el Tribunal Federal de Canadá celebrará una audiencia para aprobar un acuerdo de US$3,83 entre compradores de salmón canadienses y salmonicultores con sede en Noruega acusados de fijación de precios, según anunciaron los abogados de los demandantes.
La activista contra la pobreza de Ontario, Irene Breckon, y el consumidor Gregory Sills han presentado una demanda colectiva contra productores de salmón Cermaq, Grieg Seafood, Lerøy, Mowi, SalMar y varias filiales de esas empresas desde 2019.
La acción de los demandantes es en nombre de “todas las personas en Canadá que compraron salmón Atlántico de cultivo y productos que contienen o se derivan de salmón Atlántico de cultivo comprados o vendidos en Canadá desde el 10 de abril de 2013”.
Sin admisión de culpa
Los términos del acuerdo de solución propuesto especifican que los productores de salmón no admiten ninguna alegación de conducta ilegal planteada en el proceso y niegan toda responsabilidad.
El acuerdo agrega que, si bien los demandados tienen “defensas buenas y razonables” contra las acusaciones, están resolviendo el caso “para lograr una resolución final y a nivel nacional de todas las reclamaciones que se han presentado o podrían haberse presentado”, y “para evitar mayores gastos, inconvenientes, la distracción de litigios onerosos y prolongados, y los riesgos asociados con juicios y apelaciones”.
El bufete de abogados Koskie Minsky anunció el pasado viernes la fecha de la audiencia de aprobación, que fue acordada entre los productores de salmón y los demandantes, pero aún está sujeta a la aprobación del Tribunal Federal.
El bufete de abogados dijo que los miembros del grupo del acuerdo (aquellos elegibles para una parte del pago) tienen la oportunidad de excluirse de la demanda colectiva.
En la audiencia de aprobación, se le pedirá al Tribunal Federal que apruebe un método para distribuir los fondos del acuerdo entre los miembros del grupo del acuerdo.
