La macrozona sur define prioridades políticas para la evolución del sector salmonicultor

En el contexto de un debate que se ha intensificado en la macrozona sur, diversos diputados y candidatos a la Cámara Baja, analizaron el futuro de la salmonicultura chilena, enfatizando que la continuidad competitiva del sector depende de certezas normativas, modernización regulatoria, coherencia ambiental y fortalecimiento de alianzas territoriales que permitan sostener empleo, inversión y salto tecnológico en las próximas décadas.

De esta manera, el diputado Alejandro Bernales, representante del Distrito 26 por el Partido Liberal, planteó que la actividad es motor de empleo, exportaciones y encadenamientos productivos y que la proyección de esta industria exige certidumbre regulatoria, reforzamiento de trazabilidad y continuidad de cambios legislativos que favorezcan el desarrollo tecnológico. En esa línea, recordó que el trabajo parlamentario reciente ha impulsado la permisología inteligente y AFIDE como instrumentos para otorgar garantías a la inversión, proteger el trabajo regional y facilitar innovación con foco en sostenibilidad.

Asimismo, el candidato a diputado Alejandro Riquelme, del Distrito 28 y militante del Partido Republicano, advirtió que la competitividad de Magallanes está condicionada por la ausencia de nuevas concesiones desde 2019, lo que contrasta con el caso noruego, que sigue asignando decenas de autorizaciones anualmente. Según indicó, el levantamiento de la moratoria debe ser abordado mediante estudios de capacidad de carga y mecanismos concursales transparentes, porque de lo contrario —señaló— se seguirá frenando inversión, debilitando empleos y restringiendo crecimiento futuro.

El diputado independiente Carlos Bianchi, también del Distrito 28, afirmó que Magallanes ya enfrenta esta discusión desde un estándar distinto, pues la industria representa el 7,9% del PIB regional y genera más de 3.500 empleos directos, especialmente en Puerto Natales. Bajo ese prisma, sostuvo que el desafío no es negar el rol económico del sector, sino fortalecer confianza pública mediante cumplimiento ambiental, encadenamiento territorial y seguridad laboral, todo ello bajo exigencias claras fijadas por la Ley de Pesca y Acuicultura.

A su vez, la candidata del Partido Republicano Claudia Reyes, del Distrito 26, afirmó que la industria generó transformaciones sociales profundas en comunas como Quellón o Puerto Aysén, reduciendo pobreza rural y abriendo oportunidades territoriales inéditas. Sin embargo, insistió en que la consolidación futura exige regulación moderna que otorgue certidumbres, fortalecimiento de confianza con comunidades y salto tecnológico —recirculación, energías limpias y digitalización— que permita competir en liderazgo global sin renunciar a trazabilidad y responsabilidad ambiental.

Por su parte, el diputado Jaime Sáez, del Frente Amplio y representante del Distrito 26, planteó que, si bien en una década hubo avances laborales, también emergieron pasivos ambientales relevantes, como escapes masivos y eventos de transporte contaminante, junto con brechas de exigencias en proveedores críticos como lavado de redes. Según sostuvo, la clave está en el ordenamiento maritorio, la planificación participativa y el desarrollo offshore como vía concreta para reducir antibióticos, disminuir presión bentónica y bajar costos operacionales.

Asimismo, la diputada Marcia Raphael, de Renovación Nacional y representante del Distrito 27, afirmó que —tras la crisis del ISA— subsisten restricciones normativas que hoy impiden modernización y frenan pilotos tecnológicos por rigideces o dobles exigencias administrativas. En ese sentido, sostuvo que la consolidación estratégica requiere destrabar relocalizaciones, habilitar nuevas áreas para concesiones y robustecer encadenamientos regionales, especialmente en un contexto donde el cambio climático y las FAN exigen respuestas preventivas articuladas.

Finalmente, el diputado Mauro González, de Renovación Nacional y representante del Distrito 26, indicó que la permisología es actualmente la barrera más determinante para innovación y modernización, y que simplificar autorizaciones es una condición estructural para viabilizar sostenibilidad de largo plazo. Según precisó, la salmonicultura es columna vertebral del sur, pero su motor real es la fuerza laboral, agregando que los gremios mantienen deudas pendientes en acciones concretas con los trabajadores que sostienen la actividad.

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