El proyecto que sanciona penalmente a todos quienes participen en el tráfico ilícito de salmón
La iniciativa pretende castigar a quienes participen en estas redes ilegales de productos del mar, en su cadena completa, y perseguir a los que lucran de este negocio criminal.
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Un grupo de senadores presentó un proyecto de ley que busca sancionar penalmente el tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos como el salmón, ello, tras la "Operación Nereida" en que el Ministerio Público en conjunto con la Policía de Investigaciones desbarató una banda dedicada a la comercialización ilegal de estos productos del mar.
Actualmente, según la iniciativa, “la persecución penal de estas conductas se ve obligada a recurrir a figuras dispersas, como falsificación de instrumentos públicos, cohecho, lavado de activos, delitos sanitarios o infracciones establecidas en la legislación pesquera. Sin embargo, ninguna de ellas permite recoger de manera integral el núcleo del problema, que es la existencia de una cadena criminal destinada a traficar recursos hidrobiológicos de origen ilícito e introducirlos en el mercado, obteniendo ganancias millonarias y afectando gravemente el interés público”.
Por lo mismo, indican, resulta necesario crear un tipo penal especial en la Ley General de Pesca y Acuicultura que sancione de manera autónoma a quienes participen en el tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos. Esta figura debe comprender no solamente a quienes extraigan ilegalmente estos recursos, sino también a quienes los adquieran, transporten, almacenen, oculten, transformen, comercialicen, documenten falsamente o introduzcan en el mercado, sabiendo o no pudiendo menos que saber su origen ilícito.
“El presente proyecto propone incorporar en la Ley General de Pesca y Acuicultura un delito especial de tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos, destinado a castigar a quienes participen en estas redes de extracción, transporte, almacenamiento, ocultamiento, falsificación documental, comercialización o introducción al mercado de recursos de origen ilegal”, dan a conocer en el documento.
Se propone así sancionar este delito con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio por la especial gravedad de estas conductas, que ponen en peligro distintos bienes jurídicos protegidos. “No se busca criminalizar al pescador artesanal ni sancionar con penas desproporcionadas infracciones menores o aisladas. Lo que se pretende es perseguir a quienes forman parte de redes organizadas que han hecho del tráfico de recursos hidrobiológicos un negocio criminal, lucrando a costa del patrimonio natural del país, de la salud de las personas y del correcto funcionamiento de las instituciones públicas”.
Adicionalmente, sostienen, se propone agregar este delito en la Ley N° 20.393 que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas para castigar también a las empresas que participen en este tipo de ilícito con las sanciones que en ella se establecen. Hoy día necesitamos entregar al Ministerio Público, a las policías y a los tribunales herramientas eficaces para investigar y sancionar estas conductas. “Si el Estado no actúa con decisión, el problema que se puede suscitar es que estas organizaciones continúen expandiéndose, corrompiendo controles, afectando mercados legítimos y debilitando la confianza ciudadana en la capacidad del país para proteger sus recursos estratégicos”.
La creación de este nuevo tipo penal, aseguran, “permitirá reconocer expresamente que el tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos constituye una forma grave de criminalidad organizada y económica. Además, fortalecería la persecución penal, facilitaría la investigación de toda la cadena delictiva y entregaría una señal clara de que Chile no tolerará que sus recursos naturales sean explotados ilegalmente por redes criminales”.
“Esta reforma debe entenderse como una medida necesaria para proteger la seguridad alimentaria, la salud pública, la sustentabilidad ambiental, la probidad administrativa y el orden público económico. En definitiva, se trata de impedir que el crimen organizado siga utilizando nuestros recursos hidrobiológicos como una fuente de financiamiento ilícito y de asegurar que una actividad tan relevante para Chile se desarrolle dentro de la legalidad, con control efectivo y con pleno respeto al interés nacional”, recalcan.
