Raúl Súnico, ex subsecretario de Pesca y Acuicultura.

Raúl Súnico y la Ley de Pesca y Acuicultura

Chile: "La moción de los diputados tuvo la virtud de abrir el debate", aseguró el subsecretario, pese a ello, asegura que anular la actual legislación sería un acto inconstitucional y perjudicial para la industria. Añadió que por medio de la mesa de trabajo, que se retomará en marzo, el Gobierno está en disposición de modificar la ley.

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Como “una oportunidad para discutir sobre el futuro de la pesca en el país”. Así ve el ministro (s) de Economía y subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, la discusión que está sobre la mesa luego de la polémica por la iniciativa de un grupo de Diputados que busca derogar la actual ley que regula a esa industria. La autoridad tiene todas las fichas puestas en lo que pudiera resultar de la mesa de trabajo conformada con parlamentarios de la Nueva Mayoría, que ya tuvo un primer encuentro y que debiese retomar sus reuniones durante la segunda semana de marzo, según informó Pulso.

En la instancia, indica Súnico, la autoridad estará abierta para discutir iniciativas y realizar reformas a la ley, pero en ningún caso para dejarla sin efecto.

Ya pasada un poco la polémica ¿Cuál es la postura del Gobierno frente al posibilidad de anular la Ley de Pesca?

Lo primero es que nosotros consideramos que la anulación de Ley de Pesca es inconstitucional y esperamos que en el debate que va a haber en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, este criterio sea ratificado. Nosotros somos partidarios de reformar la ley, somos críticos de la Ley de Pesca, hemos impulsado cambios que ya se han aprobado legalmente, hay un conjunto de otros cambios que están en tramitación en el Congreso, y además de eso hemos contratado la asesoría de la FAO para que revisen nuestras legislaciones y la compare con la mejor experiencia internacional. (...)  Esto, en paralelo a la constitución de esta mesa de trabajo con los parlamentarios, que vamos a iniciar en marzo, ya tuvimos una primera reunión en donde vamos con toda la disposición de conversar cada uno de los temas que apunten a mejorar la legislación pesquera.

¿Qué fue lo que se habló en esa primera reunión?

Básicamente la voluntad de las partes, tanto de los parlamentarios como del Gobierno de tener agenda abierta, de analizar todas las propuestas que se pongan sobre la mesa y colocar los argumentos a contar de marzo para tener una modificación lo más consensuadas posibles a la legislación pesquera.

¿El Gobierno ha considerado hacer una mesa de trabajo con los productores?

Nosotros tenemos permanente diálogo tanto con los pescadores artesanales como con los industriales, y por lo tanto conocemos perfectamente cuáles son esas demandas, y sin duda en el proceso de la evaluación de la ley ellos van a ser considerados en un proceso de construcción de la legislación.

¿Cuáles son los cambios de los que usted habla?

Nosotros hemos introducido la creación de un instituto de desarrollo sostenible de la pesca artesanal que aumenta el presupuesto de 7.000 a más de 25.000 millones en régimen para diversificar la actividad productiva de los pescadores artesanales de una manera de asegurar la sustentabilidad de los recursos. Uno no le puede decir a los pescadores le vamos a disminuir la cuota en un 50% y no tener una alternativa, entonces parte importante de nuestra política es generar instrumentos que permitan diversificar los ingresos de la pesca artesanal, y para eso está un proyecto de ley que se encuentra ya en la Comisión de Hacienda del Senado que es el subsidio al repoblamiento y el cultivo de algas. Tenemos también ingresado un proyecto de ley que regulariza las caletas pesqueras para que sean administradas por los pescadores artesanales. Y hemos ingresado un proyecto de ley al Congreso que moderniza la labor de fiscalización del Sernapesca para controlar de mejor manera la pesca ilegal.

¿Hay otros cambios que se están evaluando a futuro? 

Nosotros vamos con agenda abierta, se ha planteado el tema de las licencias transables, se ha levantado el tema de los pescadores bentónicos, los buzos, los que sacan los mariscos en el litoral, se ha planteado reformas al sistema de investigación, hay distintas materias, la duración de las licencias, hay una serie de materias que vamos a tener seguramente espacio para discutir y argumentar en los meses que viene.

¿Cómo recibieron cómo Gobierno la iniciativa considerando que vino de parte de parlamentarios de la Nueva Mayoría?

Nosotros creemos que esa moción o proyecto de ley ha tenido una virtud. La virtud es abrir un debate en un tema que es de interés nacional y que no siempre está en la discusión de los medios de comunicación y por lo tanto nosotros lo tomamos más bien como una oportunidad para discutir sobre el futuro de la pesca en el país, sobre la sustentabilidad de los recursos pesqueros y sobre un sistema de vida que representa más de 100 mil familias que viven de esta actividad económica. Creemos que sí que el camino no es la anulación, estamos convencidos de que no hay facultades en el Congreso para llevar adelante ese camino, pero yo lo tomo como una oportunidad para tener un debate serio, razonado respecto a la legislación pesquera.

¿Es perjudicial para la industria el que se llegara a anular esta ley?

Nosotros consideramos que anular la Ley de Pesca tiene efectos negativos por cuanto volveríamos a la ley del año 1991 y los pescadores artesanales perderían también muchos derechos que han ido conquistando, y porque volvemos a un régimen en el que el más fuerte es el que pesca más y el más débil termina perdiendo, por eso nosotros creemos que no es el camino. El camino es definir exactamente qué se quiere reformar y para eso vamos con la mente abierta a recibir propuestas, evaluar esas propuestas y buscar los consensos con las bancadas para poder impulsarlos como proyectos de ley, pero dejar en un vacío institucional no resulta razonable desde ningún punto de vista ni para los pescadores artesanales, ni para la actividad económica.

¿Y para la institucionalidad del país?

Nosotros creemos que la Constitución no genera herramientas para anular la ley, pero además tiene este otro efecto que es un efecto de desregulación, de pérdida de marco jurídico por el cual se mueven los distintos actores de la pesca. Por eso es que nuestro camino son las reformas a la ley y construir los acuerdos siendo totalmente abiertos y disponibles a convencer y ser convencidos en estos debates que vienen.