SMA afirma que la salmonicultura chilena está siendo más proactiva ambientalmente

Desde el 2013 a la fecha, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha realizado 71 procedimientos sancionatorios contra el sector pesca y acuicultura, el 10,8% del total nacional. El 73,2% de estos procesos tienen que ver con proyectos emplazados en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, zonas de fuerte actividad salmonicultora en Chile.

Luego de un peak de 20 procedimientos sancionatorios durante el 2016, la SMA dio a conocer que en el 2017 la cifra bajó hasta 8 procesos contra los sectores pesca y acuicultura y en lo que va del 2018, se contabilizan 5. Asimismo, la autoridad ha recibido 57 Programas de Cumplimiento desde el 2013, de los que 48 fueron aprobados, 5 están en análisis y 4 se rechazaron.

En entrevista con Salmonexpert, el superintendente del Medio Ambiente (S), Rubén Verdugo, afirmó que, en el último tiempo, se observa que la industria salmonicultora nacional está entrando a un ciclo de mejoramiento ambiental continuo, para evitar que se produzcan conductas que lleven a un procedimiento sancionatorio de la entidad fiscalizadora.

“Durante este año y el siguiente, con este sector vamos a entrar al momento en que empiezan a bajar considerablemente las desviaciones detectadas en sus distintos proyectos, porque los titulares de las iniciativas están siendo bastante más proactivos en mejorar sus aspectos ambientales y no sólo sanitarios”, aseguró Verdugo.  

Es positivo que esté mejorando el comportamiento ambiental de los salmonicultores, pero a su vez, en el sector ven como un desafío a superar la existencia de muchas entidades de fiscalización que podrían estar consolidadas en una sola para no duplicar procesos. ¿Qué opina al respecto?

Es un buen punto que considerar, ya que este y otros sectores debiesen ir avanzando hacia lógicas de países más desarrollados, generando “Ventanillas únicas” que permitan a los reguladores realizar una mejor fiscalización y a los titulares lograr un cumplimiento más completo. No tiene sentido que una empresa se vista de una manera para el ámbito sanitario y de otra para el ambiental. Hoy ambos aspectos no se pueden separar, están totalmente vinculados, por ello necesitamos normativas más sistémicas para avanzar a proyectos sustentables, evitando duplicidades de acción.  

¿Cómo opera un sistema de “Ventanilla única”?

Opera así: con regulaciones sectoriales que existen, el titular de un proyecto ingresa la información a través de “Ventanilla única” y está se distribuye entre los distintos organismos fiscalizadores, los que, de manera conjunta, muy coordinada, la analizan adecuadamente y el permiso respectivo sale por esa misma “Ventanilla única”. Esto va en línea con lo que ha dicho el Ministerio de Economía, en cuanto a reformar el Servicio de Impacto Ambiental. Y aprovecho de señalar también que no podemos generar aprobaciones a iniciativas “Escritas sobre piedra”, pues la empresa requiere cierta flexibilidad para ceñirse a la realidad de su área productiva, siempre y cuando aquello no represente consecuencias negativas para el mercado.

¿Y se ha hecho algún esfuerzo en esa línea?

Sí, con Sernapesca, Subpesca, Directemar y el Minsal hemos generado mesas de trabajo donde, pese a que existen distintas normativas por organismo, nos coordinamos en la acción fiscalizadora en temas de contingencia como el florecimiento de algas nocivas (FAN) para que el titular de un proyecto no deba entregar, por el mismo asunto, información a la entidad estatal A, B y C.

Asimismo, generamos una “Ventanilla única” para la declaración de contingencias como el FAN de los titulares de proyectos acuícolas, sistema que opera desde 2016. De este modo, la empresa no debe declarar a varios servicios una situación particular, sino que en un solo módulo. Esta es una tendencia que no tiene vuelta atrás en el país.

En tanto, expertos indican que las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFAs), al ser privados contratados por el Estado para inspeccionar a otros privados, existen peligros de malas prácticas que pueden afectar la sustentabilidad. ¿Cómo se evitan dichas irregularidades?

Evidentemente, aunque uno tenga establecidos todos los mecanismos de control, si va a ocurrir algo fuera de la ley, pasará igualmente. Las ETFAs tienen dos vertientes: la primera es tomar muestra y hacer análisis, para lo cual contratamos sus servicios colocando exigencias tales como que no tengan vinculación con el titular del proyecto y transparencia absoluta en la información proporcionada.

La segunda es cuando son utilizadas por los titulares para hacer seguimiento ambiental, proceso donde las ETFAs tienen más actividad. Pese a que hay vinculación entre privados en este caso, instauramos condiciones tales como que estén autorizadas por nosotros, acreditadas por normas específicas para actuar por el Instituto Nacional de Normalización, INN.  

Y entre los mecanismos de control que aplicamos, están el ir en forma conjunta con las ETFAs para ver la técnica que usan en terreno y también les mandamos una muestra ciega, donde deben enviarnos los resultados y allí observamos la conducta analítica del laboratorio, en el caso del sector salmonicultor. La misma regulación empleamos para los que prestan servicios a Sernapesca.

¿Han detectado ilícitos de las ETFAs?

Si las ETFAs incurren en ilícitos, podemos quitarles su permiso y quedarían fuera del mercado ambiental. Hasta el momento no ha ocurrido eso, pero sí hemos disminuido los alcances de su trabajo, cuando encontramos elementos de trabajo que no están suficientemente cubiertos y mientras la entidad no demuestra que puede mejorar esta situación.

Hemos recibido denuncias, también, y las analizamos, porque sabemos que este no es un sistema perfecto, tiene que ser perfeccionado. Por eso, además, materializamos mesas de trabajo con los laboratorios, en el caso de la fiscalización de las ETFAs a la industria salmonicultora, para darles cuenta de cosas que tienen que ser mejoradas.