ONGs multiplican procesos contra la salmonicultura en Tribunales Ambientales
Organizaciones como Greenpeace, Fima, Aida, Terram, entre otras, están llevando a cabo numerosas acciones contra la industria surgiendo interrogantes sobre la arremetida.
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En un número récord se encuentran los procesos salmonicultores judicializados, sobre todo, en el Tercer Tribunal Ambiental, en los cuales permanentemente está la presencia de ONGs. Las últimas empresas afectadas fueron Cooke Aquaculture, con la paralización de su centro Huillines 3 y otros más en la Región de Aysén y en donde además de la SMA se hizo parte Greenpeace; y Australis Seafoods pues se le anuló un permiso en Magallanes tras el impulso de comunidades indígenas y de Fima, Aida y nuevamente de Greenpeace.
Pero estas compañías, que apelarán a dichas decisiones ante la justicia, no han sido las únicas afectadas. Fundación Terram presentó una reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental, que se acogió a trámite, contra el plan de cumplimiento aprobado por la SMA a Cermaq Chile en su centro Estero Riquelme y busca que se sancionen conductas como producción por encima de lo permitido que estarían siendo subsanadas por la empresa como lo permite la ley.
Y la misma Fundación Terram, a través de publicaciones en distintos medios, ha acusado que AquaChile está produciendo sobre lo permitido, antes de que entidades como la SMA den a conocer resultados al respecto después de las posibles investigaciones.
Luego, se repite el nombre de la Greenpeace, que en el mismo Tercer Tribunal Ambiental inició un procedimiento para invalidar el programa de cumplimiento que ha estado llevando a cabo Australis Seafoods por sobreproducción de salmones. Lo mismo reclaman, en igual entidad, la Comunidad Indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, liderada por Leticia Caro, y el Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna.
Y últimamente, también el Tercer Tribunal Ambiental, Australis Seafoods levantó reclamación en contra de la SMA buscando corregir “la situación de indefensión en la que se encuentra” en el contexto de un proceso sancionatorio, en el marco del cual la resolución denegó la petición de reformulación y recalificación de una formulación de cargos respecto al centro de cultivo Estero Retroceso.
En similar situación están empresas como Novofish, por la reclamación de la Agrupación Siete Islas en Defensa de la Biodiversidad y su Ecosistema, en contra de uno de sus proyectos; y Acuícola Dalcahue que presentó recurso en el Tercer Tribunal Ambiental por la sanción de la SMA a su Piscicultura Chesque Alto.
Frente a esto, el cientista político y experto en temas ambientales, Carlos Martínez, señaló a Salmonexpert que en vista de las últimas noticias que llegan sobre la conflictividad ambiental, y la permisología en Chile, “es evidente que el área de la salmonicultura es una de las que está viviendo su mayor complejidad. No hay semana que no aparezca algún documento con acusaciones bastante serias, como sobreproducción, actividad fuera de lugares permitidos, entre otras cosas”.
“Lo anterior va acompañado de las solicitudes de ECMPO, mediante la Ley Lafkenche, y ni la minería está experimentando una conflictividad tan grande como la salmonicultura ya que la mayoría de las ONG más grandes han centrado su puntería en esta industria acuícola”, dijo al respecto el especialista.
Respecto a las ONGs, según Martínez, “permanentemente aparece el tema de la falta de transparencia de los fondos que reciben para estas campañas, en eso llama la atención que el crecimiento de fondos para estas organizaciones ambientales en Chile provenientes de Estados Unidos sea para aspectos que están en conflicto con la salmonicultura, de hecho, es casi un 50% de las platas totales”.
