Blumar invertirá en caletas pesqueras, educación y monitoreo ambiental como parte de acuerdo judicial
El Tribunal aprobó la suspensión condicional del procedimiento, ligado a hundimiento de jaulas y escape de salmones en 2020, con compromisos de inversión social y ambiental a cumplirse en 18 meses.
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En el Juzgado de Garantía de Puerto Montt se desarrolló ayer la audiencia en que se resolvió la salida alternativa para la empresa Blumar, investigada por infracción al artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura debido al hundimiento de 16 jaulas y el escape de peces en su centro de cultivo Caicura, ubicado en la comuna de Hualaihué.
El incidente, registrado en 2020, motivó un proceso judicial que incluyó diversas instancias de formalización y la exigencia de contactar tanto a pescadores artesanales de la zona como a organismos fiscalizadores, con el objetivo de evaluar eventuales impactos ambientales y sociales.
Durante la audiencia, el fiscal adjunto Mario de la Fuente explicó que se cumplieron los requerimientos del tribunal respecto de la consulta a las caletas afectadas y de la recopilación de informes de la Superintendencia del Medio Ambiente y de Sernapesca. En particular, destacó que los sindicatos de pescadores artesanales, representados por José Alvarado, manifestaron que “los recursos hidrobiológicos no sufrieron alteraciones, y actividades como la extracción de merluza o congrio se realizan de manera normal, salvo la dificultad de faenar en la zona donde se hundieron estructuras, porque estas atrapan los implementos de pesca y generan pérdida de materiales”.
Por parte del Consejo de Defensa del Estado, el abogado Rodrigo Tejos precisó que tanto Sernapesca como la Superintendencia del Medio Ambiente entregaron observaciones que fueron incorporadas por Blumar en la propuesta de salida alternativa. “Estamos de acuerdo con los términos que recoge la empresa, los cuales incluyen compromisos de inversión social y de monitoreo ambiental. Sernapesca no manifestó disconformidad y la Superintendencia valoró la continuidad de un programa de monitoreo ambiental desarrollado por el Centro i-mar de la Universidad de Los Lagos, que garantiza independencia técnica”, afirmó el querellante.
En su presentación, el fiscal De la Fuente detalló las tres condiciones principales que deberá cumplir Blumar durante los próximos 18 meses. La primera de ellas corresponde a la creación de un fondo por un monto no inferior a $130 millones, destinado a diez caletas de pescadores aledañas al área del hundimiento, como Anáhuac, Pichipelluco, Astillero Gutiérrez, Rolecha, Quitén, La Poza, Contao, Mañihueico, Puelche y Caicura.
La segunda condición se orienta al ámbito social y considera un aporte no inferior a $85 millones a la Escuela Rural de Mañihueico, en la comuna de Hualaihué. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, estos fondos permitirán levantar una infraestructura abierta y techada para actividades pedagógicas y comunitarias, además de mejorar instalaciones como el huerto, el invernadero, el sistema de compostaje y un punto limpio. “La idea es apoyar a la comunidad escolar en un proyecto integral que combine educación, recreación y sostenibilidad”, precisó el fiscal.
El tercer compromiso corresponde al monitoreo ambiental de la zona afectada, con un presupuesto no inferior a $120 millones. El plan contempla mediciones mensuales de parámetros físico-químicos del agua y de los sedimentos marinos, el seguimiento de especies de fitoplancton productoras de toxinas y la instalación de boyas de observación. “El objetivo es mantener bajo control y observación el estado del medio marino en el sector donde se produjo el hundimiento, con informes periódicos desarrollados por el Centro i-mar y complementados por consultoras especializadas”, apuntó De la Fuente.
El magistrado Cristiano Alfonso hizo hincapié en la precisión de la primera condición, señalando que el fondo debía ser distribuido de manera más clara para evitar controversias entre las caletas. “La suspensión condicional requiere obligaciones determinadas, con montos específicos por caleta y plazos ajustados”, indicó el juez.
Certeza de ejecución
En respuesta, el abogado defensor Pablo Ortiz sostuvo que la propuesta de división igualitaria responde a la necesidad de simplificar el acuerdo. “Muchas de estas caletas tienen mayores gastos porque deben avanzar en trámites regulatorios y mejorar su infraestructura. Por ello, estimamos que la distribución equitativa de $13 millones para cada una es la forma más adecuada de cumplir con los compromisos y entregando certeza de ejecución”, explicó el defensor, subrayando que la empresa mantiene un vínculo permanente con los sindicatos a través de su área de asuntos comunitarios.
Es así que se determinó que dichos recursos serán distribuidos de manera igualitaria, y podrán financiar desde infraestructura marítima y terrestre hasta asesorías técnicas para la regularización normativa de áreas de manejo.
Tras un intercambio entre las partes, el magistrado resolvió aprobar la suspensión condicional del procedimiento, extendiendo el plazo de supervisión total a 24 meses, aunque con la exigencia de que las tres condiciones se encuentren cumplidas dentro de los primeros 18 meses. Además, ordenó que Blumar presente informes trimestrales al tribunal para dar cuenta de los avances. “Se han adecuado las condiciones a los requerimientos de Sernapesca y de la Superintendencia del Medio Ambiente, y se han escuchado a las caletas involucradas, por lo que corresponde aprobar la salida alternativa”, dictaminó el juez.
Finalmente, el representante legal de Blumar, aceptó formalmente los términos de la resolución, comprometiéndose a ejecutar inversiones sociales y ambientales que superan los $330 millones. Con esta decisión, la empresa se acoge a una salida alternativa que busca no solamente reparar eventuales daños asociados al hundimiento, sino también fortalecer el vínculo con las comunidades costeras y garantizar un monitoreo ambiental permanente bajo la supervisión de organismos científicos externos.
