“Este proceso no sólo afecta a Cooke Chile, sino que también al 30% de todas las concesiones”

Las ONG Greenpeace y Terram buscan que se cierren total y definitivamente los centros Huillines 2 y Huillines 3, frente a lo cual, la salmonicultora acusó a estos "ambientalistas extremos" de destrucción.
Recientemente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resolvió clausurar los centros de salmones Huillines 2 y Huillines 3, pertenecientes a Cooke Aquaculture, tras acreditar que la empresa introdujo “modificaciones sustantivas” a sus proyectos sin contar con Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
Además de la clausura temporal, la sanción incluyó además una multa de US$14 millones, por presuntas infracciones ambientales. En paralelo, ONG Greenpeace y Fundación Terram recurrieron al Tercer Tribunal Ambiental, para pedir el cierre total y definitivo de los centros de cultivo.
Frente a las reclamaciones interpuestas por las organizaciones ambientalistas Greenpeace y Terram, el gerente general de Cooke Chile, Andrés Parodi, indicó que “no extraña que estos grupos de activismo, mal llamados ambientalistas, cuyos financistas desconozco, busquen denostar a las empresas acuícolas. Estas reclamaciones son una muestra irrefutable de la intención declarada del ambientalismo extremo de atacar las fuentes de trabajo en el sur del país”.
El ejecutivo manifestó que “Cooke ha demostrado en el proceso que no causó daño alguno al medio ambiente, que cumplió el 100% de los requisitos establecidos por las autoridades sectoriales para desarrollar su actividad y que, siendo una de las empresas más pequeñas de la industria, ha demostrado su compromiso con el medio ambiente, siendo incluso la única empresa en el país que produce salmón orgánico certificado”.
Al respecto, reflexionó que “con estas actuaciones, el país entiende el daño que ciertas ONGs ambientalistas han hecho tanto a la industria salmonicultora como a otros sectores productivos, privilegiando sus propios intereses por sobre los de personas de carne y hueso, que trabajan con esfuerzo en zonas extremas del sur de Chile para llevar el sustento a sus familias. Las autoridades de gobierno y sus instituciones debieran recordar que se deben a su gente y al bienestar de su pueblo y no al revés”.
Andrés Parodi insistió en que “este proceso no sólo afecta a Cooke Chile, sino que también al 30% de todas las concesiones de mar. A través de estas expropiaciones indirectas, lo que se busca es eludir el imperio del derecho y, de forma administrativa y por la puerta trasera, jibarizar esta industria a pesar de que ofrece miles de trabajos formales e inyecta divisas por billones de dólares al país cada año”.
Por último, el gerente general de Cooke expresó que “confiamos en que, finalmente, los hechos, la ley, la ciencia y la razón se impongan sobre la ideología, el odio y la arbitrariedad que Cooke ha sufrido desde el inicio de este proceso”.