“… la inversión privada sin un socio como el Estado es muy difícil de concretar”

Las diversas propuestas de cambio a las actuales leyes de excepción que rigen en la zona sur del país han despertado las más extremas percepciones, desde su valoración positiva hasta la manifestación de gran incertidumbre en los propios habitantes del territorio que acogió alguno de los beneficios, como es el caso de quienes son amparados por la Ley Navarino, según informó La Prensa Austral.

A raíz de las últimas controversias en torno al tema, el presidente del gremio salmonicultor de Magallanes y gerente regional de la empresa Nova Austral, Drago Covacich, se mostró preocupado ante lo que considera una postura poco clara desde la autoridad, al momento de plantear modificaciones a esta ley de incentivo que rige a Tierra del Fuego y las consecuencias de esto para la ciudadanía.

Ley Navarino

La Ley N° 18.392, publicada en Diario Oficial del 14 de enero de 1985, estableció por un período de 50 años una serie de franquicias tributarias y aduaneras a favor de los contribuyentes radicados fundamentalmente en la isla de Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y parte de la costa sur del estrecho de Magallanes.

Las beneficiadas, por cierto, han sido todas aquellas empresas con exclusiva dedicación a las actividades industriales, mineras, de explotación de riquezas del mar, transporte y turismo, siempre que su funcionamiento signifique la racional utilización de los recursos naturales y que se asegure la preservación de la naturaleza y del medio ambiente.

Todas, por cierto, exentas de Impuesto Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta por utilidades devengadas o percibidas en sus respectivos ejercicios comerciales.

El beneficio contempla la bonificación del 20% del valor de los bienes producidos por ellos o del valor de los servicios prestados -según se trate- que se efectúen o presten desde el territorio beneficiado al resto del país.

Su ampliación

Inicialmente, esta ley sólo existía en la comuna de Timaukel además de la provincia Antártica ¿Por qué se amplió?  

“Eso fue debido al éxodo de personas en la comuna de Porvenir y la isla, en general, y al fracaso de la ley N° 19.149 (Ley Tierra del Fuego), que fue el primer intento una vez regresada la democracia, de parte de los ciudadanos, legisladores y autoridades de la época de revertir la situación de abandono. Lamentablemente, el instrumento no generó el desarrollo que se esperaba.

Por eso, en el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se optó por ampliarla a toda Tierra del Fuego. Esto ocurrió el año 1999 y el año 2000 se inició la instalación de empresas en su mayoría pequeñas, muchas del rubro textil y algunas procesadoras de recursos del mar.

¿Cuál ha sido el resultado?

Tenemos 15 años de esta ley y muchas de esas empresas hoy no existen porque, a pesar de los incentivos, no fueron competitivas y cerraron. Hay que mencionar el fraude de una de ellas, situación a la que siempre estamos expuestos y el país es testigo de situaciones similares. Por ello, los mecanismos de control deben funcionar, como también hay empresas que hemos desarrollado nuestra actividad de cara a la comunidad y no necesitamos de una ley laboral para obligarnos a generar más sindicalización.

Algunos valoran estudios del 2007 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que darían luces para analizar la normativa actual, ¿qué le parece?

Cuando se hizo el estudio de BID (2004/2005), la ley estaba recién ampliada al norte de la isla. Ninguna ley, por más que incentive la inversión, si no viene acompañada de políticas públicas acordes a ese desarrollo va a generar lo esperado. Sólo en los últimos años hemos visto esa conversación y ha permitido la construcción de liceo, urbanización, hospital y viviendas, sobre todo en estos últimos años. Eso es debido a políticas públicas y una industria que permite dar estabilidad laboral, hoy tenemos un 50% más de habitantes que el censo del 2002.

¿Cuál es su interpretación al respecto?

Creo que debemos separar la isla del resto. La gran duda es cómo incentivarán la nueva inversión privada sin un apoyo del Estado, tal vez no se quiera hacer y dejar todo en status quo hasta que venza el contrato ley (año 2035) y sólo sea inversión pública. Son muy importantes las señales que dé la autoridad y es necesario que fije claro su postura de qué quiere hacer con Tierra del Fuego y sus habitantes”.

Se acusa que la revisión de las leyes de excepción provocará un desincentivo a la inversión industrial en Tierra del Fuego.

Creo que nadie se opone a que los incentivos sean estudiados y acomodados, ‘para incentivar nuevas inversiones’, manteniendo las condiciones a las que ya están desarrollando su actividad, pero debemos ser claros con la información. Aproximadamente el 84% del total otorgado en beneficios son contratos vigentes con el Estado de largo plazo hasta el año 2030 (Zona Franca) y 2035 (Ley Navarino).

¿Papel clave es entonces el que juega el Estado en esto?

Al sur del estrecho de Magallanes, la inversión privada sin un socio como el Estado es muy difícil de concretar. El mejor ejemplo lo tenemos con nuestros vecinos (argentinos) que, sin importar las condiciones económicas del país, protegen sus zonas extremas.

Referente a la región, dicen que Magallanes ‘ya no se industrializó’. Eso llama poderosamente la atención ya que sólo en nuestro sector (crianza de salmones) con las concesiones en trámite y las otorgadas, en los próximos cinco o seis años se van a requerir aproximadamente 10.000 metros cuadrados en plantas de proceso; dos o tres pisciculturas; 20 o 30 centros de cultivo, con inversiones en torno a los US$ 200 millones. Para esto, se requerirá apoyar a las empresas de servicio. Sin industria, ¿a quién le van a dar el servicio?.

¿Cuál sería el diagnóstico final?

Al sur del estrecho de Magallanes, atraer inversiones con la sola exención del IVA se ve difícil, a no ser que sólo se quiera promover inversión pública que favorece a un sector de la economía y que, además, nos deja muy expuestos cada año al presupuesto de la nación.

Tenemos un horizonte claro con respecto a la Ley Navarino y a las empresas que firmamos dichos contratos/ley, nos quedan 20 años, lo cual creo aún es un buen plazo para realizar inversiones.

¿En qué pie está la industria salmonera?

Nuestro sector hoy vive una crisis a nivel nacional por condiciones sanitarias y comerciales, debido a la sobre producción en algunas áreas. En nuestra región, no ocurre aquello porque estamos mejor distribuidos y las bajas temperaturas y condiciones oceanográficas ayudan a que no ocurra, pero debemos trabajar en el mapa final y para ello necesitamos una administración más ágil.

A modo de ejemplo, los 13 puntos aprobados recientemente (gracias a acuerdo con la pesca artesanal y turismo) para relocalizar (cambiar de lugar las concesiones acuícolas) su tramitación lleva tres años y quedan otros tres o cuatro para que recién las podamos ocupar. Hay solicitudes que hoy tienen ocho años y siguen en trámite. Así es complejo avanzar, pero estamos dispuestos como agrupación a trabajar con las autoridades y, en conjunto, generar las condiciones de un desarrollo armónico.