Modificaciones a la “Ley Lafkenche”: urgente necesidad
Chile: "Existe una importante cantidad de solicitudes de concesiones marítimas (otorgamiento, renovación, arriendo y transferencias) y de acuicultura que ya llevan años paralizadas”, alerta Marcelo Campos.
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Cuando se importan tecnologías sin analizar y adaptar debidamente sus alcances, necesidades y realidades, éstas generalmente fracasan o hacen fracasar a otras actividades. Esto mismo suele ocurrir con las normativas, según el socio director de Acuasesorías, Marcelo Campos: “en algo, esto es lo que está ocurriendo con la ley que creó los espacios costeros marinos de los pueblos originarios (ECMPO), también denominada en palabras coloquiales como “Ley Lafkenche” o Ley N° 20.249”.
Este cuerpo legal, entre otros aspectos, responde a disposiciones internacionales (Convenio 169 OIT) que reconocen “el derecho de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales y a mantener sus usos”, a 15 años de su entrada en vigencia, afirma, “está demostrando que se ha transformado en un grave impedimento para la realización de diversas actividades económicas y sociales trascendentes para el desarrollo regional y por ende del país”.
“Es de público conocimiento que en la actualidad y por variadas razones, entre las que se encuentran la falta de resolución por parte de la autoridad y la dimensión de los espacios solicitados por las organizaciones interesadas, a consecuencias del efecto suspensivo que contempla la normativa, existe una importante cantidad de solicitudes de concesiones marítimas (otorgamiento, renovación, arriendo y transferencias) y de acuicultura que ya llevan años paralizadas”, indica el experto.
No obstante, en el mensaje presidencial con que el 24 de agosto de 2005, el Presidente Ricardo Lagos Escobar envió al Congreso Nacional el proyecto de la ley en comento, “entre otros principios se consagra el respeto a derechos legalmente constituidos, de tal modo de garantizar la no generación de conflictos con otros usuarios del borde costero, lo que lamentablemente no se ha cumplido a plenitud tal como la mayor parte de la comunidad esperaba. Actividades productivas que llevan años operando en el borde costero al enfrentarse a la renovación de la concesión marítima que le permite operar legalmente, se ven suspendidas por sobreponerse a una solicitud de ECMPO, ingresada posterior a su funcionamiento”.
“La solicitud de ECMPO, como bien sabemos, paraliza la tramitación de toda otra concesión que se superponga al área solicitada, hasta que se verifique la existencia o no de un uso consuetudinario (prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de la asociación de comunidades o comunidad, de manera habitual y que sean parte de su cultura). Importante es destacar que en caso de que una solicitud de ECMPO se sobrepone a concesiones marítimas, de acuicultura o áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos vigentes, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura pudiendo rechazarla generalmente propone modificar dicha solicitud desafectando el sector para así evitar la superposición”, da a conocer Campos.
Discriminación positiva
Cuestión importante de destacar y lo que algunos consideran una clara manifestación de discriminación positiva, apunta el especialista, “es la gran dimensión geográfica que pretenden abarcar las solicitudes de ECMPO en beneficio exclusivo de los pueblos originarios, en desmedro de otras actividades del borde costero. Resulta al menos cuestionable y necesario revisar las grandes extensiones de las solicitudes, las que abarcan en casos cientos y hasta miles de hectáreas, cada una, sin la posibilidad cierta de desarrollar los llamados usos consuetudinarios que tiene en vista la ley en análisis. Sin duda se trata de un aspecto impopular manifestar opiniones en contrario, pero al tratarse de bienes nacionales de uso público, se debe propiciar a la utilización armónica por parte de todos los actores interesados”.
Lo antes expuesto, está generando varios problemas en términos de lentitud del proceso de otorgamiento de concesiones marítimas y la gobernanza del borde costero; esto, sin considerar la incompatibilidad con el desarrollo y la ejecución de proyectos de inversión, tanto privados como públicos.
“Esta situación es transversal para prácticamente la totalidad de los usuarios del borde costero, siendo tal vez los más afectados los acuicultores y los pescadores artesanales; los primeros en términos de lo que esto significa en contra de la inversión en expansión de la acuicultura, mientras que para los segundos en la suspensión de tramitación de destinaciones marítimas proyectadas en beneficio de la pesca artesanal”.
Significativo es también considerar que, al impedirse la realización de trascendentes actividades, se está afectando numerosos puestos de trabajo y por ende al desarrollo socioeconómico en sus más diversos aspectos, sostiene el socio director de Acuasesorías.
Incluso el propio Estado “está teniendo importantes pérdidas económicas, dado que está dejando de percibir ingresos a través de las rentas y tarifas e impuesto territorial que resultan del otorgamiento y operación de las concesiones marítimas. A esto, se debe sumar el pago de impuestos, incluido el IVA, que se genera a consecuencias del desarrollo de las actividades económicas”.
Ante todo, admite, sin duda en el corto plazo es fundamental trabajar en la revisión de la Ley Lafkenche y especialmente en lo referido a las dimensiones de los ECMPO y el efecto suspensivo que estos producen en la tramitación de toda otra solicitud de uso del borde costero.
Intentos
Algunos intentos han existido. Durante el 2017, en su campaña para ocupar por segunda vez el cargo de Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, anunció la revisión de la ley en comento, para así evitar la paralización de “decena de proyectos”, lo cual no prosperó.
“Tampoco ha avanzado la tramitación del Proyecto de Ley, iniciado por moción de los Senadores Espinoza, Elizalde, Kuschel, Saavedra y Sandoval, que introduce diversas modificaciones en la Ley N° 20.249, que crea el espacio costero de los pueblos originarios, con el objeto de perfeccionar su implementación (Boletín N° 15.862-21), que desde abril de este año, se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado”, alerta Marcelo Campos.
