Vuelco total: suspenden determinación de sitios prioritarios que afectaban a la salmonicultura
Paralelamente, a pocos días del inicio del nuevo Gobierno, el Ejecutivo solicitó la renuncia voluntaria de las máximas autoridades del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y de la SMA.
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En el marco de la Ley SBAP y su implementación, el Gobierno dio a conocer un tema relevante y esperado, dado que el foco del Ejecutivo es desregular las actividades industriales: suspendió el proceso para la determinación de los polémicos sitios prioritarios, que afectaban a la salmonicultura.
Paralelamente, a pocos días del inicio del nuevo Gobierno, el Ejecutivo solicitó la renuncia voluntaria de las máximas autoridades del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en una decisión que reconfigura la conducción de dos organismos clave de la institucionalidad ambiental. Ambos cargos habían sido provistos mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), mecanismo diseñado para asegurar procesos de selección técnicos e independientes del ciclo político.
Una de las solicitudes de renuncia recayó sobre Aarón Cavieres Cancino, director del SBAP, quien había sido designado a fines de 2025 tras ganar un concurso público del sistema ADP. En los últimos días el Ejecutivo le pidió formalmente presentar su renuncia voluntaria, poniendo término anticipado a una gestión que alcanzó a extenderse sólo por algunos meses.
La salida de Cavieres se produce en un momento particularmente relevante para el SBAP, organismo recientemente creado tras más de una década de tramitación legislativa y que tiene como misión central coordinar la gestión del sistema nacional de áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad del país. La imagen de la cabeza institucional del Servicio amaneció en blanco.
El segundo movimiento, según El Mostrador, se produjo en la SMA, organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales y de las resoluciones de calificación ambiental que regulan los distintos proyectos de inversión en el país.
Así, el Gobierno también solicitó la renuncia voluntaria de la superintendenta Marie Claude Plumer Bodin, quien igualmente había sido seleccionada mediante el sistema de Alta Dirección Pública.
A estos cambios se suma la salida de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, quien presentó su renuncia el 11 de marzo, el mismo día del cambio de mando.
A diferencia de los otros casos, su nombramiento no correspondía a un cargo del sistema de Alta Dirección Pública, sino a una designación directa como autoridad de confianza, por lo que su salida responde al proceso habitual de renovación de autoridades con el inicio de una nueva administración.
La renuncia simultánea de estas tres autoridades marca un reordenamiento en la conducción de los principales organismos ambientales del país: el SBAP, encargado de la conservación de la biodiversidad y la administración de áreas protegidas; la SMA, responsable de la fiscalización ambiental; y el SEA, institución que administra el sistema de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión, que impulsaban iniciativas que complicaban a la salmonicultura.
Los tres movimientos se dan días después de que el Presidente José Antonio Kast informara de la firma de un decreto para agilizar 51 proyectos de inversión, que de acuerdo a la actual administración, estaban trabados en distintas etapas de la institucionalidad ambiental.
