Likes que paralizan a la industria del salmón
"Cuando una ONG como Greenpeace celebra resolución judicial con publicación en redes que invita a “activarse” compartiendo o dando like, la justicia ambiental se reduce a militancia superficial", afirman.
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Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, escribió una carta al director de medios como La Prensa Austral, la cual es reproducida a continuación:
"En Magallanes, donde más del 99 % de la línea de costa se encuentra bajo alguna categoría de conservación, las tensiones entre protección ambiental y desarrollo productivo son estructurales. No es casual que este territorio se haya convertido en un escenario ideal para ONG internacionales que, desde lejos, encuentran aquí una vitrina perfecta para instalar causas globales. Pero cuando esa influencia se canaliza a través de litigación sistemática y sin arraigo territorial, emerge una disyuntiva ineludible: ¿cuándo el litigio legítimo se convierte en una estrategia de paralización?
Un ejemplo cada vez más evidente es el del grupo de Comunidades Kawésqar Nómades del Mar, liderada por Leticia Caro, que ha impulsado una estrategia judicial sostenida junto a ONG como FIMA, AIDA y Greenpeace. Han promovido 6 recursos de protección ante la Corte de Apelaciones —incluyendo uno reciente por el rechazo a una solicitud de tierras fiscales— y 11 reclamaciones ante el Tribunal Ambiental contra distintos proyectos de inversión: centros de cultivo, plantas industriales y obras públicas, sin distinción de escala ni origen.
El caso más ilustrativo es la solicitud de ECMPO “Kawésqar – Última Esperanza”, presentada en 2018, cuando declaró abiertamente que su propósito era “detener el avance de la salmonicultura en la región”. La solicitud abarca 275.421 hectáreas (una superficie similar a Luxemburgo) y, tras más de cuatro años de tramitación judicial, fue finalmente resuelta por la Corte Suprema en febrero de 2023, que rechazó el reclamo. Sin embargo, el procedimiento sigue abierto: aún falta el Informe de Uso Consuetudinario de Conadi y también la votación en la CRUBC, y a la luz de experiencias anteriores, este trámite podría extenderse por otro lustro si no hay gestión del Estado. Así, más de 40 solicitudes de concesión acuícola permanecerán paralizadas por más de una década, sin resolución de fondo. Las ONG patrocinantes conocen bien las grietas del sistema: han aprendido a usarlas para lograr, sin aprobación formal, el mismo efecto que una negativa administrativa o judicial.
En 2023, la comunidad Kawésqar liderada por Leticia Caro solicitó una nueva ECMPO de poco más de 12.000 hectáreas frente al recientemente creado Parque Nacional Cabo Froward, una iniciativa originada por Fundación Rewilding en alianza con el Gobierno. Más allá de la protección ambiental, esta solicitud vuelve a mostrar cómo ciertos instrumentos, como las ECMPO, se transforman en herramientas de ocupación territorial estratégica, en estrecha coordinación con ONG que han aprendido a mover con agilidad los engranajes del sistema institucional.
No se cuestiona el derecho a litigar. El problema aparece cuando se judicializa desde fuera del territorio, sin diálogo, sin vínculos reales con las comunidades del entorno, y sin hacerse cargo de las consecuencias sociales de paralizar proyectos productivos. Se transforma en una intervención vertical que instrumentaliza los conflictos desde escritorios lejanos o plataformas digitales. Cuando una ONG como Greenpeace celebra una resolución judicial con una publicación en redes que invita a “activarse” compartiendo o dando like, la justicia ambiental se reduce a una militancia superficial: un activismo del clic, librado desde la comodidad del algoritmo, pero que afecta profundamente la vida en los territorios. En paralelo, otras organizaciones de activistas ambientales amplifican comunicacionalmente el conflicto, fabricando “luchas” para alimentar causas globales.
Incluso desde el mundo indígena han surgido críticas. El dirigente Kawésqar Juan Carlos Tonko ha descrito este fenómeno como una forma de “colonialismo verde”, en el que el discurso ambientalista sustituye a las comunidades en la toma de decisiones y transforma sus causas en una vitrina internacional. Por su parte, el actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advertía ya en 2020 que “el juicio se convierte en el espacio sustituto del diálogo político, y la acción ambiental se transforma en una trinchera ideológica”.
Las Comunidades Kawésqar Nómades del Mar representa a tres de las dieciocho comunidades formalmente constituidas. No hablan por todo el pueblo Kawésqar, y tampoco parecen pretenderlo. Pero su causa ha sido proyectada —especialmente desde fuera— como si fuese una voz colectiva. Esa simplificación distorsiona el debate y oculta la diversidad real del mundo indígena. Judicializar desde una sola mirada, sin diálogo ni presencia territorial, no protege derechos: bloquea oportunidades y anula el encuentro. Y cuando eso ocurre, el sistema institucional deja de ser una herramienta de participación y se convierte en una barrera.
No se trata de oponer ecología y economía, ni mucho menos de contraponer pueblos indígenas con empresas. Se trata de proteger el medioambiente con reglas claras, participación auténtica y decisiones que consideren también el desarrollo humano. De construir una gobernanza ambiental que funcione para quienes viven en el territorio, no sólo para quienes lo observan desde lejos.
La justicia ambiental no puede transformarse en una trinchera ideológica ni en un instrumento para bloquear todo lo que no calza con una visión única. Porque cuando eso ocurre, los que pierden no son las empresas: son las comunidades que sí quieren desarrollo, y que ya no encuentran espacios para hacerlo".
