Wellboat Patagón VIII. Foto: Patagonia Wellboat.
Wellboat Patagón VIII. Foto: Patagonia Wellboat.

Armasur afirma que abrir cabotaje marítimo a extranjeros destruirá la industria chilena

Chile: Desde el gremio naviero advierten que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno “pone en jaque la soberanía y la seguridad del país, especialmente en nuestra zona sur austral”.

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A través de una declaración escrita, desde Armasur manifestaron a Salmonexpert “nuestro más absoluto rechazo al proyecto de ley de apertura del cabotaje presentado sin causa aparente por el Presidente Piñera”.

Ya en mayo del 2021, “le enviamos una carta al Presidente y a los ministros sectoriales que patrocinan el proyecto manifestando que se trata de una iniciativa inoportuna y carente de toda legitimación impulsada repentinamente y sin ningún tipo de consulta previa con los diferentes actores que participan directa e indirectamente de esta industria, tales como trabajadores embarcados, trabajadores portuarios, gremios de armadores, proveedores intermedios, pescadores artesanales y la Autoridad Marítima”, detallan desde el gremio naviero.

Se trata, de acuerdo con la asociación, de un proyecto “infundado, arbitrario, sin sustento técnico, irracional, improvisado, que no responde a los intereses de Chile. Un Gobierno responsable no promueve un proyecto que: perjudica severamente las fuentes laborales, capacitación y crecimiento de los trabajadores chilenos de la industria armatorial, de astilleros y de los proveedores de ambas industrias. Una cosa es buscar opciones legales para mantener una marina mercante competitiva, pero otra muy diferente es destruirla como se puede apreciar con este proyecto.

Desde Armasur advierten que la iniciativa “promueve y facilita que las empresas extranjeras subsidiadas compitan deslealmente con los trabajadores e industrias chilenas asociadas al cabotaje por tener ventajas competitivas artificiales en aspectos tributarios, laborales, financieros, entre otras que afectarán severamente la competitividad de las empresas chilenas en materia de provisión de servicios de conectividad, cabotaje, fabricación de naves, afectando con ello el empleo de fuentes laborales nacionales”.

Pretensiones territoriales

Asimismo, desde el gremio naviero acusan que el proyecto de ley “pone en jaque la soberanía y la seguridad del país, especialmente en nuestra zona sur austral en donde la conectividad e integración territoriales son elementos esenciales, permitiendo incluso que países limítrofes con pretensiones territoriales sobre Chile y con sistemas de cabotaje cerrados, puedan desarrollar una presencia comercial permanente en puntos estratégicos en donde ya ha habido o existen pretensiones pendientes relacionadas con reclamaciones de derechos soberanos”.

“La iniciativa desconoce abiertamente la realidad de fragmentación y conectividad territorial y de competencia, existentes desde el paralelo 41° al sur, incomparables con la realidad del resto de Chile. Ello, pese a que incomprensiblemente, el mismo mensaje del proyecto reconoce esta condición. Pretende someter naves y personas extranjeras al servicio de la Armada de Chile para situaciones de guerra y de catástrofes nacionales”, señalan desde la asociación.

Luego, desde Armasur exponen que el proyecto de ley “abre nuestro cabotaje unilateral e indiscriminadamente al resto del mundo, incluyendo países limítrofes con sistemas de cabotaje cerrados como Argentina y Perú, sin exigir ningún tipo de concesión o tratamiento recíproco prestación a cambio. Contraría la tendencia mundial que da cuenta que más del 80% de los países han adoptado sistemas de cabotaje cerrados o semi cerrados y que aquellos que los han abierto finalmente los han vuelto a cerrar dados los efectos indeseables de las políticas de apertura en materia laboral, de seguridad nacional, de competencia, tributaria, de fiscalización”. 

Según recalca el gremio naviero nacional, la iniciativa “propone un régimen de cabotaje abierto que pugna abiertamente con normas constitucionales y de derecho internacional, arrogándose falsa e improcedentemente la potestad de poder imponer normas laborales, tributarias y de otro tipo a empresas extranjeras”.