Saltar al contenido principal

Elementos que debe considerar la nueva Política Nacional de Acuicultura

José Miguel Burgos, exdirector nacional de Sernapesca, actual investigador de la Universidad de Chile y consultor en Acuiestudios.
José Miguel Burgos, exdirector nacional de Sernapesca, actual investigador de la Universidad de Chile y consultor en Acuiestudios.

*Columna de opinión para Salmonexpert de José Miguel Burgos, exdirector nacional de Sernapesca, actual investigador de la Universidad de Chile y consultor en Acuiestudios.

En Chile, la actividad de acuicultura sin duda es muy relevante. En efecto, somos el segundo productor mundial de salmón, el primer productor mundial de trucha, el segundo productor mundial de mejillones y también la actividad de acuicultura de algas representa un polo importante a nivel latinoamericano.

Recientemente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ha convocado a instituciones públicas y privadas a formular sus observaciones y comentarios para el desarrollo de una nueva Política Nacional de Acuicultura. 

En este contexto, y como primera reflexión, debemos observar que la política nacional de acuicultura es justamente una política pública, en que el Estado se moviliza con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de herramientas y medios: es una acción con sentido público y que por tanto debe generar valor público, es decir el valor creado por el Estado para resolver las necesidades de las personas. Entonces, esta propuesta de política debiera proponer hacia dónde debemos movernos y ésta debiera ser  la primera pregunta que debemos resolver, pero también es importante considerar a quién movemos o quiénes se mueven. 

Al revisar el trabajo que sirvió de base para esta nueva propuesta de política nacional de acuicultura, podemos observar que en el propio sector existe un bajo nivel de conocimiento acerca de la actual política, por lo cual resulta aún más difícil generar un adecuado conocimiento de aquellas personas que son más lejanas al sector y que probablemente nunca han oído hablar de ella. Asimismo, y al analizar los resultados de la actual política de acuicultura vemos que se han consolidado muchos avances en aspectos relacionados con los temas sanitarios y de bioseguridad, siendo escasos aquellos vinculados con sustentabilidad, gobernabilidad y desarrollo de la acuicultura de pequeña escala.

Vemos entonces que un requisito fundamental en la construcción de esta política sería el contar con amplios acuerdos y validaciones  -más allá incluso de la propia sectorialidad- de modo que este instrumento no se transforme en una lista de deseos, en un ejercicio académico o en un hermoso texto que podamos mostrar con orgullo a quienes nos visitan.

Por otro lado, es preciso considerar que estos consensos no son iguales en todo nuestro país, y es así como la realidad del sector de Maullín con sus productores de algas difiere sustantivamente de aquella que viven los productores de abalón en Atacama o de los productores de salmón en la zona sur austral de Chile. Entonces, la regionalización y las particularidades territoriales constituye un elemento esencial en el desarrollo de estas políticas públicas y estos consensos.

Un ejemplo de esto es lo que sucede con la investigación desarrollada desde las regiones que buscan ser consideradas en las políticas o en la determinación de las medidas bajo la realidad de la propia región y que hoy en día no es suficientemente considerada por los tomadores de decisiones. Estos cambios, sin duda no pueden ser hechos sólo desde la mirada de la sectorialidad, requieren profundos cambios en la forma de cómo administramos el Estado, y en la acuicultura en particular. No tengo dudas que el proceso de regionalización será un un tema fundamental en la discusión de nuestra nueva Carta Fundamental y ojalá esta mirada tambien pueda ser considerada como elemento que permita rediseñar nuestras normativas sectoriales.

Por otra parte, la adopción de estos acuerdos -y sin duda su validación- no sólo se debe hacer a nivel regional, sino que también debe involucrar a todo el aparato del Estado, no siendo suficiente con la voluntad de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura o del propio Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, sino del Estado en su conjunto. Hemos observado en no pocas ocasiones cómo el Estado -probablemente buscando un objetivo deseable- interviene desarrollando procesos regulatorios y de fiscalización, e interpretaciones normativas en forma poco coordinada, ineficiente  y en ocasiones en forma superpuesta con otra entidad del Estado.

Otro aspecto importante por considerar tiene que ver con la institucionalidad pública para poder sostener y desarrollar adecuadamente los objetivos trazados en una política como la que comentamos. Una estructura como la actual donde la acuicultura se encuentra relegada a un plano secundario resulta difícil de conducir y relevar al nivel de lo que requiere una actividad de esta relevancia a nivel nacional. Lo anterior no supone que los recursos destinados a la pesca estén sobrevalorados -ya que probablemente siguen siendo escasos-,  sin embargo los recursos destinados a la investigación y a la administración de la acuicultura son sustancialmente menores.

Esta circunstancia supone necesariamente que el Estado cuente con los recursos humanos, financieros y políticos suficientes para poder administrar un sector complejo diverso y con numerosos desafíos, como por ejemplo la real implementación de una cultura de pequeña escala y el desarrollo de los cultivos de algas, elementos que ya han sido señalados como centrales en la política nacional de acuicultura

Finalmente,  la creación de un Ministerio del Mar y una Subsecretaría de Acuicultura pareciera ser una alternativa a evaluar en el marco del desarrollo de una acuicultura sustentable tal como lo señala la FAO para alcanzar una acuicultura como una  producción ambiental, económica y socialmente sostenible, aportando a la inclusión y el bienestar de las comunidades locales y la sociedad en general.