Canal Beagle. Foto: Chile Travel.

Los escenarios legales de las cuatro concesiones en canal Beagle

Chile: Mientras que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó un recurso de Greenpeace contra Nova Austral, paralelamente marcha un proceso de caducidad para sus centros en canal Beagle.

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Semanas movidas ha experimentado Nova Austral por sus cuatro concesiones en canal Beagle. Por un lado, el viernes pasado, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó en forma unánime el recurso de protección interpuesto por Greenpeace y otras personas en contra de Pesquera Cabo Pilar, que tenía el objetivo de paralizar los centros de cultivo de la salmonicultora ubicados en el Paso Picton, comuna de Cabo de Hornos, región de Magallanes (ver fallo íntegro acá).

Los dos caminos paralelos

Desde la empresa señalaron que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas “estimó que el recurso era extemporáneo y que los recurrentes no eran titulares de los derechos a igualdad ante la ley y tampoco del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cuya supuesta vulneración reclamaban en su recurso. De hecho, en el recurso no se mencionó ninguna afectación o titularidad de dichos derechos, quedando demostrado su manifiesta falta de fundamentos”.

“Expresamos nuestra satisfacción por el rechazo al recurso de protección de Greenpeace, que inició una campaña internacional de desprestigio de nuestra compañía y la actividad de la acuicultura basada en falsedades, omisiones e hipotéticos hechos de “contaminación” e imputaciones sin fundamentos, como quedó demostrado”, manifestaron desde la compañía. Con todo, la ONG y los particulares que impulsaron este proceso, pueden recurrir a la Corte Suprema.

Nicos Nicolaides, gerente general de Nova Austral. Foto: Archivo Salmonexpert.

Pero por otro lado, Nova Austral se enteró de manera informal de que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas envió a Contraloría para la toma de razón las resoluciones donde se caducan sus cuatro concesiones en el Canal Beagle, admite a Salmonexpert el gerente general de la empresa, Nicos Nicolaides.

Al respecto, desde la autoridad marítima manifestaron a Salmonexpert que “por parte de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, ya se analizaron los antecedentes enviados por Subpesca. De acuerdo a la normativa, corresponde enviar el acto administrativo que declare o no la caducidad a Contraloría para el trámite de toma de razón”.

Asimismo, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas señaló que “una vez que Contraloría despache la resolución en cuestión, ésta se notificará por carta certificada a la empresa. Desde el despacho de la carta, el concesionario tiene 30 días para reclamar ante el Ministerio de Defensa”.

Frente a esto, Nicolaides afirma que “¡esto es el colmo! Se supone que en Chile existe igualdad ante la ley y el derecho a un debido proceso. Esto es completamente irregular, en plazos anormales y saltándose los procedimientos establecidos para estos casos”.  

“Primero, nos enteramos que Sernapesca enviaría información respecto del uso (no uso) de estas concesiones, cuando el subsecretario de Pesca y Acuicultura mandó un comunicado a la prensa. Con eso, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas debe notificar al afectado y dar la posibilidad de defenderse. Con esa investigación agotada, tiene que resolver si corresponde o no caducar. Pues en este caso, nadie nos ha notificado”, cuenta el ejecutivo.  

“Y lo que es peor, no hemos tenido derecho a defendernos. Esto es absolutamente ilegal e irregular.   Nosotros entendemos que cualquier concesión puede ser evaluada y no nos quejamos porque se investiguen. Lo que es inaudito es que no nos notifiquen y nos dejen indefensos. Llama la atención que además fue realizado en tiempo récord y bajo total sigilo. ¿Como se entiende que estén dando este trato discriminatorio a estas concesiones?”, apunta el gerente general de Nova Austral.

De acuerdo con Nicolaides, “esto está siendo monitoreado por inversionistas extranjeros, que lamentablemente pensarán que en Chile no se cumple con los principios de igualdad ante la ley y con un debido proceso. Es malo para la reputación del país como destino de inversión. Por nuestra parte, ¡vamos a defendernos y hacer valer nuestros derechos!”.