Salmonicultura exige certezas: autoridades defienden transparencia de los datos públicos
Tras el error en cifras pesqueras, Subpesca y Sernapesca reforzaron la validez de los datos utilizados por la industria del salmón, y llaman a fortalecer la confianza para avanzar en la nueva ley.
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El Summit Acuícola 2025 fue escenario de reflexiones en torno al uso de tecnología, trazabilidad y gestión eficiente en el sector pesquero y acuícola. Fue igualmente una oportunidad para abordar un punto particularmente sensible: la confianza en los datos públicos. Representantes de Subpesca y Sernapesca aprovecharon la instancia para exponer el trabajo técnico que respalda la información oficial que alimenta la toma de decisiones, subrayando la importancia de mantener altos estándares de transparencia y verificación en beneficio del desarrollo sostenible de la salmonicultura.
El reciente error en la entrega de cifras sobre cuotas de merluza durante la discusión legislativa de la Ley de Pesca puso en duda la fiabilidad de los datos que entrega el aparato público, generando una alerta en sectores como la salmonicultura, donde el proceso de elaboración de una nueva Ley de Acuicultura requiere certezas y respaldo técnico.
En este contexto, Constanza Silva, jefa de la División de Acuicultura de Subpesca, explicó que el error correspondió a un problema puntual de actualización y no a una falta de información o de acceso.
“La información con la que se trabajó estaba actualizada hasta septiembre de 2024, fecha en que se ingresó el proyecto al Senado. El conflicto se originó porque algunos parlamentarios no tenían claridad sobre si esa información había sido actualizada posteriormente, cuando en realidad era la misma disponible desde el inicio del trámite legislativo”, indicó la autoridad.
Silva detalló que durante el proceso legislativo se manejó un volumen importante de información y que ésta se fue entregando conforme avanzaban las etapas del proyecto. En ese sentido, aseguró que los datos estaban disponibles tanto para los legisladores como para sus equipos técnicos. “Nosotros como Subsecretaría generalmente trabajamos con la información oficial que entrega el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y esa es la misma información que también se publica de forma abierta. Es decir, no estamos ocultando nada, todo está ahí, al alcance de quienes toman decisiones”.
Consultada sobre cómo evitar que este tipo de situaciones se repitan, Silva fue clara en señalar que el desafío está en la gestión de actualizaciones y la mejora en los mecanismos de comunicación con los actores políticos y sociales. “Trabajamos constantemente con las actualizaciones que nos entrega Sernapesca, pero sí, es necesario mejorar la claridad respecto a cuándo se actualizan los datos y cómo se comunican en el contexto de los proyectos legislativos. Ese es el aprendizaje que nos deja esta situación”.
Confianza
En relación con la confianza que debe tener la industria del salmón al momento de discutir la nueva Ley de Acuicultura, según la profesional de la Subpesca, la transparencia del sistema chileno es sólida. “Chile es uno de los países que posee la mayor cantidad de información pública en materia de pesca y acuicultura. Contamos con informes mensuales, semestrales y anuales que se publican en los sitios oficiales, y esa información es la misma que usamos para trabajar con los productores. Aquí no hay información oculta ni discrecional”.
Desde el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, su directora nacional, María Soledad Tapia, también abordó el tema. Explicó que el error cometido en el caso de la merluza fue puntual y que el resto del trabajo legislativo, basado en 21 pesquerías, se encuentra respaldado con datos fidedignos. “Nosotros confiamos plenamente en que la información entregada en esos casos es correcta. De hecho, durante las comisiones mixtas, varios parlamentarios reconocieron que accedieron directamente a la información que se encuentra en los sistemas del Servicio Nacional de Pesca”.
Tapia enfatizó la importancia de la trazabilidad como herramienta de respaldo técnico y de transparencia. “Muchos de nuestros datos provienen de sistemas de trazabilidad que han ido mejorando significativamente gracias al avance tecnológico y al compromiso de las empresas. Por ejemplo, recibimos información detallada sobre el uso de antibióticos en centros de cultivo, volúmenes de producción, ubicación geográfica de los centros y otras variables clave. Esa información es entregada por la propia industria, validada por nuestros sistemas, y está disponible públicamente para quien quiera consultarla”.
Además, la directora nacional destacó que el sistema de fiscalización tiene un fuerte componente de control cruzado. “La información no se queda en una hoja de cálculo. Hacemos contrastes, revisiones y análisis. Y si encontramos inconsistencias, se activan procesos de fiscalización. De hecho, si hay errores, muchas veces son los mismos acuicultores los que nos alertan, porque conocen al detalle los datos que entregan”.
Fiscalización
Respecto a las capacidades de fiscalización, Tapia reconoció que existen desafíos estructurales, especialmente en cuanto a presupuesto, pero que la estrategia ha sido avanzar decididamente en el uso de tecnología. “Estamos utilizando robots automáticos para monitorear condiciones del lecho marino, sensores para analizar la columna de agua, sistemas de fiscalización aérea con imágenes satelitales, entre otros. Esto nos permite ser más precisos, rápidos y eficientes en nuestras labores”, señaló. Agregó que han recibido apoyo de gobiernos regionales para fortalecer sus capacidades y que este tipo de alianzas público-privadas son fundamentales para sostener una fiscalización moderna y robusta.
La directora de Sernapesca también hizo hincapié en el reconocimiento internacional del sistema chileno de información pesquera y acuícola. “Chile participa en estándares como FITI (Iniciativa para la Transparencia de la Pesca), que valora la apertura de datos. Nuestra información está publicada y es revisada por organismos internacionales. Esto nos posiciona como un país transparente y comprometido con la gestión responsable del sector”.
Finalmente, ambas autoridades coincidieron en que la salmonicultura, por la cantidad de datos que debe reportar obligatoriamente, es uno de los sectores más fiscalizados del país. “Desde la siembra hasta la cosecha y la exportación, la industria del salmón tiene que informar absolutamente todo. Esa obligación no sólo garantiza la transparencia, sino que también permite generar políticas públicas más informadas y confiables”, concluyó Tapia.
En este escenario, la invitación de ambas profesionales hacia la industria es a mantener el diálogo abierto, apoyado en información verificada, para avanzar en una legislación acuícola robusta, legítima y acorde a los estándares internacionales.
