Fiscalización ambiental en la salmonicultura: expertos redefinen el cumplimiento en Chile
La fiscalización ya no comienza cuando el inspector llega al centro de cultivo: hoy empieza mucho antes, mediante inteligencia artificial, análisis de datos y monitoreo remoto permanente en la industria.
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El seminario “Normativa ambiental en la acuicultura” abordó los cambios en el modelo de fiscalización en Chile, marcado por el uso de tecnología, mayor trazabilidad de datos y un enfoque preventivo que obliga a las empresas a anticiparse al cumplimiento.
Este evento fue organizado por ECOs Learning en el Hotel Solace, de Puerto Varas, y contó con las ponencias de Patricio Walker, gerente general de ECOS Chile y especialista en cumplimiento ambiental, David Zaviezo, Abogado especialista en regulación de la industria del salmón, y Juan Pablo Granzow, Senior en ECOS Chile, abordando el escenario regulatorio ambiental nacional de manera práctica y actualizada.
La fiscalización ahora es constante
El seminario comenzó de la mano de la presentación “La mirada de la SMA respecto de la acuicultura: estrategia de fiscalización, sanción y casos detectados”, dictada por Patricio Walker, con el objetivo de aclarar dudas comunes que surgen durante fiscalizaciones y procedimientos sancionatorios ambientales, a través de un aprendizaje integrativo para enfrentar de manera más segura y eficiente las fiscalizaciones ambientales.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es el organismo encargado de fiscalizar y sancionar el cumplimiento de compromisos ambientales establecidos en los Instrumentos de Caracterización Ambiental (ICA), coordinando a la Red Nacional de Inspección Ambiental, que agrupa a distintos organismos públicos con competencias ambientales - Directemar, la DGA, el SAG, CONAF, Salud, entre otros -. Así, una fiscalización puede ser ejecutada por dichos organismos, pero siempre coordinada y bajo el nombre de la SMA, quien es también, de manera exclusiva, quien pacta las sanciones.
Actualmente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) utiliza tecnología, análisis masivo de datos y monitoreo remoto para supervisar permanentemente a la industria salmonicultora, en un modelo inspirado en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), cuyo objetivo no es únicamente sancionar, sino generar un “ecosistema de cumplimiento” donde las empresas tengan incentivos para corregir rápidamente desviaciones y anticiparse a los riesgos regulatorios, por lo que entender estos cambios y dinámicas son fundamentales para la preparación de estas evaluaciones. Con esto, el experto enfatizó en la importancia de llevar el cumplimiento ambiental de manera proactiva y preparada. “La SMA no busca sancionar, busca que las empresas cumplan. La sanción es el último recurso”, indicó el experto.
Walker comentó que ECOS Chile trabaja con el objetivo de preparar a las empresas para enfrentar la fiscalización de la mejor manera posible, no simplemente para "sacar los temas de encima", sino para llegar con una preparación óptima que permita actuar bien ante la autoridad en cada oportunidad. Esa preparación y enfoque ayudarán a que las empresas salgan bien evaluadas en la mayoría de las fiscalizaciones.
Normativa relevante
El abogado especialista en regulación de la industria del salmón, David Zaviezo, prosiguió con la charla “Normativa relevante, modificaciones y temas regulatorios emergentes”, en donde se presentó un panorama general sobre el marco normativo y los organismos públicos que regulan y fiscalizan actividades ambientales, en donde cada organismo público, SMA, Sernapesca, la Autoridad Marítima, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Subpesca, posee facultades específicas de fiscalización o generación de normas.
En materia normativa, Zaviezo destacó el rol central de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la Ley de Bases del Medio Ambiente, el RAMA y el RESA, además de la creciente importancia de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), las que definió como el “manual operativo” de cada proyecto acuícola. Explicó que la SMA ha ampliado considerablemente su capacidad fiscalizadora debido a que muchas RCA incorporan obligaciones derivadas de otras normas sectoriales, permitiendo que incumplimientos originalmente asociados a Sernapesca también puedan ser fiscalizados ambientalmente.
Respecto de las modificaciones recientes, uno de los principales focos fue la Resolución Exenta 941/2025, que modificó la normativa de certificación estructural de centros de cultivo existiendo ahora dos etapas obligatorias de certificación al inicio de cada ciclo productivo con inspección física obligatoria del módulo de cultivo. El incumplimiento de estos procesos podría impedir movimientos de peces o incluso la siembra, reforzando el control preventivo sobre las estructuras. A continuación, abordó la actualización de la normativa sobre recuperación de fondos marinos, destacando la incorporación del peróxido como nuevo mecanismo autorizado de remediación ambiental, junto a sistemas ya existentes como nano y microburbujas.
Uno de los temas más relevantes de la exposición fue la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Ambientales. Zaviezo advirtió que esta legislación introduce más de 300 posibles delitos aplicables al ámbito empresarial, incluyendo materias que podrían afectar directamente a la salmonicultura, como elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, entrega maliciosa de información falsa, daño ambiental en áreas protegidas y fraccionamiento indebido de proyectos. En este contexto, enfatizó la necesidad de que las empresas implementen modelos de prevención de delitos, capacitaciones internas y canales de denuncia para reducir riesgos penales y reputacionales.
Finalmente, abordó tendencias emergentes vinculadas a escapes de salmones, monitoreo post-escape y policultivos con macroalgas. Destacó que aún faltan protocolos regulatorios claros sobre monitoreo ambiental posterior a escapes, aunque valoró avances recientes de Subpesca que flexibilizan la incorporación de macroalgas en concesiones salmoneras sin necesidad de modificar el proyecto técnico original, abriendo espacio para futuros desarrollos de acuicultura multitrófica integrada.
Qué hacer cuando llega una fiscalización
El seminario cerró con la charla dictada por Juan Pablo Granzow, llamada “¿Cómo enfrentar una fiscalización ambiental? Procedimientos y recomendaciones”, en la que se explicó y ejemplificó cómo funciona realmente la fiscalización ambiental moderna desde la lógica interna de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), poniendo énfasis en la preparación anticipada de las empresas y en la importancia estratégica del manejo de información.
Uno de los ejes centrales de su exposición fue la necesidad de comprender la diferencia entre una investigación en curso y una formulación de cargos, explicando que durante la etapa de fiscalización la autoridad recopila antecedentes, analiza tendencias y construye posibles hipótesis de incumplimiento, utilizando tanto fiscalización remota como visitas en terreno. Sumándose a las palabras de los expositores anteriores, las empresas deben prepararse con anticipación y de manera proactiva, actuando estratégicamente, respondiendo cuidadosamente los requerimientos de información y evitando improvisaciones, ya que cualquier dato entregado puede ser utilizado posteriormente en procesos sancionatorios o incluso penales.
El experto abordó el uso de IA por parte de la SMA para la evaluación de grandes volúmenes de datos provenientes de reportes ambientales, sensores y plataformas de seguimiento, advirtiendo que hoy “todo lo reportado se revisa”, y que variables aparentemente operacionales, como niveles de oxígeno o contingencias ambientales, pueden transformarse posteriormente en agravantes dentro de una investigación. Asimismo, explicó que la SMA privilegia cada vez más mecanismos de “resolución temprana”, incentivando a las empresas a corregir desviaciones antes de llegar a una formulación de cargos formal.
Finalmente, apuntó el creciente vínculo entre fiscalización administrativa y delitos ambientales, indicando que la información recopilada por organismos como la SMA y Sernapesca puede terminar siendo utilizada por el Ministerio Público en investigaciones penales.
Más allá del ámbito normativo, los expositores destacaron la creciente relevancia del componente reputacional. La posibilidad de que eventos operacionales se difundan rápidamente a través de redes sociales o denuncias públicas añade una capa adicional de riesgo, independiente del cumplimiento formal de la normativa. “Las cosas hay que hacerlas bien no solo por el cumplimiento legal, sino también por el ámbito reputacional. Esto puede ser incluso peor que una formulación de cargos”, agregó Zaviezo. En este escenario, las empresas no sólo deben cumplir, sino también demostrar que lo hacen de manera adecuada.
