Denuncian elusión al SEIA de dos centros de AquaChile que el Gobierno busca relocalizar
Chile: La denuncia tiene por objetivo que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) inicie una investigación, solicitando los antecedentes del caso a los organismos públicos pertinentes.
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A través de una denuncia ingresada a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), desde Fundación Terram dieron cuenta de una investigación publicada recientemente en CIPER, relativa a dos centros salmonicultores de la empresa AquaChile que, de forma reiterada y sin contar con evaluación ambiental, han producido miles de toneladas de salmones dentro del Parque Nacional Isla Magdalena en la Región de Aysén, lo cual podría constituir la figura de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La denuncia tiene por objetivo que la SMA inicie una investigación, solicitando los antecedentes del caso a los organismos públicos pertinentes y, en caso de ser necesario, de curso a un procedimiento sancionatorio por un cargo que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la SMA, se encuentra categorizado como gravísimo, pudiendo ser motivo de ejemplares sanciones en función de la protección de un ecosistema de alto valor natural ubicado en la Patagonia chilena.
Según detalla Terram a través de un comunicado de prensa, de acuerdo con los antecedentes recopilados, la situación legal de estos dos centros de cultivo de salmónidos es la misma en la que se encuentro otros dos recintos de la empresa Cooke Aquaculture, ubicados dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, con la diferencia de que en el caso de estos últimos actualmente existe un procedimiento sancionatorio en curso en la SMA por elusión al SEIA desde el año 2021.
Estas cuatro concesiones salmonicultoras que habrían eludido el procedimiento de evaluación ambiental de acuerdo con la regulación vigente, forman parte del acuerdo firmado el pasado 19 de diciembre por el Gobierno de Chile y las empresas Cooke Aquaculture y AquaChile para relocalizar sus actividades fuera de parques nacionales. A ellas, se suman otras cinco concesiones que, de acuerdo con información pública obtenida por Ley de Transparencia, habrían incurrido en causal de caducidad y, pese a ello, se mantienen vigentes.
“Todos estos antecedentes solo demuestran la desprolijidad del Gobierno a la hora de revisar la situación legal de estos centros de cultivo, o bien, la ausencia de estándares ambientales detrás de la política de relocalizaciones que se ha buscado reimpulsar”, aseveraron desde Fundación Terram.
“Aunque suene duro decirlo, industrias como la de la salmonicultura deben salir de las áreas protegidas, dijo el presidente Boric en mayo de 2022 tras asumir su cargo. Al respecto, desde Fundación Terram creemos que antes de aprobar el traslado de estas actividades contaminantes hacia otras zonas, primero se debe hacer cumplir la ley caducando las concesiones que no hayan operado, además de sancionar el largo listado de infracciones ambientales que mantiene esta industria, como son las decenas de casos de sobreproducción de salmones o elusión al SEIA, tanto dentro como fuera de áreas protegidas”, puntualizaron.
