Una nueva forma de regular la salmonicultura: presentan sistema de semáforo basado en ciencia
La propuesta del Centro Incar, similar a la noruega, integra datos productivos, sanitarios y ambientales para guiar la producción por área según evidencia científica y criterios de riesgo ecosistémico.
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Con el objetivo de avanzar hacia una regulación ambiental más rigurosa, transparente y basada en evidencia científica, el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (Incar) presentó los avances de una propuesta pionera: un sistema de semáforo para regular la producción de salmones en Chile a partir de un enfoque de riesgo ecosistémico. El modelo, desarrollado desde 2019 con el respaldo de diversas instituciones, considera la capacidad de carga de los ecosistemas marinos y propone una clasificación por Áreas de Concesiones Salmoneras (ACS), integrando variables productivas, sanitarias, oceanográficas, ambientales y climáticas en una plataforma de gestión que podría orientar decisiones regulatorias y de producción.
Durante un taller técnico realizado ayer en Puerto Montt, el director del Centro Incar, Dr. Renato Quiñones, enfatizó que "no es común en Chile generar espacios de reflexión conjunta entre la academia, la industria y los otros usuarios del ecosistema". Subrayó que la propuesta de semáforo surge desde la necesidad de construir un modelo sustentable de salmonicultura, capaz de responder a los desafíos de gobernanza, transparencia y reputación que enfrenta el sector. "Estamos en un momento muy complejo, con un mundo que está cambiando profundamente. Eso nos obliga a tener la valentía para presentar nuevas ideas. Abramos la ventana y dejemos que entre aire fresco".
El modelo de semáforo, inspirado en una herramienta similar utilizada en Noruega, pero con una propuesta multidimensional y adaptada a la realidad chilena, tiene como finalidad clasificar las ACS en función de niveles de riesgo ambiental y sanitario. Quiñones aclaró que "no venimos a imponer un modelo cerrado. Este sistema está en construcción y requiere del trabajo conjunto de la industria, el Estado, la sociedad civil y la academia para transformarse en una herramienta válida y aplicable".
La investigadora principal del Incar, Dra. Doris Soto, fue la encargada de presentar los fundamentos técnicos de la iniciativa. Señaló que el modelo se estructura en torno a dos tipos de riesgo: la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, y la pérdida de productividad y bienestar animal. “No tenemos evidencia suficiente de que existan impactos devastadores, pero tampoco podemos afirmar lo contrario. Lo que sí sabemos es que falta información, y esa incertidumbre alimenta la oposición al crecimiento del sector. Necesitamos innovar más allá del pez y el centro de cultivo. Necesitamos innovar en el ecosistema".
En su diagnóstico, Soto identificó vacíos relevantes respecto a la información sobre impactos acumulativos, la circulación de nutrientes, pesticidas y antibióticos en los fiordos, y los efectos de los escapes. "No sabemos a dónde van los nutrientes, dónde se depositan los antibacterianos, ni qué ocurre con los peces escapados. Y eso impide una gestión sustentable del ecosistema", agregó. Por eso, el sistema de semáforo busca visibilizar estas dimensiones a través de indicadores integrados que comuniquen el estado de salud de los ecosistemas.
En tanto, el investigador asociado del Incar, Dr. Rodrigo Montes, fue el encargado de detallar el trabajo de integración de datos que sustenta la propuesta. Explicó que, pese a existir una gran cantidad de datos disponibles en distintas instituciones, “la información está desagregada, en diferentes formatos y escalas espaciales y temporales, lo que dificulta su análisis integrado”.
Por ello, el equipo desarrolló una base de datos estandarizada, con protocolos de almacenamiento y procesamiento automatizados, que permite analizar tendencias y patrones en función de la biomasa cultivada, uso de antibacterianos, pesticidas, mortalidad, condiciones oceanográficas, entre otras.
"Uno de los hallazgos más relevantes es que hay diferencias notables entre regiones en el uso de antimicrobianos. Por ejemplo, Aysén muestra un uso significativamente menor en relación con la biomasa cultivada, en comparación con Los Lagos", precisó Montes. Esta información, integrada y visualizada en mapas de riesgo por deciles, permite proyectar escenarios de clasificación de las ACS según el nivel de presión ambiental y sanitaria.
Matrices de riesgo
El análisis de matrices de riesgo presentadas por Soto se construyó a partir de componentes como amenaza, sensibilidad y exposición. En cuanto a amenaza, se consideraron variables como biomasa cultivada, uso de químicos y nivel de monocultivo. Para la sensibilidad, se incluyeron factores como la tasa de renovación del agua, la estratificación de las masas de agua y condiciones de oxígeno. La exposición, en tanto, fue considerada como constante para todas las ACS, aunque Soto reconoció que "eso debería trabajarse a futuro con mayor precisión, incorporando indicadores como biodiversidad bentónica, especies amenazadas, presencia de pesquerías o capacidad de secuestro de carbono".
Entre los hallazgos clave, Soto destacó que "los mayores riesgos ambientales se presentan cuando coinciden una alta amenaza con alta sensibilidad, y eso ocurre en lugares como el fiordo Comau, el estuario de Reloncaví y sectores de Aysén. Aunque esperábamos ver una disminución significativa en el uso de antibacterianos en el corto plazo, los patrones no muestran mejoras sustantivas en la mayoría de las ACS".
El modelo, además de estimar riesgo ambiental, permite proyectar un "riesgo productivo", asociado al bienestar animal y la salud de los peces. Al incorporar indicadores como mortalidad acumulada, uso de tratamientos y presencia de eventos FAN, se construye una segunda matriz de riesgo que, según la profesional, "está altamente correlacionada con el riesgo ambiental. Si mejoramos el bienestar de los peces, probablemente también estaremos reduciendo la presión ambiental, ya que se usarán menos medicamentos y se generarán menos residuos".
En cuanto a la aplicación práctica del modelo, Soto presentó ejercicios piloto que demuestran que es posible reducir el nivel de riesgo sin disminuir la producción, mediante la reducción en el uso de antimicrobianos o la redistribución de la biomasa. "En algunos casos, si se traslada la producción hacia ACS con bajo riesgo, incluso se puede aumentar la producción total sin afectar negativamente al ecosistema".
Regulación
La Dra. Jessica Fuentes, investigadora asociada del Incar, abordó las implicancias regulatorias del modelo y advirtió que su implementación requiere ajustes en el actual marco jurídico. "Actualmente tenemos una regulación fragmentada, con parches sobre parches. Un sistema como el semáforo, si bien no es incompatible con la normativa vigente, sí requiere articular mejor los instrumentos que hoy existen y resolver incertidumbres como la situación de los centros sin Resolución de Calificación Ambiental o las concesiones ubicadas en áreas protegidas".
Fuentes recordó que la Ley de Pesca ya incorpora el concepto de capacidad de carga, pero su aplicación se limita al oxígeno en el fondo marino. "El semáforo podría ampliarlo hacia una mirada más integral, incorporando otros parámetros como biodiversidad, servicios ecosistémicos, riesgo sanitario y sensibilidad oceánica", planteó, destacando también la necesidad de armonizar la propuesta con la futura Política Nacional de Uso del Borde Costero y la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap).
Implicancias sociales
Finalmente, el Dr. Carlos Chávez, investigador asociado del Centro Incar, abordó las implicancias económicas y sociales que podría tener la implementación de un sistema de semáforo para regular la salmonicultura en Chile. A su juicio, el análisis ex ante de estos impactos no solo debe servir para anticipar consecuencias, sino que también puede nutrir el diseño mismo del instrumento regulatorio.
“Las industrias intensivas en recursos naturales, como la salmonicultura, están siempre sujetas a controversia porque generan externalidades, algunas endógenas —dentro de la misma industria— y otras exógenas, como el cambio climático. Esta propuesta ofrece la oportunidad de modernizar nuestra regulación ambiental, pero debe hacerse considerando los efectos sobre producción, empleo y equidad territorial”, señaló, subrayando que la salmonicultura ha contribuido a disminuir la pobreza y la desigualdad en zonas aisladas, lo cual añade una dimensión social que no puede quedar fuera del debate.
Asimismo, Chávez advirtió que el impacto del semáforo dependerá de cuatro factores clave: el detalle del diseño regulatorio (colores, tiempos y consecuencias), la capacidad de respuesta de las empresas ante nuevas exigencias, los efectos que esto genere a lo largo de la cadena de valor, y los costos asociados a la administración del sistema.
“Implementar una herramienta como ésta no es gratis. Exige financiamiento para su diseño, operación, fiscalización y generación de nuevo conocimiento científico. Y ese es un tema que siempre queda olvidado en las regulaciones chilenas”, advirtió. También instó a abordar con urgencia la gobernanza del uso del espacio marino y a fortalecer la cooperación público-privada para asegurar que los costos del sistema no recaigan desproporcionadamente sobre un solo actor.
Fue así como se planteó que la implementación del sistema de semáforo requiere de una etapa piloto, con un tiempo de implementación de 3 a 5 años, una plataforma de difusión pública accesible y la validación progresiva de los indicadores. "No se trata sólo de controlar, sino de construir confianza, gestionar con transparencia y orientar la producción hacia un desarrollo verdaderamente sustentable", concluyó del Dr. Quiñones.
