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María Jesús Gálvez, encargada de Acuicultura de WWF Chile. Foto: WWF Chile.
María Jesús Gálvez, encargada de Acuicultura de WWF Chile. Foto: WWF Chile.

*Columna de opinión para Salmonexpert de María Jesús Gálvez, encargada de Acuicultura de WWF Chile.

En la última década, según datos de Sernapesca, casi cinco millones de salmones se han escapado desde centros de cultivo entre las regiones de Los Ríos y Magallanes. La de Los Lagos lidera en ejemplares escapados, con cerca de dos millones ochocientos mil, en un total de 40 eventos.

Esta situación preocupa por diversos motivos, que ya han sido expuestos desde 2009, cuando WWF Chile publicó el primer reporte sobre estos incidentes en el país. Por el lado ambiental, puede ocurrir depredación sobre fauna nativa, además de competencia con especies de requerimientos alimentarios similares, lo que altera la composición, diversidad y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Asimismo, es posible el establecimiento de poblaciones reproductivas en ríos y lagos del sur de Chile, junto con el incremento del peligro de transmisión de patógenos y enfermedades producto de la interacción entre los salmones y la fauna silvestre.

Los impactos también se dan en la esfera social, con el eventual surgimiento de conflictos con la pesca artesanal. Otra preocupación no menor tiene que ver con el potencial riesgo sanitario que conlleva para las personas el consumo de peces que han huido de centros de cultivo. Esto, en caso de que se desconozca información sobre el origen, estado sanitario y periodo de carencia en la eventualidad de que los salmones hubieran recibido algún tratamiento con medicamentos. Lo anterior podría generar una resistencia bacteriana a los antibióticos de uso humano.

Ante estos riesgos, se hace necesario promover y profundizar la investigación científica, sobre todo en relación a los efectos y la búsqueda de opciones innovadoras para eliminar o reducir los riesgos. Por otro lado, es clave que la normativa avance también y se perfeccione, sobre todo atendiendo a que factores como los eventos meteorológicos extremos se espera que sean cada vez más frecuentes, producto del cambio climático. Esta realidad, respaldada por los modelos climáticos, debe llevar a, por ejemplo, revisar los criterios actuales que rigen la construcción de la infraestructura salmonera, así como la operación misma de los centros de cultivo. La industria debe hacer los esfuerzos necesarios y dar las señales adecuadas en cuanto a que está internalizando los nuevos escenarios de forma responsable, eficiente y oportuna.

Actualmente se discute un proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en esta materia específica, iniciativa en la que hemos compartido nuestros puntos de vista y recomendaciones. Entre ellas se cuenta la obligación de asegurar la no ocurrencia de escapes, minimizando al máximo los riesgos con inversiones en tecnología de punta y adecuada para el contexto del sur de Chile, considerando también la implementación de mayores y mejores mecanismos de trazabilidad, utilizando, por ejemplo, tags en peces. A esto se suma la responsabilidad que debe asumir la empresa en caso de producirse algún evento, lo que debe conllevar la ejecución de estrategias efectivas para mitigar los impactos ambientales y sociales.

Otro punto relevante es la presunción de daño ambiental por escapes, adoptando el principio precautorio y el uso de matrices de riesgo ante amenazas de este tipo. 

Como se indicaba previamente, también es crítico avanzar en investigación y disponibilidad de datos, por lo que se requiere iniciar un programa de monitoreo ambiental a largo plazo a nivel de cuerpos de agua relevantes (CARs), junto con el levantamiento de información sobre impactos a nivel ecosistémico, con especial consideración a la cercanía que pudiera existir con Áreas Protegidas. Esto también se vincula con una necesidad de mayor transparencia por parte de la industria, siendo esencial que se publique la información al término del ciclo y se establezcan instancias de trabajo conjunto entre comunidades, organizaciones de la sociedad civil, academia, autoridades y empresas, permitiendo canales de comunicación efectiva que contribuyan asimismo a la generación de confianzas.

A lo anterior, claro está, debe sumarse un cumplimiento efectivo de las sanciones, incluyendo también la posibilidad de hacerlas más estrictas para incrementar así su poder disuasorio. De este modo, esperamos que por fin pueda imponerse una política de cero escapes a nivel nacional, algo deseable para los ecosistemas y las comunidades, y también alcanzable con compromiso y voluntad de la industria.