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Gonzalo Delamaza, doctor en Sociología, Investigador CEDER Universidad de Los Lagos. Foto: Universidad de Los Lagos.
Gonzalo Delamaza, doctor en Sociología, Investigador CEDER Universidad de Los Lagos. Foto: Universidad de Los Lagos.

*Columna de opinión para Salmonexpert de Gonzalo Delamaza, doctor en Sociología, Investigador CEDER Universidad de Los Lagos.

La demanda ciudadana respecto de la industria salmonicultora combina diversos aspectos. La Universidad de Los Lagos ha producido dos encuestas presenciales que aportan en este tema: Chiloé 2017 justo un año después del mayo chilote de 2016 y Barómetro Regional Los Lagos 2019. Algunos datos son consistentes y duraderos, mientras otros cambian, sea por efecto del tiempo transcurrido o por la diferente escala de las encuestas realizadas.

Hay dos afirmaciones que no cambian, suscitando sobre el 80% de “muy de acuerdo” o “de acuerdo” entre los encuestados. Y ambas con críticas que parecen no haberse abordado. Ellas son: “la industria genera una gran riqueza, pero ella no queda en el territorio” y “las autoridades debieran controlar y regular mucho más a la industria”. Se puede pensar que ambos temas están relacionados, puesto que es difícil que sin una mayor regulación se asegure una mayor distribución de la riqueza en el territorio. Es interesante pensar cómo se podría enfrentar este problema clave, que se arrastra en el tiempo (Más detalles de ambas encuestas en: www.proyectoconflictos.ulagos.cl y www.ceder.ulagos.cl).

Las condiciones en que la industria se instaló en el país implicaron un importante subsidio por parte del Estado y los territorios, destinado facilitar las condiciones para el desarrollo industrial. El principal de ellos es el sistema de concesiones marítimas que permitió absorber el costo de la localización y abrir el acceso a los recursos marítimos, abaratando la faena. Si bien el recurso a explotar es sembrado por la industria y no extraído, igualmente se produce tanto un subsidio como un daño ecológico que ha sido abundantemente documentado. Los beneficios de acceso al empleo y dinamización económica impidieron dimensionar los costos sociales, urbanos, de servicios y otros involucrados en un crecimiento rápido.

El costo fue sin duda la contaminación de las aguas y también lo fue una importante desorganización y rearticulación de las relaciones sociales en el territorio que no fue acompañada de políticas públicas eficaces. Ahora llegamos a la etapa en que la crítica social y ecológica a la actividad de la industria supone una reformulación tanto de sus estándares ecológicos, como de la distribución de los beneficios. En esta etapa madura de la industria no es posible admitir subsidios abiertos o encubiertos, cuyo costo lo absorbe el territorio, sin tener cómo enfrentarlos. Esto nos permite plantear varias propuestas para una mejor distribución de la riqueza en el territorio, como demandan los ciudadanos.

En el ámbito municipal se requiere un incremento de los ingresos de las localidades donde se radican las actividades productivas. La vía es incorporar todas las actividades de producción primaria a las que actualmente pagan patente municipal y también aumentar el tope máximo de impuesto territorial que pagan las empresas.

En el financiamiento de la gestión regional, existe un espacio para una revisión de los costos de acceder a los recursos hídricos, del suelo y subsuelo, y del borde costero, cuyas patentes son bastante bajas en relación a los países OCDE. Generar un modelo de compensaciones por el deterioro de los activos ambientales también puede ser una fuente de recursos importante. Pero no basta con lograr captar compensaciones, sino que se requiere de un modelo de asignación de esos recursos que permiten un desarrollo productivo más sostenible.

La Comisión Asesora Presidencial de Descentralización propuso en 2014 eliminar el tope de patentes comerciales y establecer una patente mínima de 1 U.T.M. que se aplique por sucursal, oficina, establecimiento, local u otras unidades de gestión empresarial, con objeto de eliminar inequidad en el pago entre grandes empresas y las de menor tamaño. También poner fin a exenciones en el pago de patentes comerciales a industrias extractivas de áridos, pesca y forestal. Actualizar el cálculo de la distribución del capital propio que actualmente se realiza sólo en función del número de trabajadores, incorporando las ventas por sucursal, el metraje cuadrado por sucursal.

En términos impositivos, la línea de avance debieran ser impuestos verdes a fuentes fijas y móviles a beneficio municipal y regional. Que la recaudación sea destinada a los lugares donde se concentran los efectos sobre actividades productivas y sobre la población. Como se puede apreciar son varias las propuestas que permitirían avanzar en la materia. Es hora de abrir el debate para la implementación de algunas de ellas. Es un momento propicio para hacerlo.