Ley de Acuicultura en pausa: piden no perder el impulso normativo pese a giro del Gobierno

La decisión de abandonar la Ley General de Acuicultura genera reacciones contrapuestas en la industria del salmón, que llama a capitalizar el trabajo realizado, y avanzar en una regulación técnica y moderna.
Pese a que el Gobierno había desplegado desde 2023 un proceso participativo para construir una Ley General de Acuicultura, la Subsecretaría de Pesca decidió no continuar con la tramitación de un marco legal integral. En su lugar, se optó por priorizar normas específicas, enfocadas en gobernanza sectorial y simplificación del proceso de relocalización. La decisión, anunciada por el subsecretario Julio Salas ante la Comisión Nacional de Acuicultura, fue tomada de forma unánime, y se comunicó también a la Comisión de Pesca del Senado, generando distintas interpretaciones en el sector.
Para el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, lo importante es no forzar una mala legislación. “En algunos casos, es más riesgoso impulsar una ley que no esté bien diseñada, que no sea lo suficientemente discutida con todos los actores involucrados o que pueda generar impactos negativos en una industria como la salmonicultura”, señaló, agregando que “cuando se retome este tema, se haga con una mirada técnica, seria y considerando a todos quienes podemos aportar en ese debate”.
Rodrigo Pinto, director corporativo del Consejo del Salmón, en tanto, minimizó el impacto del anuncio. “La decisión del Gobierno, por tanto, no representa un golpe a la industria. Es un desafío más, que esta industria sabrá enfrentar”.
Por su parte, el abogado David Zaviezo, socio fundador de Certes, consideró que la decisión implica un retroceso. “Con el anuncio de que no se avanzará en una Ley General de Acuicultura, esa esperanza, que desde hace un tiempo comenzó a desvanecerse, ahora definitivamente desaparece”, afirmó. A su juicio, el Gobierno priorizó la Ley de Pesca y fue permeable a presiones externas. “Existieron presiones políticas, principalmente de ONGs que se oponen al avance de la industria”.
Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, prefirió ver la decisión como una pausa. “Será inevitable tener una Ley General de Acuicultura para nuestro país atendiendo la complejidad e importancia que el sector tiene para la economía y la sociedad”, dijo. Odebret rescató también el proceso de talleres técnicos, valorando que “el Gobierno levantó información valiosa de los distintos actores para trazar las principales oportunidades que ofrece nuestro país”.
A juicio de Zaviezo, el futuro normativo de la acuicultura no debe partir desde cero. “Sería un tremendo desperdicio desconocer el trabajo previo de consultas ciudadanas, de trabajo prelegislativo y de preproyectos”.
En tanto Clément coincidió en que el eje de la discusión futura debe centrarse en “cómo potenciamos reglas claras que contribuyan a que esta actividad siga potenciándose, contribuyendo a las regiones y compatibilizando el respeto al medio ambiente con el derecho de las comunidades del sur de Chile a prosperar”.
Para el presidente de SalmonChile, este revés no debe frenar el impulso reformador. “Creemos que lo que faltó fue darle al sector la importancia que realmente tiene para el país”. Odebret planteó que “las decisiones normativas son buenas si se toman en el marco de una gobernanza bien diseñada, transparente, participativa y colaborativa”.
Según el director corporativo del Consejo del Salmón, “hay condiciones para construir una política de Estado para la salmonicultura. ¿Y por qué Chile no? Está el conocimiento, está la experiencia, está la ingeniería y está el talento humano”.
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