Comunidades indígenas solicitan justicia y reparación por expansión salmonicultora

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 182 Período de Sesiones entre el 6 al 17 de diciembre de 2021, durante el cual realizó 16 audiencias públicas sobre temas de derechos humanos regionales y de los Estados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, y Perú.

Una de las sesiones celebradas fue “Situación de los pueblos indígenas y el derecho al medio ambiente en contextos de salmonicultura en Chile”, en la cual participaron Francisco Vera Millaquen, werkén de la comunidad mapuche-huilliche Pepiukelen; Leticia Caro Kogler, de las comunidades kawésqar por la Defensa del Mar; María Luisa Muñoz Manquemilla, representante de la comunidad indígena yagán Bahía Mejillones; Enrique Viale, abogado experto en  derecho ambiental y derechos humanos y Estefanía González Del Fierro, coordinadora de Océanos en Greenpeace.

En su intervención, María Luisa Muñoz explicó que el 2019 se formó el movimiento comunitario y social “Territorio Yagán sin salmoneras” a raíz de la eventual instalación de centros de cultivo de la empresa Nova Austral. “Nuestro principal objetivo era no dar cabida a que nuestro territorio fuera otra zona de sacrificio. Vimos que el proceso de otorgación de concesiones estaba viciado. Dos veces hemos ingresado a Subpesca la solicitud de Espacio Costero Marino Pueblo Originarios (ECMPO), las cuales han sido declaradas inadmisibles, con argumentos en base a ilegalidades. Subpesca cuestionó que fuéramos la única comunidad yagán solicitante, la dimensión solicitada que es inferior a la magnitud del territorio yagán, cuestionó si es que solo nuestra comunidad realiza el uso consuetudinario del espacio, aun cuando hemos vivido más de 6 mil años en este territorio sin interrupción”, relató.

Muñoz solicitó en la sesión a la CIDH interceder para que se reevalúe la solicitud ECMPO y que esta sea admisible, “ya que el rechazo a nuestra solicitud es una nueva vulneración de nuestros derechos, tales como el territorio y la revitalización de prácticas culturales que han sido obstaculizadas”, puntualizó.

Defensa del mar

En tanto Leticia Caro, comentó que la instalación de la industria salmonicultora en territorio kawésqar no es coincidencia, “ya que el Estado de Chile ha vulnerado sistemáticamente nuestros derechos humanos. Nos vimos enfrentados a una Consulta Indígena por la reclasificación de la Reserva Nacional Kaswésqar, donde entre los acuerdos finales se encuentra la prohibición de cultivos intensivos de especies exóticas, acuerdo que hasta el día de hoy no se ha respetado. Por lo anterior, mantenemos una gran cantidad de recursos de protección y administrativos, en favor del cuidado de nuestro territorio, y el derecho ancestral y consuetudinario”, explicó.

En su exposición, Leticia Caro solicitó que las recomendaciones de la CIDH estuvieran orientadas a tomar medidas urgentes y se detenga la explotación de los territorios, “pero además se cumpla la legislación vigente”, apuntó.

Asimismo, Francisco Vera aseveró que existe un genocidio ambiental. “Actualmente, Chile viola sistemáticamente nuestro derecho al borde costero, que garantiza la Ley Lafkenche aprobada el 2007. Se nos ha negado reiteradamente de parte de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas la posibilidad de ECMPO, aduciendo que no están señalados los límites de la alta marea, materia que le compete a ellos verificar, y no a las comunidades indígenas”, expreso.

“Pedimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se haga parte de una petición formal al Estado chileno, para que se garanticen nuestros derechos, se respete la legislación vigente y que se establezca una paralización de proyectos de salmonicultura en nuestros territorios”, expuso.

Por su parte, Enrique Viale recalcó que de lo anteriormente expuesto se puede evidenciar que el Estado de Chile ha facilitado la explosiva expansión de la industria salmonera, a pesar de los impactos negativos e irreversibles que esta genera en los territorios de pueblos indígenas y el ecosistema. “El Estado ha trabado la administración de los territorios por parte de comunidades indígenas o asociaciones de ellas que han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio llegando incluso a traspasar las facultades que la ley permite a los organismos del Estado”, acotó.

Finalmente, la representante de Greenpeace, Estefanía González expresó que es urgente que se frene de manera inmediata la puesta en marcha de nuevos centros de cultivo de salmones y se respete la voluntad de numerosas comunidades indígenas, de tener sus territorios libres de salmonicultura.

“Solicitamos a la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) enfocar parte de sus esfuerzos en atender y dar seguimiento y monitoreo a esta problemática, con énfasis en las vulneraciones de derechos humanos. Además, que se considere esta información en su Informe Anual. Igualmente requerimos que el Estado se comprometa a realizar medidas administrativas y normativas que vayan en la dirección de frenar las vulneraciones de derechos, al tiempo que aseguren justicia y reparación de las comunidades afectadas por la instalación de la industria salmonera en sus territorios. Pedimos acoger las solicitudes de las comunidades que presentaron, que son parte de tres pueblos indígenas distintos, en diferentes territorios, sufriendo vulneraciones similares”, puntualizó.

Según lo informado por el organismo, la CIDH y la Redesca manifestaron su preocupación ante la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas y la degradación ambiental, por lo que llamaron a asegurar que la acuicultura sea sustentable. Para tal fin, indicaron que es imprescindible la garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas y del derecho a un medio ambiente sano, así como la aplicación de los estándares interamericanos en el marco de las actividades empresariales, que implica que el Estado ejerza sus funciones reguladoras, fiscalizadoras y judiciales. De la misma manera, se exhortó a la ratificación del Acuerdo de Escazú para una mayor garantía de estos derechos.