“Si esto sigue así, llegaremos a dos dígitos de cesantía”: alertan efectos por ley de cabotaje
Dirigentes, autoridades locales y parlamentarios advirtieron que abrir el cabotaje a naves extranjeras pondría en riesgo el empleo, la seguridad y la cadena logística, de industrias como la salmonicultura.
Published
En el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación para fomentar la competencia en el cabotaje marítimo, la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado recibió a un diverso grupo de expositores. La sesión, marcada por una preocupación transversal por el empleo y la soberanía, evidenció una fuerte resistencia desde el sur del país, especialmente desde la Región de Los Lagos, donde la salmonicultura, la mitilicultura y el transporte marítimo constituyen ejes claves del desarrollo económico y social.
Desde la perspectiva de los trabajadores marítimos, César Rojas, presidente de la Federación Nacional de Gente de Mar (FENAGEMAR), valoró algunos aspectos del proyecto, como el mantenimiento de la reserva de carga para naves chilenas y la exigencia de tripulación 100% nacional. Sin embargo, manifestó su rechazo absoluto a indicaciones como la que permitiría una dotación extranjera del 15%. “Esa indicación busca el beneficio económico de los empresarios navieros, única y exclusivamente, pero perjudicando sistemáticamente a miles de marinos mercantes chilenos. Aumenta el desempleo, la precariedad laboral, y debilita la seguridad nacional al incorporar tripulaciones extranjeras en aguas interiores”.
Asimismo, Rojas detalló que la flota de alto bordo chilena ha disminuido drásticamente en las últimas dos décadas. “Según cifras de Directemar, entre los años 2000 y 2022, el número de navieras chilenas cayó en un 70%, y el de dotaciones nacionales, en un 49%. No es cierto que falten tripulantes. Hay muchos marinos sin empleo que están esperando una oportunidad de embarcarse”, recalcó, advirtiendo que en 2025 se registraron 32 naves con reputación y 73 con permisos especiales de waiver, según el Observatorio Logístico del Ministerio de Transportes.
Por su parte, María Francisca Igor, representante de las mujeres de FENAGEMAR y tripulante desde 2018, alzó la voz en defensa de las trabajadoras del rubro. “Somos mujeres que hemos luchado por abrirnos paso en un mundo históricamente masculino, hemos invertido tiempo, recursos, y muchas veces sacrificado a nuestras familias. Si se aprueba la incorporación de tripulaciones extranjeras, seremos las primeras en ser despedidas, no por falta de capacidades, sino porque aún se nos ve como el eslabón más débil”, advirtió, pidiendo mantener la exigencia de dotación 100% chilena.
En tanto, el presidente de FESITRASUR, Javier Andrade, fue categórico al señalar que el proyecto no fomenta, sino que debilita la Marina Mercante Nacional. “Esto no es progreso, esto es desprotección. Renunciamos a la soberanía, a los trabajadores y al futuro del país. No vamos a permitir que se llene el mar chileno de banderas extranjeras mientras nuestra gente queda sin empleo”, sostuvo. También criticó la posibilidad de reemplazar tripulaciones chilenas en caso de huelga, señalando que “en un país democrático, no se puede poner en peligro el derecho a huelga por intereses económicos”.
Alejandro Tenorio, presidente del Sindicato de Oficiales de Marina Mercante Austral (SIOMA), centró su exposición en el impacto que tendría la llamada “ruta de salida”. Según explicó, “el corazón de este proyecto es la autorización para que buques de comercio exterior operen en forma permanente en puertos chilenos, cargando y descargando, sin ser considerados cabotaje. Eso abre la puerta a unas 6.557 naves extranjeras al año que podrían operar en nuestras rutas internas. Esto representa una amenaza directa a la industria nacional".
Tenorio advirtió sobre la eliminación de la cantidad de 400 pasajeros en el transporte marítimo de personas, indicando que “esta apertura indiscriminada al cabotaje de pasajeros por parte de naves extranjeras no considera las realidades distintas del norte y del sur. En el sur hay más de 300 naves nacionales que generan más de siete mil empleos. Abrir este espacio sin regulaciones es simplemente dejar fuera de competencia a las navieras chilenas”.
Pérdida de empleos
Desde el mundo político local, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, expuso que “nuestra comuna, con cerca de 300 mil habitantes, depende en gran parte de la salmonicultura, que genera 40 mil empleos directos y 40 mil indirectos, además de cerca de siete mil trabajadores en la Marina Mercante. La tasa de desempleo, que históricamente era baja, hoy llega a 6,4%, la más alta en 14 años. No podemos darnos el lujo de perder más empleos”.
Asimismo, Wainraihgt destacó una inédita alianza público-privada para capacitar estudiantes en oficios marítimos, con una inversión cercana a los mil millones de pesos para habilitar el barco Capitán Williams como plataforma de prácticas. “Si permitimos que entren naves extranjeras con trabajadores de otros países, esta inversión y todo el esfuerzo formativo se perderá. Las licitaciones en zonas insulares quedarían en desventaja frente a barcazas con tripulación extranjera, que operan bajo estándares laborales y costos completamente distintos”.
Además, el edil mostró un gráfico que demuestra que el 80% de la Marina Mercante nacional opera desde el paralelo 41° hacia el sur. “La falta de competencia no está en el sur, está en el norte. No se puede legislar para todo el país como si fuera una realidad homogénea. Aquí la industria funciona, compite y emplea. No se trata solo de abrir el mercado, sino de proteger lo que ya hemos construido”.
En la misma línea, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, alertó sobre la posibilidad de que el desempleo regional llegue a los dos dígitos en marzo del próximo año si no se corrige el rumbo legislativo. “Estamos hablando de una economía circular donde la Marina Mercante, la salmonicultura y la mitilicultura son motores productivos. No podemos arriesgar esa estructura por falta de certezas jurídicas ni por una permisología asfixiante. Si seguimos así, perderemos empleos, inversión y oportunidades”.
Según Santana, las diferencias entre el norte y el sur son evidentes y deben ser consideradas en el diseño de políticas públicas. “No se puede pretender que una norma que aplica a la macrozona norte, donde hay problemas de competencia, se aplique también al sur, donde hay dinamismo y equilibrio. Aquí hay más de siete mil empleos que podrían verse directamente afectados".
En tanto, el diputado Mauro González (Distrito 26) agradeció la presencia de autoridades locales en el Senado, criticando que durante la tramitación en la Cámara Baja no contaron con ese respaldo. “El problema de competencia está en el norte, pero por resolver eso estamos dañando al sur. Aquí hay falta de voluntad política, tanto del Gobierno como de todos los sectores. La única forma de avanzar es con un compromiso real, como la moratoria que propusimos, pero que fue rechazada en sala”.
El senador de la Región de Los Lagos, Carlos Ignacio Kuschel, reforzó el vínculo entre la actividad marítima y la salmonicultura, asegurando que, si se liberan los cuellos de botella regulatorios, la industria podría duplicar su actividad. “Podemos crecer si permitimos que las cosas se hagan. Hay espacio para reemplazar parte de las importaciones brasileñas por producción local, pero eso requiere decisiones políticas concretas. El transporte marítimo es esencial para el desarrollo acuícola”.
Competitividad
Desde Magallanes, el senador Alejandro Kusanovic, presidente de la comisión, criticó que el proyecto no aborde cómo hacer competitiva a la Marina Mercante chilena. “Nos faltó discutir qué incentivos dar, qué impuestos reducir, cómo apoyar a una industria que es tan nacional como cualquier otra. Las excepciones están bien, pero se necesita una visión de fomento estructural. Esa discusión aún está pendiente”.
Su par, el senador Karim Bianchi, coincidió en que es necesario proteger primero el empleo y la soberanía antes de pensar en liberalizaciones. “Hoy no podemos aprobar este proyecto sin una moratoria efectiva para la zona de Puerto Montt hacia el sur. Hay que proteger la bandera nacional y luego pensar en cómo hacer más competitiva la industria. No al revés”.
Finalmente, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, defendió el proyecto señalando que ha incorporado resguardos importantes para el empleo. “Mantenemos el 100% de dotación chilena, rechazamos el 15% de tripulación extranjera y establecimos una diferenciación técnica con el límite de 120 metros de eslora, que protege al sur sin vulnerar el principio de igualdad territorial”.
Según Muñoz, el objetivo del proyecto es optimizar el uso de la capacidad ociosa de las naves que ya operan en aguas nacionales. “Esto generará más competencia, más empresas navieras constituidas en Chile, y más empleo para tripulantes chilenos. La Armada ya descartó impactos en la seguridad nacional y las naves que operen aquí pasarán a integrar la reserva naval”, explicó. Además, dijo que el Gobierno está dispuesto a revisar aspectos del transporte de pasajeros, como el de los cruceros, para permitir que ciudades como Punta Arenas se beneficien del flujo turístico.
Así, la sesión concluyó con una demanda común desde el sur austral: legislar con una mirada diferenciada y proteger los empleos y la logística de industrias como la salmonicultura, esenciales para el equilibrio económico de la región.
